El Defensor del Pueblo pide una moratoria de la Ley del Menor

Madrid El del Pueblo, Enrique M¨²gica, recomend¨® ayer al Ministerio de Justicia una moratoria en la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor 'hasta tanto no se habiliten los recursos humanos y materiales para su aplicaci¨®n'. 'Los medios existentes en este momento no permiten pronosticar que existan las condiciones id¨®neas como para garantizar una correcta aplicaci¨®n de la ley', explic¨® la oficina del Defensor del Pueblo en un comunicado. En las c¨¢rceles espa?olas hab¨ªa hace un a?o 835 j¨®venes de entre 16 y 20 a?os, seg¨²n Instituciones Penintenciarias, que ahora deben pasar a centros de menores adecuados. Los consejeros de Justicia de siete autonom¨ªas (Andaluc¨ªa, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Galicia, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana) ya pidieron una moratoria de la Ley del Menor a finales de verano, poco despu¨¦s de que el ministro ?ngel Acebes insistiera en que la normativa entrar¨ªa en vigor el pr¨®ximo mes de enero. El Defensor del Pueblo insiste ahora en que antes hay que determinar el n¨²mero de plazas y realizar una distribuci¨®n geogr¨¢fica de los centros que posibilite que los menores est¨¦n internados en lugares pr¨®ximos a sus domicilios, 'lo que facilitar¨ªa su proceso de integraci¨®n social'. Y se?ala que en los ¨²ltimos tres a?os no se ha puesto en funcionamiento ning¨²n juzgado de menores en r¨¦gimen de exclusividad, 'una carencia que abunda en lo ya se?alado por el informe del Defensor del Pueblo en 1997'. 'La creaci¨®n de 31 juzgados para el pr¨®ximo 13 de enero de 2001 supondr¨¢ que buena parte de ellos no pueda ser cubierta por magistrados especialistas en la jurisdicci¨®n de menores', a?ade. En el mismo comunicado se recuerda que el Consejo General de la Abogac¨ªa ha solicitado a Justicia 'en tres ocasiones' la dotaci¨®n de medios econ¨®micos para impartir cursos de especializaci¨®n a los abogados, 'dotaci¨®n que todav¨ªa no ha sido recibida'. El Defensor del Pueblo solicita adem¨¢s la aprobaci¨®n de un reglamento para el desarrollo de la ley y que se estudie 'la conveniencia de introducir modificaciones en las que se tengan en cuenta las inquietudes de los ciudadanos'.