El Supremo fijar¨¢ el alcance del perd¨®n
La pol¨¦mica sobre el alcance del indulto concedido por el Gobierno a Javier G¨®mez de Lia?o, condenado por prevaricaci¨®n a 15 a?os de inhabilitaci¨®n especial, lleg¨® ayer al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente, Javier Delgado Barrio, la zanj¨® al recordar que la Ley de Indulto establece en su art¨ªculo 31 que "la aplicaci¨®n de la gracia habr¨¢ de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador", por lo que ser¨¢ la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo el ¨®rgano que fijar¨¢ dicho alcance.La cuesti¨®n, que no figuraba en el orden del d¨ªa, la suscit¨® el vicepresidente del Consejo, Luis L¨®pez Guerra (propuesto en su d¨ªa por el PSOE), quien se?al¨® que si el decreto de indulto al ex juez invade competencias del CGPJ, ¨¦ste deber¨¢ plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias.
Por su parte, Enrique Arnaldo (vocal propuesto por el PP) se mostr¨® contrario a que el CGPJ entre en conflicto con el Ejecutivo, y menos a¨²n en este caso, en el que la interpretaci¨®n sobre el alcance del decreto corresponde a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.
Delgado cort¨® el debate. Invoc¨® la clara atribuci¨®n legal de la aplicaci¨®n del indulto al tribunal sentenciador y manifest¨® que, en todo caso, el CGPJ deber¨¢ esperar a conocer el decreto de indulto antes de tomar ninguna iniciativa.
En cuanto a la aplicaci¨®n de la gracia por el Supremo, fuentes jur¨ªdicas recordaron que la sala, a la vista del decreto de indulto, deber¨¢ revisar su resoluci¨®n de 24 de noviembre de 1999, cuya parte dispositiva conten¨ªa tres puntos. El primero y el tercero ten¨ªan por ejecutada, respectivamente, "la privaci¨®n definitiva del cargo y la consiguiente p¨¦rdida de la condici¨®n de magistrado del condenado" y "la pena de multa", por lo que no cambian.
El indulto s¨®lo afectar¨¢ al punto segundo, seg¨²n el cual el tiempo durante el que G¨®mez de Lia?o no podr¨¢ obtener un cargo judicial "concluir¨¢ el 14 de junio de 2013". El perd¨®n gubernamental permitir¨¢ modificar ese punto de la liquidaci¨®n de condena.
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