Presupuestos del Estado vs los de la Comunidad

RAFAEL RECUENCOEn realidad, el incluir la palabra versus en el t¨ªtulo de este opini¨®n no es m¨¢s que la forma de contraponer el ¨¢mbito de los presupuestos a los que voy a referirme a continuaci¨®n; como veremos, tanto los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -las l¨ªneas b¨¢sicas de los mismos para 2001- como el anticipo de los de la Comunidad Valenciana est¨¢n cortados por el mismo patr¨®n. Ninguna sorpresa, por lo dem¨¢s, a la vista de lo que han supuesto en estos ¨²ltimos a?os.

Los Presupuestos Generales del Estado podemos ya calificarlos de regresivos e insolidarios. Regresivos (m¨¢s que los de este a?o) porque han conseguido alejarnos m¨¢s de la convergencia social con Europa, e insolidarios, con la cohesi¨®n social, porque aumentan el d¨¦ficit social a costa de reducir el d¨¦ficit p¨²blico, negando cualquier tipo de avance hacia la convergencia real por la v¨ªa de disminuir la cobertura de los colectivos m¨¢s desfavorecidos; los de nuestra Comunidad a?o tras a?o sufren el contagio de esa enfermedad llamada mimetismo o seguidismo y no nos hacen presagiar finalmente ninguna alegr¨ªa.

Si los PGE desprecian la mejora del gasto en prestaciones por desempleo, no reforzando la protecci¨®n de los desempleados y sus posibilidades de acceso al empleo, ni mejorando las prestaciones contributivas y asistenciales (extremos posibles si se aprovechase el margen resultante del excedente de cotizaciones sociales por desempleo), los presupuestos de nuestra Comunidad mucho me temo que ignoren igualmente la realidad de m¨¢s del 50% de desempleados valencianos y valencianas sumidos en la m¨¢s absoluta desprotecci¨®n.

Si los PGE niegan el aumento de recursos y el incremento del nivel de inversi¨®n p¨²blica en sanidad, educaci¨®n y servicios sociales, los presupuestos de la Comunidad Valenciana trasladar¨¢n mim¨¦ticamente esas pol¨ªticas, agravadas con el anuncio de alumbramiento de f¨®rmulas alternativas de gesti¨®n de servicios sociales que huelen a privatizaci¨®n por poderse prever que ser¨¢n extensibles a toda clase de servicios p¨²blicos.

Si los PGE pivotan en torno a una previsi¨®n gubernamental de inflaci¨®n para 2001 del 2%, ya sabemos, por tanto, el incremento salarial que se aplicar¨¢ a los empleados p¨²blicos dependientes del Gobierno de la Generalitat Valenciana, a los asalariados retribuidos bajo la referencia del Salario M¨ªnimo Interprofesional (SMI) y a los perceptores del subsidio de desempleo. Frente a la reivindicaci¨®n de la UGT de que se mejore el poder de compra de los trabajadores de la Administraci¨®n P¨²blica para el pr¨®ximo a?o y, al menos, recuperar el poder adquisitivo perdido, aumentar la estabilidad y reducir la temporalidad del empleo en las administraciones p¨²blicas, nos vamos a encontrar con un incremento salarial para este colectivo del 2% y sin que recuperen poder adquisitivo (no cuentan con cl¨¢usula de revisi¨®n y ya han perdido bastante poder adquisitivo).

La experiencia de 2000 torna a repetirse en este sentido; contin¨²a, adem¨¢s, siendo el de los empleados p¨²blicos un colectivo que en el ¨¢mbito de nuestra comunidad aut¨®noma padece un 30% de precariedad (escandalosa cifra reconocida hace escasos d¨ªas por el propio president de la Generalitat).

Los PGE, con el referente de una previsi¨®n de inflaci¨®n del 2% que se?ala el camino de los incrementos salariales para empleados p¨²blicos, asalariados retribuidos -con referencia al SMI- y subsidiados, abundan en los errores ya cometidos por el propio Gobierno central y supongo que los de nuestra Comunidad -por ende, aunque no en todo- abundar¨¢n en los mismos errores.

No podemos olvidar, por otro lado, que son siete millones y medio de trabajadores los que este a?o pagan el fracaso del Gobierno en su infructuosa lucha por controlar la inflaci¨®n.

El moderado incremento salarial de este a?o est¨¢ muy por debajo de la inflaci¨®n actual (con los ¨²ltimos datos, de agosto, la inflaci¨®n interanual se sit¨²a en el 3,6%, retrocediendo a los indicadores de hace cuatro a?os), lo que quiere decir que los asalariados est¨¢n perdiendo poder adquisitivo de forma importante, algo inadmisible en un periodo de fuerte crecimiento econ¨®mico como el que vivimos, en que las empresas est¨¢n aprovechando la demanda para conseguir elevados beneficios extraordinarios en base a incrementar los precios de forma desmesurada.

El incremento salarial no se corresponde ni con la bonanza del ciclo econ¨®mico ni con la situaci¨®n de las empresas, verdaderas responsables de las tensiones inflacionistas junto con la inoperancia del Gobierno. Se est¨¢ produciendo una redistribuci¨®n de la renta de los asalariados a las empresas y a los perceptores de rentas del capital.

As¨ª, el resultado salarial de 2000 exige una negociaci¨®n salarial para 2001 que recupere el poder adquisitivo perdido en este a?o, pactando incrementos en base a una nueva previsi¨®n de inflaci¨®n realista que deber¨ªa haber fijado el Ejecutivo para que se recuperara la credibilidad y la estabilidad del modelo de negociaci¨®n. El empecinamiento del Gobierno por mantener una previsi¨®n del 2% para este a?o -cuando un nutrido grupo de entidades p¨²blicas y privadas, nacionales e internacionales coinciden en situar la inflaci¨®n en torno al 3,5% a finales de diciembre- es incomprensible y muy grave si pensamos en las consecuencias. Insistir en el 2% para 2001 es torpeza del Gobierno, cuando no prepotencia.

La UGT va a insistir, con mayor ¨¦nfasis, en los convenios colectivos que quedan por firmar este a?o para establecer cl¨¢usulas de garant¨ªa que aseguren la recuperaci¨®n plena y retroactiva de las desviaciones de la inflaci¨®n respecto al objetivo inicial del 2% del Gobierno, y reclamar¨¢ en los convenios del pr¨®ximo a?o las p¨¦rdidas que sufran los trabajadores sin cl¨¢usula de revisi¨®n o aqu¨¦llos que no recuperen totalmente el poder adquisitivo perdido.

En definitiva, como dec¨ªamos al comienzo, la insoportable realidad y las fat¨ªdicas consecuencias de unos Presupuestos Generales del Estado regresivos e insolidarios, y el presagio de que los de nuestra Comunidad quepa calificarlos del mismo modo.

Rafael Recuenco Montero es secretario general de UGT-PV.