Las defensas de 'los Albertos' alegan que los supuestos delitos del caso Urbanor han prescrito

Los abogados de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, aducen que el presunto delito de apropiaci¨®n indebida de 4.342 millones que se atribuye a sus clientes y a otras dos personas en relaci¨®n con el caso Urbanor ha prescrito y que, en todo caso, se trata de un asunto propio de la v¨ªa civil y no la penal. Los Albertos se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia de Madrid para responder de los supuestos delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida ocurridos en la venta de los solares de Urbanor (terreno sobre el que se levantan las torres KIO en Madrid).

El fiscal, Emilio Valerio, pide para cada uno de los acusados seis a?os de c¨¢rcel. Asegura que los acusados -Alberto Cortina, Alberto Alcocer, ?lvaro ?lvarez Alonso y Rafael Montes- consiguieron que KIO sobreretribuyese las acciones que pose¨ªan en Urbanor en perjuicio de los otros accionistas. Como cuesti¨®n previa al inicio del juicio, los abogados de los acusados -tres de ellos, catedr¨¢ticos de Derecho Penal- sostuvieron que, en "el supuesto hipot¨¦tico" de que los delitos se hubiesen cometido, ya no cabr¨ªa enjuiciarlos, porque han prescrito. Es decir, que, desde su presunta comisi¨®n y hasta que el juez instructor recibi¨® la querella de las supuestas v¨ªctimas (los propietarios originales de los terrenos), y abri¨® diligencias, el 22 de enero de 1993, hab¨ªan transcurrido m¨¢s de cinco a?os.

Tras citar abundante jurisprudencia relativa a los plazos de prescripci¨®n, los letrados refutaron los argumentos de algunos querellantes (las empresas Promotora de Negocios Astor y Construcciones San Mart¨ªn). ?stos sostienen que la prescripci¨®n en estos delitos surte efecto no a los cinco a?os, sino a los 10 a?os, dado que en los hechos concurre la agravante de "m¨²ltiples perjudicados". Adem¨¢s, argumentaron que los perjudicados no son personas individuales, sino las sociedades de las que formaban parte. Explicaron que si en un momento dado se individualizaron las acciones de Urbanor fue con vistas a obtener beneficios fiscales ante las anunciadas plusval¨ªas que, seg¨²n les dijeron los Albertos, generar¨ªa la venta de los terrenos.

Antonio Hern¨¢ndez Gil, abogado de Alberto Alcocer, pidi¨® al tribunal que, en todo caso, deje el asunto en manos de la justicia civil. En su opini¨®n, se trata de una operaci¨®n privada que supuso que "absolutamente todos los accionistas" vendieran por m¨¢s de 27.000 millones de pesetas unos terrenos por los que a?os antes hab¨ªan pagado 1.300.

Durante la sesi¨®n de hoy, Miguel Bajo, abogado de Construcciones San Mart¨ªn, opondr¨¢ a la prescripci¨®n la elevada cuant¨ªa de dinero de la que supuestamente se apropiaron los acusados. Circunstancia que, a su juicio, lleva aparejada una agravante que ampl¨ªa el plazo extintivo de responsabilidad penal de cinco a 10 a?os.

Hechos

Seg¨²n el escrito del fiscal, los hechos que se juzgan se remontan a los primeros meses de 1987, cuando los acusados acordaron "una important¨ªsima operaci¨®n financiera" tendente a constituir el grupo Cartera Central. El objetivo de esa operaci¨®n era hacerse con el paquete accionarial que KIO pose¨ªa en el antiguo Banco Central (hoy Santander Central Hispano). Su importe era de 19.000 millones de pesetas. KIO, a trav¨¦s de su antiguo representante en Espa?a, Javier de la Rosa, pact¨® con los Albertos la permuta de ese paquete de acciones por los terrenos de Urbanor.

Siempre seg¨²n el fiscal, los Albertos convencieron m¨¢s tarde a los peque?os accionistas de Urbanor para que aceptasen una ampliaci¨®n de capital y, en consecuencia, la llegada de un nuevo socio, la sociedad paname?a Horwitz, representada por los acusados Rafael Montes y ?lvaro ?lvarez.

Los accionistas originarios accedieron y la ampliaci¨®n de capital se desarroll¨® el 5 de marzo de 1987. En noviembre de 1987, los acusados y De la Rosa fijaron el precio del solar en 27.431 millones de pesetas, 231.000 pesetas por cada metro cuadrado. Fue entonces, seg¨²n el fiscal, cuando los acusados pactaron con KIO un precio por sus acciones superior al de los otros accionistas.

Los abogados de la defensa admiten que la valoraci¨®n de las acciones fue distinta, pero aducen que se hizo as¨ª porque los querellantes, cuando se decidi¨® la operaci¨®n, exigieron contraprestaciones para sus empresas: elaborar el proyecto de obras y participar en su ejecuci¨®n.