Inmigraci¨®n consensuada

Del primitivo borrador del Gobierno sobre la nueva Ley de Extranjer¨ªa al texto salido de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso hay un trecho. Pero no el suficiente como para poder hablar de un texto consensuado con el conjunto de las fuerzas pol¨ªticas. Todav¨ªa quedan por sortear escollos como el reconocimiento de derechos a los inmigrantes que se hallen en Espa?a en situaci¨®n irregular. Pero no es decartable, de acuerdo con el clima de entendimiento que a la postre se ha establecido entre el Gobierno y la oposici¨®n, que se pueda pactar un texto que si, evidentemente, no ser¨¢ equiparable al que pretende sustituir, tampoco lo ser¨¢ al que inicialmente so?aba el Gobierno. De aqu¨ª al pr¨®ximo d¨ªa 23, en que el proyecto ser¨¢ votado por el Pleno del Congreso, hay tiempo para atar cabos y perfilar arreglos transaccionales.La predisposici¨®n a acercar posiciones en un asunto de tanta trascendencia pol¨ªtica y social ha tenido un primer efecto positivo en la nueva oportunidad dada a los 57.646 inmigrantes que quedaron fuera del proceso extraordinario de regularizaci¨®n concluido el pasado 31 de julio. La iniciativa parti¨® del PSOE, pero el PP se ha mostrado sensible al problema. Es casi seguro que en este punto ha debido de pesar en el ¨¢nimo del Gobierno la imposibilidad manifiesta de expulsar a esos 57.646 inmigrantes sin afrontar graves problemas, incluso de orden p¨²blico; pero aun as¨ª, hay que felicitarse por la rectificaci¨®n gubernamental. Esperemos que tambi¨¦n haya lugar para un acuerdo razonable respecto de los derechos que han de reconocerse a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. El Gobierno tiene raz¨®n en reclamar el control de los flujos migratorios mediante la vigilancia de los pasos fronterizos y la fijaci¨®n previa de los cupos de inmigrantes. Nadie discute tampoco que entre inmigrantes legales e irregulares no puede haber una plena igualdad de derechos. Pero la l¨ªnea divisoria no puede pasar por derechos individuales b¨¢sicos. ?En raz¨®n de qu¨¦ se puede negar a un inmigrante su derecho a adherirse a asociaciones de ayuda o a organizaciones sindicales en defensa de su salario y de sus condiciones de trabajo?

Frenar la inmigraci¨®n irregular constituye un objetivo razonable con el que ninguna fuerza pol¨ªtica puede no estar de acuerdo. Pero la obsesi¨®n del Gobierno por esta cuesti¨®n -en realidad, es la raz¨®n ¨²ltima de su ley- le impide caer en la cuenta de que ese objetivo no debe alcanzarse imponiendo medidas discriminatorias y acumulando obst¨¢culos ante quienes pugnan por integrarse en la sociedad que les ha acogido.