Precios y salarios

Lejos de marcar una inflexi¨®n en la tendencia alcista de los ¨²ltimos meses, los precios han registrado en noviembre otra significativa elevaci¨®n, que renueva la inquietud sobre su descontrol. El ¨ªndice de precios al consumo (IPC) se eleva en noviembre al 4,1% anual, desde el 4% anterior, y tambi¨¦n la denominada inflaci¨®n subyacente (excluidos los precios de alimentos frescos y de la energ¨ªa) repunta hasta el 2,9%, desde el 2,8% previo. El diferencial frente a las econom¨ªas de los pa¨ªses con los que compartimos intercambios y moneda se mantiene en niveles excesivamente elevados (a pesar del ascenso en algunas de ellas), denunciando las limitaciones estructurales de nuestra econom¨ªa y condicionando seriamente su competitividad.Hay pocos paliativos para esta valoraci¨®n negativa. El recurso a la subida de los precios energ¨¦ticos no es suficiente para explicar el impacto diferencial en la econom¨ªa espa?ola, como tampoco lo es la depreciaci¨®n del euro. Ambas circunstancias adversas son comunes a todas las econom¨ªas del ¨¢rea euro y, sin embargo, es la nuestra la que sigue siendo la m¨¢s inflacionista. Nuestros principales socios comerciales mantienen una inflaci¨®n subyacente por debajo del 1,5%, que en Francia es del 1,3%.

Lo peor sigue siendo el dontrancredismo del Gobierno. Confiando en ese paquete de medidas del pasado junio, tan prolijo como huero, tan propagand¨ªstico como vac¨ªo, el Gabinete ha dejado pasar el tiempo esperando ingenuamente que la complicidad del entorno financiero, como lo hizo en la pasada legislatura, corrigiera las tensiones inflacionistas. A la m¨ªnima alteraci¨®n en los vientos favorables, las autoridades dan muestras de no saber o no querer reaccionar.

Las hip¨®tesis m¨¢s desfavorables ya se han verificado. La obligada revisi¨®n de las pensiones supondr¨¢ m¨¢s de 350.000 millones de pesetas y, aunque menos autom¨¢tico, es razonable contar con elevaciones en el cap¨ªtulo de gastos de personal de los presupuestos. Las reivindicaciones de los empleados p¨²blicos -que ayer mostraron su malestar con una huelga- parten, cuando menos, de una base objetiva: la pr¨¢ctica congelaci¨®n de sus rentas salariales en los ¨²ltimos a?os ha supuesto una erosi¨®n de su capacidad adquisitiva. La autoridad del Gobierno para enfrentar esas reivindicaciones no es la mejor, y est¨¢ obligado cuando menos a garantizar compensaciones, m¨¢s o menos diferidas, que, sin ahondar m¨¢s en la inflaci¨®n, tampoco lo hagan con el deterioro de la calidad de la funci¨®n p¨²blica.

Algo parecido ocurre con la evoluci¨®n de los salarios del resto de los trabajadores. La complicidad de la moderaci¨®n salarial ha sido uno de los factores que ayudan a explicar el favorable comportamiento de la econom¨ªa espa?ola durante los ¨²ltimos a?os; los datos conocidos en los meses m¨¢s recientes destacan un crecimiento de los salarios significativamente inferior a la tasa de variaci¨®n de los precios. El proceso de negociaci¨®n actual sobre reforma del mercado de trabajo no podr¨¢ abstraerse de esos desiguales dividendos que la bonanza pasada ha aportado a empresarios y trabajadores.

En el horizonte que se abre el pr¨®ximo a?o, la coexistencia de un menor ritmo de crecimiento con una inflaci¨®n relativamente elevada no es la mejor combinaci¨®n para la creaci¨®n de empleo. Razones hay, por tanto, para que el Gobierno traslade la lucha contra la inflaci¨®n al lugar prioritario que le corresponde. De lo contrario, el milagro espa?ol, adem¨¢s de corto, puede concluir en el peor de los desenlaces.