?Y no ser¨ªa mejor limitar por ley el gasto?

El autor apoya el d¨¦ficit cero, pero echa de menos un mandato legal para que los pagos de las administraciones p¨²blicas no sobrepasen un determinado porcentaje del PIB.

El Gobierno va a enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria con el prop¨®sito de que todas las administraciones p¨²blicas est¨¦n obligadas por ley a liquidar sin d¨¦ficit sus respectivos presupuestos. Es una buena noticia y denota el progreso que ha experimentado la idea de que el d¨¦ficit p¨²blico es malo. Hubo un tiempo en el que los socialistas, y tambi¨¦n otros que no lo eran, proclamaban la bondad del d¨¦ficit para favorecer el crecimiento de la econom¨ªa y para cubrir un gasto social que se supon¨ªa beneficiaba a la poblaci¨®n. Poco a poco ha ganado terreno la opini¨®n contraria y hoy pr¨¢cticamente todos, pol¨ªticos y economistas, piensan que para un crecimiento equilibrado y duradero hay que evitar el d¨¦ficit, fuente del creciente endeudamiento p¨²blico y germen de la inflaci¨®n.La ley ser¨¢ una buena cosa, porque, mientras no se derogue, obligar¨¢ a los gobernantes, sean del partido que sean, a equilibrar los presupuestos. Y esto ser¨¢ beneficioso porque, perdida la soberan¨ªa monetaria, el equilibrio presupuestario es casi el ¨²nico instrumento que nos queda para que Espa?a vaya aumentando su nivel de convergencia real con los pa¨ªses de la Uni¨®n Monetaria. Siempre, naturalmente, que para lograr el equilibrio no se recurra a los artificios contables que, en el pasado, han desvirtuado la clara rendici¨®n de cuentas a que el Gobierno est¨¢ obligado.

Logrado el d¨¦ficit cero, no son pocos los que piensan que hay que avanzar en la misma direcci¨®n y liquidar los presupuestos con super¨¢vit. A este respecto, me parece necesario advertir de que el super¨¢vit no es un objetivo, en s¨ª mismo, deseable, porque su aparici¨®n, por lo general, demuestra que se han obtenido m¨¢s ingresos de los necesarios. Y como sea que la pr¨¢ctica totalidad de los ingresos de las administraciones p¨²blicas procede de la exacci¨®n de impuestos, cotizaciones y tasas que gravan la econom¨ªa privada, cobrar m¨¢s impuestos de los necesarios es malo, porque todo impuesto excesivo es injusto, ya que priva a los ciudadanos de una parte de su renta, impidi¨¦ndoles la realizaci¨®n de lo que proyectaran hacer con ella.

Recientemente hemos visto que, cuando algunos pa¨ªses han logrado super¨¢vit, los partidos discuten en qu¨¦ gastarlo para agradar a sus votantes. En el caso, que es actualmente el nuestro, en que existe un fuerte endeudamiento, es evidente que el super¨¢vit s¨®lo debe destinarse a reducir la deuda para reparar el da?o que hicieron los d¨¦ficit anteriores. Salvado este supuesto, que desgraciadamente nos acompa?ar¨¢ no pocos a?os, cuando aparece super¨¢vit, lo que hay que hacer no es ver en qu¨¦ puede gastarse, sino reducir impuestos.

No hay que olvidar que el d¨¦ficit puede reducirse y finalmente anularse por dos caminos: disminuyendo el gasto o aumentando los ingresos. Para m¨ª est¨¢ claro que el primer camino es el bueno. En efecto, si se parte del prop¨®sito de equilibrar el presupuesto, reducir el gasto supone poder reducir los impuestos, lo cual tiene enormes ventajas tanto para la mejora del nivel de renta de los ciudadanos como para el fomento de la creatividad empresarial, como para la atracci¨®n de inversiones extranjeras.

Por ello, pienso que un paso m¨¢s en el ajuste del papel del Estado en la econom¨ªa ser¨ªa la aprobaci¨®n de una ley que, en vez de fijar la obligatoriedad del equilibrio presupuestario, limitara a un determinado porcentaje del PIB el gasto, incluido el necesario para la reducci¨®n de la deuda hasta su extinci¨®n. Este seguimiento de la deuda es importante, porque la evoluci¨®n de la deuda es el detector de la verdad del d¨¦ficit declarado: el aumento anual de la deuda, en t¨¦rminos absolutos, refleja el verdadero d¨¦ficit habido, de la misma forma que su reducci¨®n denota un super¨¢vit. Por otra parte, la ley deber¨ªa establecer la prohibici¨®n de recaudar impuestos por encima de los necesarios para cubrir el gasto acotado de la forma dicha.

