Clinton deja a su sucesor la ejecuci¨®n de un preso federal

Bill Clinton ha firmado un aplazamiento de al menos seis meses para la ejecuci¨®n de Juan Ra¨²l Garza, que la semana pr¨®xima iba a convertirse en el primer preso ejecutado en EE UU en los ¨²ltimos 37 a?os por un delito federal. Clinton aplaz¨® la ejecuci¨®n para dar m¨¢s tiempo al Departamento de Justicia a estudiar posibles disparidades raciales y geogr¨¢ficas en la aplicaci¨®n de la pena capital por delitos federales.Clinton se lava las manos no s¨®lo en este caso, sino tambi¨¦n en la pol¨¦mica sobre una posible moratoria para la pena de muerte en delitos federales. Ser¨¢ su sucesor el que se enfrente al dilema, pero no Clinton, que firm¨® varias penas capitales como gobernador de Arkansas. El presidente dijo que el aplazamiento no significa "que haya decidido no imponer la pena de muerte en este caso, en el que se cometieron cr¨ªmenes horrendos". Garza est¨¢ condenado por asesinatos relacionados con el tr¨¢fico de drogas. El comunicado de Clinton concluye: "Y tampoco he decidido parar todas las ejecuciones en el sistema federal". Clinton asegura que "no hay margen para el error", por lo que la decisi¨®n sobre una moratoria debe tomarse despu¨¦s de que el Departamento de Justicia acabe su investigaci¨®n.

Este organismo debe investigar la posible discriminaci¨®n en la aplicaci¨®n federal de la pena capital. De las 682 solicitudes de pena de muerte enviadas al Departamento de Justicia en los ¨²ltimos cinco a?os, el 40% procede de s¨®lo cinco jurisdicciones. Si este componente geogr¨¢fico es perturbador, a¨²n lo es m¨¢s el racial: el 75% de los acusados para quienes los fiscales solicitan penas de muerte pertenecen a alguna minor¨ªa racial.

Adem¨¢s, la mayor¨ªa de las solicitudes de pena de muerte proceden de un peque?o grupo de fiscales, mientras que otros nunca han enviado al Departamento de Justicia ni una sola petici¨®n. Entre 1927 y 1963 se ejecut¨® a 32 personas, la ¨²ltima de ellas, V¨ªctor Feguer, por el m¨¦todo de la horca. Desde entonces no ha habido ninguna ejecuci¨®n por este tipo de delitos, a pesar de que el Gobierno ha pedido y conseguido condenas a muerte en m¨²ltiples casos.