El Gobierno bloquea con trabas burocr¨¢ticas la devoluci¨®n del patrimonio incautado al PSOE

Dos a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley de restituci¨®n a los partidos por la incautaci¨®n de su patrimonio tras la guerra civil, los principales afectados por esta ley, PSOE y PNV, a¨²n no han recibido una peseta. De los 535 expedientes presentados por el PSOE, s¨®lo uno ha logrado la aprobaci¨®n del Consejo de Ministros, con la salvedad de que tiene que pagar al Estado las mejoras introducidas, previo a la recuperaci¨®n del inmueble. El Gobierno admite que el reglamento, que sigui¨® cuatro meses a la ley, se aplica de modo "muy restrictivo". El PSOE amenaza con acudir a los tribunales.

La ley de restituci¨®n de los bienes incautados tras la guerra civil, de diciembre de 1998, fue consecuencia del pacto logrado en mayo de 1996 entre el PP y PNV para la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como presidente del Gobierno. Fue el propio Aznar quien tuvo especial inter¨¦s en introducir este proyecto en el acuerdo con los nacionalistas para "cerrar una etapa". As¨ª, el Consejo de Ministros lo vendi¨® como un "acto de justicia hist¨®rica". Eran otros tiempos para las relaciones entre el PP y el PNV.Dos a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley, el PNV no ha visto una peseta. Pero tampoco el PSOE, principal beneficiario de la misma por el enorme patrimonio inmobiliario de que dispon¨ªa cuando estall¨® la Guerra Civil y que, seg¨²n sus c¨¢lculos, supera los 15.000 millones de pesetas.

El PSOE, tras la aprobaci¨®n del reglamento, en abril de 1999, present¨® 535 expedientes de reclamaci¨®n a la Administraci¨®n. S¨®lo siete se refieren a cuentas corrientes. Dichas reclamaciones han sido respondidas por la Administraci¨®n con numerosas trabas burocr¨¢ticas.

- Reclamaci¨®n de documentaci¨®n. El PSOE reclam¨® a la Administraci¨®n la documentaci¨®n que consta en sus archivos sobre incautaciones para poder determinar los bienes que le fueron requisados por el Estado franquista ya que la documentaci¨®n de los partidos se encuentra dispersa, extraviada o destruida. "La petici¨®n era razonable, si se tiene en cuenta que el Estado franquista incaut¨® inmuebles, muebles y documentos. De modo que la ¨²nica forma de determinarlos con exactitud es acceder al inventario de la Admnistraci¨®n y su documentaci¨®n complementaria", se?ala el representante jur¨ªdico del PSOE, Enrique Linde. La reclamaci¨®n fue denegada.

- Acceso de los archivos. Una vez denegada la reclamaci¨®n, el PSOE trat¨® de acceder al inventario de las incautaciones, radicado en el Archivo de la Administraci¨®n del Estado, en Alcal¨¢ de Henares. "La Administraci¨®n sigue una pol¨ªtica de obstaculizaci¨®n permanente. El sistema de acceso a dicho archivo no se ajusta a lo que dice la ley de 1998. S¨®lo nos ofrecen diez legajos al d¨ªa. Si se pretende acceder directamente a los documentos, se nos niega dicho acceso. Si se pide el inventario se nos requiere la signatura del documento. Pero como no conocemos la signatura, no podemos acceder a ¨¦l", relata Linde.

El representante del PSOE remata: "Se exige al incautado que acredite qu¨¦ inmuebles le fueron incautados cuando toda la documentaci¨®n sobre ellos obra en poder de la Administraci¨®n y ¨¦sta no la facilita al incautado".

- Dudas sobre la titularidad del PSOE. Como resultado de las primeras reclamaciones del 22 y 23 de octubre de 1999, la Direcci¨®n General de Patrimonio cuestiona que el PSOE actual sea sucesor del que fund¨® Pablo Iglesias en 1879. Dicha direcci¨®n general pide al PSOE, en un texto del 9 de diciembre de 1999, que "acredite por los medios que estime pertinentes la sucesi¨®n o identidad entre el partido que sufri¨® la incautaci¨®n en 1936-39 y el hoy inscrito en el Ministerio del Interior como PSOE, de forma que se acredite que se trata del mismo partido reconstituido".

En esas condiciones, el PSOE tiene que recurrir a la Internacional Socialista (IS) para que le avale ante la Administraci¨®n espa?ola. El secretario de la IS, Luis Ayala, redact¨® un acta el 22 de diciembre de 1999que dice: "El PSOE fundado por Pablo Iglesias, del que hoy es secretario general Joaqu¨ªn Almunia, es miembro de la IS, en la que se registra su participaci¨®n desde la fundaci¨®n de la IS en Par¨ªs en julio de 1889. A la IS tan s¨®lo ha pertenecido, representando al socialismo espa?ol, el PSOE".

- Vinculaci¨®n entre el PSOE y las sociedades obreras o casas del pueblo. La Direcci¨®n General de Patrimonio cuestiona que las sociedades obreras y casas del pueblo formen parte del PSOE. Se ampara en que los bienes de dichas sociedades no figuran a nombre del partido y le exige que acredite su vinculaci¨®n con "la documentaci¨®n que posea relativa al estado f¨ªsico de los edificios en el tiempo de la incautaci¨®n". Los socialistas, en sus reclamaciones, hab¨ªan demostrado esa vinculaci¨®n con la participaci¨®n de dichas sociedades en los Congresos del PSOE de la ¨¦poca y con relaciones de pago de cuotas. "Es bien sabido que las sociedades obreras formaban parte del PSOE. Pablo Iglesias descentraliz¨® la titularidad para cubrirse ante una eventual represi¨®n del poder. Las solicitudes acreditan la incautaci¨®n, la titularidad y la pertenencia del bien al PSOE o la integraci¨®n o la vinculaci¨®n de la sociedad obrera o la casa del pueblo al PSOE", dice Linde. "El caso de la Cooperativa Socialista Madrile?a es paradigm¨¢tico, a?ade. Dicha cooperativa establece en sus estatutos que en caso de disoluci¨®n sus bienes ir¨¢n a parar a partes iguales a la agrupaci¨®n de Madrid y a la Ejecutiva Federal. Pese a una prueba tan evidente, la Administraci¨®n estima que la cooperativa no estaba integrada en el PSOE y se niega a restituir sus bienes, incluida su cuenta de m¨¢s de 7 millones de la ¨¦poca".

- El expediente de Barruelo de Santull¨¢n. Es el ¨²nico caso resuelto. El Consejo de Ministros decidi¨® la restituci¨®n a partes iguales al PSOE y UGT, pero la condiciona al abono al Estado de las reformas en el inmueble, que corrieron a cargo del Ayuntamiento, de los fondos europeos y los de la Junta de Castilla y Le¨®n. Tampoco puede ocuparlo el PSOE porque el Estado ha cedido el mismo al ayuntamiento por 15 a?os.

- Las declaraciones juradas. La Administraci¨®n rechaza como prueba las numerosas declaraciones juradas de ancianos sobre la vinculaci¨®n del PSOE con inmuebles que le serv¨ªan de sede durante la incautaci¨®n con el argumento de que "quien hace las alegaciones probablemente tendr¨¢ inter¨¦s en que la solicitud prospere".