Patente de corso

El Gobierno decidi¨® celebrar el pasado viernes de manera tempranera el D¨ªa de la Constituci¨®n con el anuncio de un paquete-sopresa de 1.443 indultos, sospechosamente semejante a la figura del indulto general de la ¨¦poca franquista que el art¨ªculo 62 de la norma fundamental proh¨ªbe. Las piadosas alusiones del ministro Acebes a la Santa Sede, inspiradora de una macro-medida de gracia adoptada por un Estado -sin embargo- no confesional, parecen insinuar un anticipado homenaje a la festividad de la Inmaculada Concepci¨®n, devoci¨®n mariana muy querida por el Papa y por la Iglesia espa?ola. Aunque los portavoces oficiales y medi¨¢ticos del Gobierno nieguen las evidencias, esta tumultuosa manifestaci¨®n de beneficiados convocada desde el Consejo de Ministros s¨®lo se propone meter dentro de sus filas el indulto del ex juez G¨®mez de Lia?o, condenado a quince a?os de inhabilitaci¨®n especial en octubre de 1999 por el Supremo como autor de un delito continuado de prevaricaci¨®n en la instrucci¨®n del llamado caso Sogecable. La teatral atribuci¨®n a Maria Teresa Moreno, Tani, y a 460 insumisos del papel de figurantes en el coro de la tragedia es una simple artima?a gubernamental orientada a ganarse las simpat¨ªas de las mujeres maltratadas y de los movimientos de desobediencia civil. La gracia concedida a los condenados del caso Filsea es otra astucia no menos burda, dirigida esta vez a tapar la boca a los socialistas; sin embargo, la imagen en el espejo de los indultados responsables de la financiaci¨®n ilegal del PSOE no es Lia?o sino Pe?a, perdonado de un delito de prevaricaci¨®n cometido como alcalde de Burgos cuando su protector Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar era presidente de la Junta de Castilla y Le¨®n.No menos evidentes son los motivos de la gracia concedida a Lia?o por el Gobierno contra el informe del Supremo, que se opuso al indulto parcial o total por no darse las razones de "justicia, equidad o utilidad p¨²blica" requeridas. A ra¨ªz de la condena y expulsi¨®n de la carrera judicial de Lia?o, algunos periodistas y tertulianos que trabajan para el Gobierno desde Abc, El Mundo, Radio Nacional y la Radio de los Obispos lanzaron una injuriosa campa?a contra los magistrados firmantes de la sentencia. El cap¨ªtulo dedicado al caso Sogecable en un reciente libro sobre Garz¨®n (Plaza y Jan¨¦s, 2000) devuelve el honor a los jueces del Supremo y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vejados por ese tropel de linchadores. Pilar Urbano -numeraria del Opus Dei y antigua colaboradora de Abc, El Mundo y ?poca- cuenta las culpables connivencias del juez instructor del caso Sogecable con el denunciante Jaime Campmany, el abogado Garc¨ªa Trevijano, el magistrado Navarro Esteban y los llamados fiscales indomables de la Audiencia Nacional. La periodista pone igualmente al descubierto la participaci¨®n en esa trama delictiva del propio Gobierno, que encarg¨® a unos venales "expertos" el informe utilizado despu¨¦s para la denuncia y dirigi¨® siempre la estrategia del ministerio p¨²blico; el fiscal Gordillo se jactaba de obedecer las ¨®rdenes del Ejecutivo y de haber sido informado por el vicepresidente Cascos de la sustituci¨®n de Ortiz ?rculo por Cardenal como fiscal general del Estado una semana antes de que se produjera.

La confusa intervenci¨®n del ministro de Justicia tras el Consejo de Ministros anunci¨® el reingreso autom¨¢tico e inmediato de Lia?o en la carrera judicial, as¨ª como la concesi¨®n a los terroristas y narcotraficantes del privilegio comparativo de mantenerles fuera de su competencia. La lectura del decreto del indulto permitir¨¢ confirmar si el Gobierno se propone realmente perpetrar ese atentado a la independencia del Poder Judicial y regalar a un juez condenado por prevaricaci¨®n la patente de corso necesaria para proseguir sus desmanes. La pena de inhabilitaci¨®n especial con que fue condenado Lia?o en su d¨ªa lleva aparejada (art¨ªculo 42 del C¨®digo Penal de 1995) dos consecuencias distintas: de un lado, "la privaci¨®n definitiva" del cargo o empleo, una medida ya ejecutada de manera irreversible con su expulsi¨®n en 1999 de la carrera judicial; de otro, la "incapacidad" para obtener "durante el tiempo de la condena" ese mismo empleo u otro an¨¢logo. Excluido del escalaf¨®n judicial por la sentencia condenatoria, el indulto pagado a Lia?o por el Gobierno a cuenta de oscuras deudas del pasado le permitir¨ªa volver a la magistratura s¨®lo si llegase a superar en el futuro las pruebas requeridas por el CGPJ despu¨¦s de que hubiesen transcurrido los cinco a?os necesarios para cancelar sus antecedentes penales.