Un grupo de trabajo parlamentario estudiar¨¢ el sistema de 'ecotasa' que se aplica en Baleares y Alemania
El grupo de trabajo sobre la ecotasa y la fiscalidad ecol¨®gica, que se constituy¨® ayer en el Parlamento andaluz, estudiar¨¢ los modelos que ya se aplican en otras comunidades aut¨®nomas y en pa¨ªses europeos, en especial el caso de los l?nder alemanes, para analizar la posibilidad de implantar en Andaluc¨ªa un tributo que penalice aquellas actividades econ¨®micas que tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente. Para elaborar su propuesta, el grupo citar¨¢ a expertos en fiscalidad, turismo y econom¨ªa medioambiental durante los pr¨®ximos seis meses, aunque, de entrada, se descarta la aplicaci¨®n de un modelo similar al de Baleares, donde se aplica s¨®lo sobre el sector tur¨ªstico, a trav¨¦s de tasas que gravan las pernoctaciones.
El parlamentario socialista Manuel Pezzi, que preside el grupo formado por 11 diputados, explic¨® ayer que la intenci¨®n reside en estudiar un impuesto finalista, con el objetivo de que repercuta directamente en la conservaci¨®n o reparaci¨®n del medio ambiente, afectado por la actividad econ¨®mica penalizada. El grupo, que volver¨¢ a reunirse el pr¨®ximo 20 de diciembre para cerrar las comparecencias, se constituy¨® a petici¨®n de IU y PSOE. El PA, a pesar de oponerse a la aplicaci¨®n de una ecotasa vinculada exclusivamente al turismo, apoy¨® la creaci¨®n del grupo de trabajo, que s¨®lo recibi¨® el rechazo expreso del PP.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jos¨¦ Chamizo, present¨® ayer ante la comisi¨®n parlamentaria de Medio Ambiente el informe especial sobre residuos de cebaderos y granjas av¨ªcolas, que ya se hab¨ªa entregado en el Parlamento hace 11 meses. Chamizo record¨® que estas explotaciones presentan "graves carencias" por la falta de medidas de control y provocan "un grav¨ªsimo riesgo medioambiental" por la contaminaci¨®n del suelo y los acu¨ªferos, adem¨¢s de las molestias que originan los olores.
En Andaluc¨ªa existen unas 25.000 explotaciones, que generan 85.000 empleos directos. El informe del Defensor del Pueblo incide sobre la escasa actualizaci¨®n de datos sobre estos residuos, a pesar de su impacto ambiental: "Los efectos contaminantes que produce una concentraci¨®n de 20.000 cerdas-madre equivalen a los que provocan 750.000 personas".
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