Derecho de pernada

El sector de la construcci¨®n del Pa¨ªs Valenciano especializado en la ejecuci¨®n de obra p¨²blica y los ¨®rganos de la Administraci¨®n que con el mismo se implican est¨¢n necesitando -otra cosa es que lo pidan- una buena sesi¨®n de luz y taqu¨ªgrafos para airear el hediondo tufo que exhalan sus relaciones. El fen¨®meno no es exclusivo de esta Comunidad, o eso cabe suponer, pero es el que percibimos, constatamos y a la postre nos interesa. La arbitrariedad de numerosas adjudicaciones, con la consiguiente inseguridad jur¨ªdica y econ¨®mica, carcome este universo del atob¨®n y el cemento. Las v¨ªctimas lamentan su desventura, pero no se?alan con el dedo por m¨¢s que la evidencia sea escandalosa. La f¨®rmula consiste en callar y buitrear a la espera de que cambie la suerte o se acierte con el camino m¨¢s persuasivo para atraerse el favor del repartidor de adjudicaciones. Los informes t¨¦cnicos que garantizan la bondad de la oferta resultan a menudo irrelevantes, ni tampoco vale el curr¨ªculo de los trabajos bien hechos. Un gui?o o una llamada telef¨®nica desde las alturas institucionales cambia el orden y m¨¦ritos de los postores, echando a perder las inversiones en el proyecto. Las protestas, al maestro armero.Dicho as¨ª o m¨¢s paladinamente, resulta obvio que estamos describiendo un panorama de corrupci¨®n y corruptelas necesitado de un correctivo, que bien hubiera podido ser el Reglamento de la Ley General de Contratos de las Administraciones P¨²blicas que elabora el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Pero resulta que, lejos de este objetivo, el mencionado documento, complejo y confuso, viene a establecer una suerte de derecho de pernada a favor de los siete grandes grupos estatales del sector, pues, al filo de su articulado, ser¨ªan ¨¦stos los ¨²nicos habilitados jur¨ªdica y administrativamente para optar a los contratos de obra p¨²blica superiores a los 1.600 millones de pesetas.

Las consecuencias son obvias: conllevan el desmantelamiento del sector valenciano de la construcci¨®n. Baste saber, a t¨ªtulo ilustrativo, que ninguna de la veintena larga de las compa?¨ªas valencianas de esta especialidad -y pi¨¦nsese en las m¨¢s renombradas y con mayor volumen de obra p¨²blica en estos momentos- podr¨ªa ser clasificada para competir por dichos contratos. Su papel se reducir¨ªa al de ejercer de subcontratistas, que viene a ser un purgatorio previo a su liquidaci¨®n. Todos muertos y sacrificados para mayor gloria y mejores dividendos de los siete grandes aludidos, convertidos en amos y se?ores del mercado. Dir¨ªase que todo est¨¢ dise?ado para orientar el provecho de las fabulosas e inminentes inversiones que Fomento promete en el ¨¢mbito valenciano y que se cifran en unos 800.000 millones

Esta espada de Damocles se agrava por el desinter¨¦s o insensibilidad que los empresarios afectados han encontrado en el Gobierno auton¨®mico, sordo por ahora a su petici¨®n de auxilio. Gobierno que, con esta actitud obsecuente para con los intereses ajenos, tendr¨¢ que asumir el doble bald¨®n de no haber promovido la transparencia en las contrataciones y, adem¨¢s, el posible desguace del sector. Tiempo queda para dar la batalla en uno y otro frente, en el de la decencia y contra la prevalencia de las megaempresas estatales, a la vez que se defiende la supervivencia de las propias.

El disparate es tan descomunal que, a ojos de cualquier observador, y particularmente en opini¨®n de los industriales de la construcci¨®n, el mencionado proyecto reglamentario no puede prosperar porque, m¨¢s all¨¢ de su enormidad discriminadora, conculca las normas establecidas por el Comit¨¦ Europeo de Normalizaci¨®n, siendo esta v¨ªa, as¨ª como otras de car¨¢cter procesal, las que podr¨¢n frenar el desm¨¢n que se cuece. Pero esta expectativa en modo alguno aten¨²a ni explica el silencio que observan a este respecto el presidente Eduardo Zaplana, el vicepresidente Jos¨¦ Luis Olivas o el consejero de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, que no parecen sentirse aludidos.