La excavadora pone fin a La Rosilla

La Rosilla vuelve a ser un erial. Dos palas excavadoras derribaron ayer, ante el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y varios miembros de su Gobierno, las dos ¨²ltimas casas bajas de este poblado de realojamiento de chabolistas gitanos que se convirti¨® en un hipermercado de la droga. Detr¨¢s quedan ocho a?os de marginaci¨®n en los que este gueto, levantado junto a la carretera de Villaverde a Vallecas y rodeado de campos e industrias, fue el destino de miles de toxic¨®manos.Los planes urban¨ªsticos han sitiado este degradado extrarradio, conocido como Los Pitufos por los colores de sus casas, y habitado hasta hace un a?o por 190 familias. Los 15.000 metros cuadrados que ocupaba el poblado est¨¢n ahora rodeados de tierras removidas. Son las obras del futuro ensanche de Vallecas, en el que se construir¨¢n 20.000 pisos.

Los habitantes de este asentamiento residen hoy en viviendas sociales de alquiler de la capital (el 75%) y de otros municipios. La Comunidad, que ha gastado 2.200 millones en desmantelar este n¨²cleo, s¨®lo ha dejado sin realojar a nueve familias por okupar casas de las que no eran titulares. Pero ninguna se ha quedado sin vivienda por tener bienes superiores a lo admisible para disfrutar de un piso social.

El Gobierno regional explica que, aunque cabe suponer que en La Rosilla hubiera familias con importantes ganancias por la venta de estupefacientes, "no se ha conseguido ninguna prueba documental de esos bienes". "No podemos inventarnos nada: para privar a un chabolista de realojamiento porque sus ingresos exceden lo estipulado, esas posesiones deben de figurar en alg¨²n registro", explica Florencio Mart¨ªn, gerente del Instituto de Realojamiento e Integraci¨®n Social (IRIS) de la Comunidad. Una de las argucias para esconder ganancias es inscribir los bienes a nombre de terceros.

Las asociaciones de vecinos han reclamado en ocasiones que se investiguen las cuentas bancarias para impedir que personas sin n¨®minas, pero con ping¨¹es beneficios por la venta de droga u otras actividades, disfruten de viviendas sociales (destinadas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario m¨ªnimo, fijado en 71.000 pesetas al mes).

Para intentar atajar estos fraudes, la Comunidad modific¨® hace dos a?os los baremos de adjudicaci¨®n de pisos p¨²blicos y estableci¨® que no podr¨ªan acceder a ellos las familias con bienes (casas, coches...) cuyo valor fuera superior a cinco veces el salario m¨ªnimo anual (unos cinco millones). Pero esa normativa tampoco ha servido para cribar a los habitantes de La Rosilla que nunca debieran haber sido realojados.

La barriada fue conflictiva desde su creaci¨®n, en 1992. La Comunidad, entonces gobernada por el socialista Joaqu¨ªn Leguina, y el Ayuntamiento, del PP, encabezado por Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, la levantaron para alojar a 88 familias chabolistas de poblados como Pies Negros, Altamira y El Cristo. Algunos vecinos comenzaron pronto a traficar con drogas, para desesperaci¨®n del resto.

El desmantelamiento de Los Focos, otro hiper de la droga situado en San Blas, en 1997 marc¨® un antes y un despu¨¦s. A partir de entonces, La Rosilla tom¨® el relevo como gran centro de trapicheo. A ello contribuy¨® que 49 familias de Los Focos fueran realojadas en La Rosilla por el Gobierno regional de Ruiz-Gallard¨®n, del PP, con lo que el poblado se masific¨®. Las protestas vecinales se sucedieron y, en la primavera de 1999, el jefe del Ejecutivo aut¨®nomo prometi¨® que La Rosilla pasar¨ªa en 2000 a la historia.