La pregunta que, sin duda, se me har¨¢ es cu¨¢l debe ser el l¨ªmite del gasto que, una vez fijado el porcentaje, s¨®lo podr¨ªa aumentar en la misma proporci¨®n que el PIB. Yo tengo una idea de cu¨¢l debe ser el peso del gasto p¨²blico en la econom¨ªa del pa¨ªs para que la iniciativa privada pueda desarrollarse. Y mi idea se ancla en lo que sucede en EEUU, que, con un gasto p¨²blico, en el presente a?o, igual al 29,5% del PIB, logra en forma satisfactoria, los objetivos dichos. Y, para que no se me acuse de fervor americanista, a?adir¨¦ el caso de Irlanda que, con un gasto del 26,4%, est¨¢ viendo crecer su PIB a un ritmo cercano al 10% anual.

En Espa?a, seg¨²n datos de la Secretar¨ªa de Estado de Presupuestos, el gasto de las administraciones p¨²blicas, en t¨¦rminos de contabilidad nacional, en 1999 represent¨® el 41,1% del PIB. Este porcentaje, comparado con el 45,4% de 1995 y el 50% que casi se alcanz¨® en 1993, supone una gran mejora, lo que me permite afirmar que la deseable reducci¨®n del gasto p¨²blico, que la ley por la que abogo podr¨ªa establecer en forma escalonada hasta llegar al nivel del 30%, si bien no es tarea de un d¨ªa, es un objetivo posible, aunque no me extra?ar¨ªa que muchos, en m¨¦ritos al socorrido "pol¨ªticamente correcto", lo consideren inalcanzable.

Las dos afirmaciones anteriores se basan en un somero an¨¢lisis del Presupuesto para 2001. No me detendr¨¦ en alabar sus m¨¦ritos, pero s¨ª insistir¨¦ en que el equilibrio se logra gracias al fuerte, y no s¨¦ si demasiado optimista, crecimiento de los ingresos, y no por una clara contenci¨®n del gasto, tanto el de inversi¨®n como el llamado social, donde se aprecian crecimientos nada justificables en la presente fase de la econom¨ªa. Que no haya voluntad pol¨ªtica de atacar decididamente el gasto no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer en inversi¨®n, porque hay suficiente capacidad y deseo de la iniciativa privada para desarrollar las infraestructuras y las innovaciones tecnol¨®gicas. Y se puede hacer en pensiones, empleo, educaci¨®n y sanidad, incluida la farmacia, pasando a un sistema de pensiones privado y de capitalizaci¨®n; abandonando los sistemas de protecci¨®n del empleo y el desempleo, que en realidad desincentivan la creaci¨®n de puestos de trabajo y fomentan el paro subvencionado; privatizando todo lo que todav¨ªa pende del Estado; dejando de financiar los centros educativos y sanitarios para financiar a los usuarios mediante cheques escolares y sanitarios progresivos, es decir, calculados seg¨²n el nivel de renta, y un mont¨®n de cosas m¨¢s del mismo cariz.

Todo esto es posible porque, descargado el gasto y reducidos, paralelamente, los impuestos, aumenta la capacidad de los ciudadanos para atender las necesidades hoy socializadas. Por otra parte, tanto los gestores de fondos de pensiones como los centros educativos y sanitarios, dejados a la competencia, mejoran la relaci¨®n calidad-coste y sus prestaciones resultan econ¨®micamente m¨¢s accesibles. En el bien entendido que esta reducci¨®n del gasto, basada en la racionalizaci¨®n del Estado de bienestar, habr¨ªa de ser de la suficiente entidad para permitir el aumento del gasto para atender las relaciones con el exterior, la defensa del territorio, el orden p¨²blico y la administraci¨®n de la justicia que, siendo las funciones propias del Estado, actualmente consumen menos del 7% del gasto, y as¨ª funcionan de mal, mientras que el resto es absorbido, con no mayor ¨¦xito, por aquello en lo que el papel del Estado debe ser subsidiario.

En resumen: est¨¢ bien huir del d¨¦ficit pero, en la actual situaci¨®n, habr¨ªa que mejorar la c¨¦lebre invocaci¨®n de Echegaray al "santo temor al d¨¦ficit", intentando implantar entre la clase pol¨ªtica "el santo temor al gasto".

Rafael Termes es profesor del IESE. Universidad de Navarra.