El nuevo modelo jur¨ªdico de Correos dificultar¨¢ una eventual privatizaci¨®n

Correos y Tel¨¦grafos volver¨¢ a cambiar su estatuto jur¨ªdico apenas dos a?os despu¨¦s de la anterior modificaci¨®n, para adoptar ahora la f¨®rmula de sociedad estatal. Las principales consecuencias de esta transformaci¨®n ser¨¢n la de dificultar una eventual privatizaci¨®n, que deber¨¢ contar con la aprobaci¨®n expresa del Parlamento, permitir aportaciones adicionales del Estado al margen de los Presupuestos Generales y una mayor flexibilidad en la pol¨ªtica de precios para facilitar la competencia.

Enmiendas en el Senado

El actual modelo societario de Correos como entidad p¨²blica empresarial data de febrero de 1998, cuando el Consejo de Ministros aprob¨® la desaparici¨®n del antiguo organismo aut¨®nomo. Entonces, el Ministerio de Fomento, que ocupaba Rafael Arias-Salgado, justific¨® el cambio en la mejora de la eficacia y productividad del servicio y para permitir su adaptaci¨®n a un mercado con una competencia cada vez m¨¢s intensa, unos argumentos muy similares a los aducidos para la nueva transformaci¨®n.Tras la modificaci¨®n auspiciada por el Partido Popular, Correos podr¨¢ aumentar su capacidad de endeudamiento y recibir aportaciones adicionales del Estado al margen de los Presupuestos Generales del Estado, mediante f¨®rmulas como la ampliaci¨®n de capital. Esta facilidad se plasmar¨¢ ya el pr¨®ximo a?o, puesto que se ha incluido a ¨²ltima hora una inyecci¨®n de fondos de 7.000 millones de pesetas, que eleva la aportaci¨®n del Estado para 2001 a 24.000 millones, un 38% m¨¢s que el a?o anterior.

Estos fondos adicionales se destinar¨¢n a inversiones del plan de modernizaci¨®n, aunque el anterior plan estrat¨¦gico 1998-2000 preve¨ªa la completa desaparici¨®n de la subvenci¨®n de explotaci¨®n con cargo al Estado al final de su vigencia.

El cambio estatutario, que se deber¨¢ concretar en seis meses, se ha realizado mediante la introducci¨®n en el Senado de una bater¨ªa de enmiendas en la ley de Acompa?amiento de los Presupuestos del Estado, en las que ha participado, adem¨¢s del Grupo Popular, Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego, y en las que se han tenido en cuenta las propuestas de los sindicatos. Gracias a ellas, se ha asegurado el mantenimiento de los derechos laborales de los 64.000 empleados de Correos y, en particular, la de los 44.000 funcionarios que seguir¨¢n manteniendo esa condici¨®n tras su transpaso a la sociedad estatal.

No obstante, la principal exigencia sindical, recogida en las enmiendas de IU y BNG, que ha propiciado el consenso con el proyecto original del PP, ha sido el mantenimiento expreso de la titularidad p¨²blica del capital social, de forma que cualquier decisi¨®n sobre una eventual privatizaci¨®n necesite la autorizaci¨®n previa del Parlamento.

Asimismo, la sociedad estatal tendr¨¢ un r¨¦gimen de precios m¨¢s flexibles, que le permitir¨¢ ofrecer descuentos sin l¨ªmite en los servicios liberalizados. El nuevo modelo ha sido recibido de forma diferente por por los sindicatos. CC OO y CSIF lo consideran un "mal menor", mientras que UGT calific¨® la reforma de "innecesaria, precipitada y confusa".