El Ayuntamiento debe devolver 3.400 millones cobrados indebidamente a los constructores.

Construcciones Ruiz Orcajo, una de la empresas constructoras que ya pueden reclamar lo pagado, solicit¨® en 1998 licencia de obras para levantar un edificio de nueva planta, de cerca de 6.000 metros cuadrados, en un solar situado en la calle del Comandante Fortea, n¨²mero 9. Tras aplicarle la constante K, el Ayuntamiento, como paso previo a la concesi¨®n de la licencia, exigi¨® al promotor el pago del impuesto. Calcul¨® en algo m¨¢s de 73.000 pesetas los 36 metros cuadrados de suelo que el promotor deb¨ªa ceder al municipio, si bien en este caso opt¨® por su traducci¨®n en dinero (2.600.000 pesetas).Los abogados de esta empresa pagaron el dinero para no entorpecer el inicio de la obra, pero, paralelamente, acudieron al Juzgado de lo Contencioso n¨²mero 4 de Madrid. El juez dio la raz¨®n a esta empresa (otros jueces se la han quitado a otras), si bien el Ayuntamiento, disconforme con la desfavorable resoluci¨®n, recurri¨® ante el Tribunal Superior. Tanto Ruiz Orcajo como Astrolabio alegaron, entre otras cosas, que el coeficiente K vulneraba la Ley de R¨¦gimen del Suelo y Valoraciones y quiebra el principio de simultaneidad "al resultar beneficiados los due?os de los terrenos edificados, en perjuicio de los propietarios de solares que se pretende edificar".

El Ayuntamiento, por su lado, fundament¨® su recurso en la legalidad del impuesto, cuyo objetivo, seg¨²n el equipo jur¨ªdico municipal, es "lograr el justo reparto de beneficios y cargas que pretende y busca toda la legislaci¨®n urban¨ªstica, y que lo que se obliga a pagar a los promotores es el exceso que se le otorga sobre el aprovechamiento patrimonializable". Si el promotor elude el pago de ese incremento del aprovechamiento del suelo, tendr¨ªa "un enriquecimiento injusto", apostilla el Ayuntamiento en su recurso.

El tribunal afirma que la regulaci¨®n de ese impuesto no compete, en todo caso, al Ayuntamniento, sino a la Comunidad de Madrid. Y que, aunque el Ayuntamiento alegue que la constante K est¨¢ basada en la normativa dise?ada por la Comunidad, lo cierto es que "carece de cobertura legal", pues la t¨¦cnica empleada para definir este impuesto "no est¨¢ admitida por la ley". De ah¨ª, seg¨²n los jueces, que el acto administrativo que impone a los constructores el pago de ese impuesto sea nulo. Y dado que es nulo, el Ayuntamiento debe devolver el dinero obtenido merced a su aplicaci¨®n, seg¨²n la sentencia. En dos a?os, el Ayuntamiento ha percibido por este concepto m¨¢s de 3.400 millones de pesetas.

La constante K fue incluida por el gobierno municipal del alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, del PP, en el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana aprobado en 1997. Las cr¨ªticas de la oposici¨®n (PSOE e IU) y de los promotores no tardaron en llegar.

El Concejal de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, del PP, se?al¨®, tras conocer que hab¨ªa sentencias de primera instancia que daban la raz¨®n a los promotores, que el el Ayuntamiento "devolver¨ªa el dinero abonado" en los casos que las sentencias se convirtieran en firmes en el Tribunal Superior. Esto ha ocurrido ya. No obstante, Del R¨ªo replic¨® que seguir¨ªa aplicando este impuesto a las nuevas obras porque tambi¨¦n cuenta con 11 sentencias a su favor relacionadas con la legalidad de la constante K. Se trata de sentencias de primera instancia. Las que est¨¢ dictando el Tribunal Superior ahora las revocan y sientan jurisprudencia. Por tanto, la constante K es ilegal y el dinero percibido merced a ella hay que devolverlo.