Tres acusados afrontan penas de siete a?os por el derrumbe de una casa en Patraix

Dos constructores, Juan Francisco Ferrer y Miguel Quintero, y un oficial de primera, Juan Gonz¨¢lez, se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia de Valencia por dos presuntos delitos de homicidio imprudente, tres de imprudencia grave con resultado de lesiones y uno contra los derechos de los trabajadores. Son los presuntos responsables del derrumbamiento de un edificio de la calle de Nicol¨¢s Factor del barrio de Patraix en Valencia. Doce operarios trabajaban en la rehabilitaci¨®n de la finca cuando el 5 de agosto de 1998 la estructura se desplom¨®. Antonio Donaire, de 47 a?os, y Alejandro Rafael Ca?ales, de 28 a?os, murieron aplastados por los escombros. Otros tres peones sufrieron heridas graves y lesiones irreversibles. Los seis abogados que ejercen la acusaci¨®n y la fiscal tratan de demostrar que los dos constructores y el oficial sumaron una larga lista de irregularidades que llevaron al siniestro. Se enfrentan a una petici¨®n de siete a?os de prisi¨®n, multa de doce meses e indemnizaciones por valor de casi 50 millones de pesetas.

Quintero contact¨® con los propietarios de los locales situados en los bajos de la finca. Estos estaban interesados en reformar el edificio, construido a principios de siglo. Quintero, entonces al frente de la empresa CSC y supuestamente arquitecto de formaci¨®n, inici¨® un estudio ocular de la finca para determinar el tipo de rehabilitaci¨®n. Una intervenci¨®n quir¨²rgica le apart¨® de su actividad y decidi¨® dar de baja su sociedad. Fue entonces cuando, seg¨²n su testimonio, pas¨® el proyecto al aparejador Ferrer Palero, quien hab¨ªa constituido en junio de 1998 la empresa QFC, Construcciones y Rehabilitaciones, S.L. con Juan Gonz¨¢lez.

Tras varias reuniones, se concret¨® la ejecuci¨®n de una obra presupuestada en 36.600.000 pesetas. Sin embargo, tal como se evidenci¨® ayer en las declaraciones de los imputados y de los propietarios de los locales, la rehabilitaci¨®n se ejecutar¨ªa en dos fases: una primera para adecentar los bajos y una segunda en la que se levantar¨ªa un andamiaje exterior especial y se proceder¨ªa a la rehabilitaci¨®n propiamente dicha. La cuadrilla dirigida formalmente por Ferrer y que actuaba de hecho bajo las indicaciones de Quintero, entr¨® en la finca derribando tabiques en las plantas baja y primera, y abriendo agujeros para tirar escombros desde la primera altura. Todo ello sin tener siquiera concedida la licencia de obra menor y, mucho menos, la de obra mayor -que requiere del aval de un arquitecto titulado y colegiado as¨ª como del propio colegio profesional-. La reforma se inici¨® sin que la estructura fuera peritada y sin colocar puntales que aseguraran la construcci¨®n. Tras el accidente se supo que no ten¨ªan contratada p¨®liza de seguro de responsabilidad civil, que dos de los trabajadores no figuraban de alta en la Seguridad Social, que los operarios no ten¨ªan el material de seguridad obligatorio y que ninguno recibi¨® formaci¨®n en Prevenci¨®n de Riesgos.