Reforma de RTVE

El Consejo de Estado ve problemas de inconstitucionalidad en el intento gubernamental de modificar por decreto el actual estatus del la radio y la televisi¨®n p¨²blicas. El proyecto consistir¨ªa en traspasar la gesti¨®n financiera del Ente RTVE a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, y fijar su dependencia funcional del Ministerio de la Presidencia. La SEPI, heredera del antiguo INI, agrupa a las empresas en cuyo capital participa el Estado. El objetivo es sanear RTVE con fondos de ese holding como punto de partida para una gesti¨®n m¨¢s ajustada (la deuda acumulada suma ya m¨¢s de 650.000 millones de pesetas). Sin embargo, la forma como se quiere hacer plantea problemas de legalidad, y tambi¨¦n pol¨ªticos. As¨ª lo ha hecho saber el Consejo de Estado en un dictamen sobre dos borradores de decreto-ley. El Consejo recuerda al Gobierno algunos principios b¨¢sicos, pol¨ªticos y legales, que nunca debi¨® olvidar. Primero, que un decreto-ley debe estar justificado en razones de urgencia y extrema necesidad, lo que no parece ser el caso de RTVE, cuya angustiosa situaci¨®n viene de lejos. Y segundo, que un decreto no puede modificar normas de rango superior -ley 5/1996, de 10 de enero, que fija el Estatuto de la SEPI, y ley 4/1980, que concreta el Estatuto de RTVE-, lo que suceder¨ªa si el Gobierno persistiera en su empe?o.

El Consejo de Estado recuerda tambi¨¦n al Ejecutivo que en un tema tan sensible como es RTVE, cuyo control corresponde por ley al Parlamento, conviene seguir el cauce natural y legal, que no es otro que acudir al Congreso y al Senado para presentar las iniciativas legales que crea m¨¢s adecuadas, discutirlas y alcanzar el mayor consenso pol¨ªtico posible. Lo contrario, advierte el Consejo, podr¨ªa vulnerar, incluso, la Constituci¨®n. Los socialistas ya han exigido al Gobierno que presente un proyecto de ley, y han criticado la escasa operatividad de la subcomisi¨®n para la reforma del Estatuto de RTVE, constituida durante la pasada legislatura. Aunque el PP tenga mayor¨ªa absoluta, los socialistas consideran que el Gobierno tiene miedo al debate, y de ah¨ª el recurso a procedimientos tan descarnados, de los que ni siquiera estaba informado el actual director general del ente, seg¨²n propia confesi¨®n.

En su programa electoral, el PP propon¨ªa "un amplio acuerdo parlamentario" para reformar el Estatuto de RTVE y dotarle de "un modelo de organizaci¨®n y gesti¨®n que asegure la observancia de los principios de objetividad, imparcialidad y respeto al pluralismo". Tambi¨¦n se alud¨ªa a un sistema de financiaci¨®n que "haga compatibles los principios de competencia y libre mercado con los de servicio p¨²blico". La prueba de que no resulta f¨¢cil compaginar esos objetivos es que todos los directores generales, y los gobiernos que les han nombrado, han fracasado en el intento. La deuda crece de manera exponencial (dobla ya la de hace tres a?os) y los principios proclamados s¨®lo brillan por su ausencia. Es un problema grave. Pero intentar resolverlo por decreto, sin debate y sin consenso, no es realista y ni siquiera conforme a la ley. El Consejo de Estado ha hecho bien en record¨¢rselo al Gobierno.