Exculpados el consejero de Sanidad y el gerente que rechaz¨® la privatizaci¨®n
Jos¨¦ Y¨¢?ez Rom¨¢n, gerente de la funeraria municipal hasta el invierno de 1992, cuando la empresa era totalmente p¨²blica, y Jos¨¦ Ignacio Ech¨¢niz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y asesor t¨¦cnico del Ayuntamiento en el proceso de privatizaci¨®n, (entre julio y diciembre de 1992), han sido exculpados en el caso funeraria.Y¨¢?ez, conocedor de la situaci¨®n de la funeraria, se opuso a su privatizaci¨®n, incluso por escrito, y fue destituido por el PP. Ech¨¢niz fue uno de los asesores del gobierno municipal que trabaj¨® en la privatizaci¨®n de una parte de la funeraria, entonces monopolio del Ayuntamiento.
Dicho monopolio, que hab¨ªa dado beneficios hasta 1990, fue vendido por 100 pesetas y, al a?o siguiente, dio unos beneficios de 800 millones. La principal beneficiaria del negocio fue Funespa?a, una empresa privada cuyo capital social hab¨ªa sido aportado principalmente por Jos¨¦ Ignacio Rodrigo, un abogado fichado a dedo por el PP para asesorar en el proceso de privatizaci¨®n.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se hab¨ªa querellado contra Ech¨¢niz y Y¨¢?ez y contra otras doce personas, entre las que destacan cuatro concejales del PP y los principales dirigentes de la empresa que se qued¨® con el 49% de la funeraria.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto ahora el "sobreseimiento provisional de la causa" que se segu¨ªa contra Y¨¢?ez y Ech¨¢niz.
En el caso de Y¨¢?ez, el Tribunal Superior recuerda que la privatizaci¨®n de la funeraria "tuvo lugar cuando Y¨¢?ez ya hab¨ªa cesado en el cargo de gerente de la misma y, a mayor abundamiento, se hab¨ªa opuesto a las condiciones en que se llev¨® a cabo".
La querella contra Ech¨¢niz se sustentaba en una supuesta negociaci¨®n prohibida a funcionarios, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Pero el Tribunal Superior de Justicia entiende que de las pruebas practicadas no puede deducirse que hubiese tenido intervenci¨®n en decisiones relacionadas con dicha adjudicaci¨®n".
El Tribunal aclara que no ha acordado el archivo definitivo "al no poder descartarse de manera segura la posibilidad de que aparezcan indicios de criminalidad".
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