La Confederaci¨®n de Minusv¨¢lidos pide reformar la ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal exige que la mitad m¨¢s uno de los integrantes de una comunidad de propietarios d¨¦ el consentimiento para que en un bloque puedan eliminarse las barreras arquitect¨®nicas. Este qu¨®rum establecido por la legislaci¨®n deja a los discapacitados a expensas de los vecinos para entrar en su propia casa. La Confederaci¨®n Andaluza de Minusv¨¢lidos F¨ªsicos (CAMF) entiende que este requisito es inconstitucional, por lo que reclama al Gobierno la reforma de la normativa.

En una queja elevada hace m¨¢s de un a?o al Defensor del Pueblo espa?ol, la CAMF lament¨® que para obras que para cualquier disminuido f¨ªsico resultan imprescindibles se exija un qu¨®rum mayor (51%) que para la instalaci¨®n de servicios de comunicaciones o de energ¨ªa solar, que s¨®lo requieren un tercio de los votos. La organizaci¨®n viene reclamando la reforma de la ley casi desde el mismo momento de su aprobaci¨®n, en abril de 1999. Aunque la confederaci¨®n pretend¨ªa comenzar a finales de septiembre una recogida de firmas para avalar una iniciativa legislativa popular, ha decidido conceder "un tiempo prudente" al Gobierno despu¨¦s de que Asuntos Sociales se comprometiera hace poco m¨¢s de una semana a estudiar la modificaci¨®n del texto legislativo.La confederaci¨®n argumenta que con frecuencia el qu¨®rum exigido es dif¨ªcil de alcanzar porque las comunidades de propietarios no desean afrontar obras por causas tan dispares como los costes econ¨®micos, la est¨¦tica del inmueble o rencillas personales. "El colectivo no puede depender de la buena voluntad de sus vecinos", apunta Gonzalo Rivas, portavoz de la CAMF. La organizaci¨®n sostiene que para la supresi¨®n de barreras deber¨ªa ser suficiente con el permiso de la administraci¨®n competente en la que conste que las obras no da?an la infraestructura del edificio. La ley contempla la posibilidad de que, en caso de que los propietarios nieguen la adaptaci¨®n, un juez dirima en el conflicto. Aunque generalmente las sentencias son favorables, la CAMF se opone a que los discapacitados tengan que acudir a los tribunales para ejercer derechos reconocidos en la Constituci¨®n.