El Parlamento vasco pide a Ibarretxe que suprima de los presupuestos la subvenci¨®n a Udalbiltza

El Parlamento vasco aprob¨® ayer una proposici¨®n que insta al lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, a eliminar de los presupuestos una partida de 25 millones de pesetas para la asamblea de electos Udalbiltza. PP, PSE y UA creen que esa instituci¨®n nacida de la firma del Pacto de Lizarra es un instrumento de ETA que no puede estar financiado con fondos p¨²blicos. A pesar del acuerdo parlamentario, PNV y EA subrayaron que esos fondos ser¨¢n liberados en dos semanas. Ibarretxe, que perdi¨® votaci¨®n tras votaci¨®n, evit¨® pronunciarse repecto a la campa?a de desobediencia civil censurada por los jueces.

Poder Judicial

Las derrotas del Ejecutivo se suceden sesi¨®n tras sesi¨®n, aunque el efecto que produce sigue siendo simb¨®lico, ya que las proposiciones no de ley no obligan a modificar las l¨ªneas maestras de la pol¨ªtica del Gobierno, pero s¨ª evidencian la situaci¨®n de un Ejecutivo que, desde el abandono de EH del Parlamento, gestiona sus recursos y hace pol¨ªtica a espaldas de los criterios de la mayor¨ªa de la C¨¢mara.En el primero de los puntos del orden del d¨ªa, los partidos de la oposici¨®n se apuntaron la victoria y solicitaron formalmente al Gobierno de Ibarretxe que presente en diez d¨ªas un proyecto de ley para modificar los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut¨®noma de 2000 y anular la partida de 25 millones de pesetas destinada a Udalbiltza.

Ese acuerdo fue un ejemplo m¨¢s de que el Ejecutivo vasco hace o¨ªdos sordos al Legislativo. A pesar de que PP, PSE-EE y Unidad Alavesa (UA) vencieron al Gobierno vasco, tanto PNV como EA dijeron que en diez d¨ªas estar¨¢n firmados los convenios para librar los 25 millones a Udalbiltza, la instituci¨®n que naci¨® del Pacto de Lizarra, firmado el 12 de septiembre de 1998, y del pol¨¦mico pacto -desmentido por PNV y EA- con ETA. Para estos partidos es una falsedad relacionar Udalbiltza con la banda armada porque la asamblea de electos tiene bases "totalmente democr¨¢ticas" y se opone radicalmente a la violencia.

Sin embargo, EH participa activamente en su seno a pesar de que PNV y EA -rompieron su alianza parlamentaria precisamente por no desmarcarse de ETA- anunciaron que iban a asumir la gesti¨®n de la asamblea y expulsar a los miembros de EH de su m¨¢ximo ¨®rgano. Socialistas, populares y UA cuestionaron directamente la credibilidad del propio lehendakari frente a una contradicci¨®n semejante. Mientras Ibarretxe asegura que la partida est¨¢ congelada, los dos partidos que lo soportan, PNV y EA, anuncian que van a dar el dinero.

Para el diputado del PP Antonio Damborenea, es incomprensible que el lehendakari diga defender el Estatuto mientra los partidos que le respaldan mantengan una partida econ¨®mica destinada a una asociaci¨®n que "tiene entre sus objetivos sustituir a las actuales instituciones". La parlamentaria socialista Pilar Unzalu fue m¨¢s dura al asegurar que "Udalbiltza y democracia son incompatibles, porque esta asociaci¨®n forma parte de la estrategia de ETA".

Junto a los fondos del Gobierno vasco, la financiaci¨®n de la asamblea de electos ser¨¢ soportada con una partida de 93 millones de pesetas que tiene consignada la Diputaci¨®n de Vizcaya y otra partida de 63 millones en los presupuestos de la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa.

Si la discusi¨®n sobre Udalbiltza puso sobre la mesa el poco caso que el Gobierno hace al Parlamento, el debate sobre la desobediencia civil dej¨® en evidencia que tambi¨¦n le hacen o¨ªdos sordos al Poder Judicial.El pleno finaliz¨® con varias preguntas del PP y PSE a Ibarretxe sobre si compart¨ªa la participaci¨®n de un miembro de su Gobierno -el director de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, de EA, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Leunda- en la manifestaci¨®n convocada en favor de la desobediencia civil el pasado 28 de octubre en San Sebasti¨¢n, que cont¨® con el apoyo de HB, y que ETA defiende en sus documentos como una v¨ªa para avanzar hacia la independencia de Euskadi. Ibarretxe eludi¨® dar su opini¨®n sobre la campa?a, y se escud¨® en la Ley de Gobierno: "Ni el Ejecutivo ni ninguno de sus miembros particip¨® o se adhiri¨® a la marcha, porque s¨®lo son miembros del Gobierno el presidente y sus consejeros".

Y eso a pesar de que el propio titular de Justicia, Sabin Intxaurraga, respald¨® y justific¨® la presencia de su director en la marcha. Respaldo que impl¨ªcitamente fue ratificado ayer por el propio Ibarretxe, al callar respecto a las dos peticiones de destituci¨®n de Mart¨ªnez Leunda que lanzaron desde los bancos de la oposici¨®n.

En un ejercicio de resistencia, las andanadas del PP y PSE contra el m¨¢ximo representante de un Gobierno que seg¨²n dijeron "da ox¨ªgeno a ETA" y "se ha instalado en la desobediencia civil" rebotaron contra el front¨®n gubernamental, como un d¨ªa antes lo hicieron las censuras del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. El ¨®rgano de Gobierno del tribunal censur¨® la presencia del alto cargo del Ejecutivo vasco, porque "puede llegar a servir de justificaci¨®n para realizar actos violentos contra jueces, magistrados y servidores p¨²blicos". Tras esa manifestaci¨®n se precint¨® simb¨®licamente la Audiencia de San Sebasti¨¢n.

Los asesores de Ibarretxe respondieron ayer que ese comunicado "puede vulnerar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial al incumplir el art¨ªculo 395 que proh¨ªbe dirigir a los poderes, felicitaciones o censuras por sus actos".