El gobierno municipal de M¨¢laga aprueba una recalificaci¨®n con plusval¨ªas millonarias

La oposici¨®n en el Ayuntamiento de M¨¢laga sembr¨® ayer de dudas una operaci¨®n urban¨ªstica aprobada por el gobierno municipal, del PP, que conlleva la recalificaci¨®n de casi medio mill¨®n de metros cuadrados en una futura zona de expansi¨®n de la ciudad. Tanto el PSOE como Izquierda Unida acusaron al PP de haber propiciado un "pelotazo urban¨ªstico" con unas plusval¨ªas m¨ªnimas de 2.000 millones de pesetas para sus propietarios. El concejal l de Urbanismo, Manuel Ramos, rechaz¨® las acusaciones e indic¨® que se trataba de un negocio redondo para el consistorio, que en lugar de pagar 121 millones en expropiaciones, obtiene terrenos valorados en 1.000 millones.

La finca en cuesti¨®n, denominada Soliva, comprende algo m¨¢s de 443.000 metros cuadrados y est¨¢ pr¨®xima al futuro parque empresarial proyectado en el entorno del Parque Tecnol¨®gico de Andaluc¨ªa y a uno de los tramos de la futura segunda ronda de circunvalaci¨®n de la ciudad. Los terrenos fueron considerados, en su mayor parte, un ¨¢rea de reserva de suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de 1997. Ese mismo a?o, tras la firma del convenio de la vivienda con la Junta de Andaluc¨ªa para el cuatrienio 1996-99, se inici¨® el proceso de expropiaci¨®n de parte de la parcela, que se iba a destinar a suelo para levantar viviendas sociales.Tanto IU como el PSOE llamaron ayer la atenci¨®n sobre el hecho de que en medio del proceso de expropiaci¨®n, los terrenos fueran adquiridos por Benahavis Park, una empresa vinculada a la constructora Edipsa. Esta inici¨® un litigio por el precio fijado por el consistorio en la expropiaci¨®n, en torno a 121 millones de pesetas, y tras la negativa del Ayuntamiento a estimar sus alegaciones y declarar la urgencia de la ocupaci¨®n de los terrenos, decidi¨® acudir a la v¨ªa de lo contencioso.

La pol¨¦mica ha surgido cuando el equipo de gobierno del PP decide dar marcha atr¨¢s en el proceso expropiatorio y alcanzar un acuerdo con los propietarios a trav¨¦s de un convenio que contempla la recalificaci¨®n para suelo urbanizable de la totalidad de los terrenos.

Merced al convenio, el consistorio malague?o obtiene 340.000 metros cuadrados sobre los que edificar¨¢ un conjunto de unas 1.500 viviendas sociales. Los propietarios se quedan con el tercio restante, 163.601 metros cuadrados, y obtienen tambi¨¦n una autorizaci¨®n para extraer ¨¢ridos y arcilla en la zona por un periodo de cinco a?os.

El concejal socialista Jaime Alonso Oliva aludi¨® en el pleno de ayer a que la iniciativa era "un negocio" y desde ese punto de vista hab¨ªa que tratarlo. En este sentido, indic¨® que en la pr¨¢ctica la empresa obten¨ªa dos beneficios evidentes: de un lado, suelo para levantar unas 750 viviendas y de otro, autorizaci¨®n para extraer arcilla en pleno boom de la construcci¨®n y en una etapa de dificultades para las empresas del sector ante el escasez de canteras en M¨¢laga.

En esta misma l¨ªnea, el portavoz de IU, Rafael Rodr¨ªguez, exigi¨® explicaciones al gobierno del PP sobre el hecho de que la empresa hubiera adquirido por 295 millones de pesetas los terrenos, cuando en el proceso de expropiaci¨®n su precio estaba fijado en 121. "?Qui¨¦n compra una parcela por el triple de su valor en la expropiaci¨®n, sino conoce de antemano que la operaci¨®n no ser¨¢ finalmente de otro manera?, se cuestion¨® Rodr¨ªguez". "Esto es un negocio puro y duro. Uustedes [equipo de gobierno] nos acusaron de hacer titulares, pero nosotros les podremos acusar de propiciar pelotazos", sentenci¨® Rodr¨ªguez.

El concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, que se estren¨® ayer en el pleno en su nuevo cargo, defendi¨® la bonanza del convenio e indic¨® que el proceso expropiatorio se pod¨ªa haber alargado hasta tres a?os, lo que hubiera bloqueado el desarrollo del plan de la vivienda. "Frente a sus dudas y las sombras que quieren sembrar sobre el convenio", replic¨® a la oposici¨®n, "hay datos concretos sobre el beneficio para la ciudad"

Ramos indic¨® que la empresa est¨¢ obligada a hacer viviendas de protecci¨®n oficial en la zona y cifr¨® en unos 1.115 millones de pesetas el valor de los terrenos y de los aprovechamientos que obtendr¨¢ el consistorio. Es m¨¢s, lleg¨® a afirmar que las plusv¨ªas para la empresa eran negativas, pero que ser¨ªan compensadas con los ingresos por la extracci¨®n de ¨¢ridos.