La ley Penal del Menor costar¨¢ m¨¢s de 15.300 millones en el primer a?o

La aplicaci¨®n de la ley de Responsabilidad Penal del Menor, en su primer a?o de funcionamiento en Andaluc¨ªa, exigir¨¢ una inyecci¨®n econ¨®mica m¨ªnima de 15.350 millones de pesetas para habilitar todos los recursos, materiales y humanos, que contempla. El mayor esfuerzo inversor recaer¨¢ sobre Asuntos Sociales, que prev¨¦ un gasto de 13.850 millones para diversas partidas, incluida la construcci¨®n de 29 centros. A esa cifra se suman otros 1.500 millones que destinar¨¢ Justicia a la puesta a punto de fiscal¨ªas y juzgados. La Junta calcula que atender¨¢ entre 8.000 y 10.000 j¨®venes infractores.

A tres meses de la entrada en vigor de la ley de Responsabilidad Penal del Menor, las autonom¨ªas, incluida la andaluza, siguen esperando que el Gobierno conceda una moratoria -como m¨ªnimo, parcial- para comenzar a aplicarla. Aducen de forma un¨¢nime que no est¨¢n preparadas ni disponen de fondos para afrontar una reforma radical, que supone poner en marcha un nuevo sistema de atenci¨®n a los menores y j¨®venes que cometen infracciones o delitos. La primera repercusi¨®n de la norma es incluso cuantitativa. Si hasta ahora el sistema de reforma andaluz se ocupaba s¨®lo de los infractores menores de 16 a?os, la nueva ley ampl¨ªa el abanico de intervenci¨®n de 14 a 21 a?os. La Consejer¨ªa de Asuntos Sociales calcula que tendr¨¢ que atender al a?o entre 8.000 y 10.000 menores que cumplan alg¨²n tipo de medida judicial. Y advierten de que se trata de una estimaci¨®n conservadora. El propio consejero, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, est¨¢ convencido de que la norma se estrenar¨¢ con un "colapso" inicial: "Muchas sentencias est¨¢n paradas porque los jueces prefieren esperar a la nueva ley".

En la ¨²nica reuni¨®n celebrada hasta ahora entre las administraciones central y auton¨®micas, el Ejecutivo se comprometi¨® a elaborar un informe jur¨ªdico para determinar el marco competencial y un estudio sobre el impacto econ¨®mico en cada autonom¨ªa. Con estos datos, el Consejo de Pol¨ªtica Econ¨®mica y Fiscal decidir¨ªa sobre la financiaci¨®n de los recursos.

El Gobierno andaluz prefiere alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre la financiaci¨®n, pero tampoco permanecer¨¢n impasibles si no lo logran. P¨¦rez Salda?a pedir¨¢ un dictamen a un constitucionalista para determinar si la ley invade competencias de la Comunidad Aut¨®noma: "No es nuestro deseo ir al Tribunal Constitucional, pero nos defendemos ante una agresi¨®n porque se produce una transferencia encubierta de una competencia sin poner en marcha los recursos".

El informe econ¨®mico elaborado por Asuntos Sociales sobre las necesidades de Andaluc¨ªa se?ala que los gastos de inversi¨®n para el primer a?o de funcionamiento alcanzar¨ªan los 13.850 millones de pesetas, que se desglosar¨ªan entre los 5.475 millones para inversiones iniciales y 8.375 millones para gastos de funcionamiento. Las inversiones m¨¢s cuantiosas se destinar¨¢n a la construcci¨®n de centros, ya que para ajustarse a la ley se necesitar¨¢n tres centros cerrados, cinco semicerrados, dos abiertos, cuatro terap¨¦uticos, 11 centros de d¨ªa, 18 equipos de medio abierto y cuatro especiales de protecci¨®n.

Tan apremiante como la falta de infraestructura es, para el consejero, la ausencia de personal con la formaci¨®n adecuada. Adem¨¢s de un cuerpo espec¨ªfico de funcionarios para atender los centros cerrados, P¨¦rez Salda?a plantea como alternativa para atender los de car¨¢cter abierto concertar la gesti¨®n con ONGs.

En el terreno judicial, la consejera Carmen Hermos¨ªn calcula que tendr¨¢n que gastar alrededor de 1.500 millones de pesetas el primer a?o para sufragar los incrementos de plantilla, el alquiler de nuevas sedes para juzgados y fiscal¨ªas de menores y el equipamiento inform¨¢tico de los mismos. Un esfuerzo inversor en el que, seg¨²n Hermos¨ªn, debe participar el Ministerio de Justicia al tratarse de la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos. La consejera prev¨¦ que tendr¨¢n que reforzar las plantillas con la creaci¨®n de 200 nuevos puestos de trabajo.