"Prohibiremos las videoc¨¢maras que vulneren la intimidad", afirma el presidente del Tribunal Superior

Retrasos judiciales

"No se autorizar¨¢ la instalaci¨®n de c¨¢maras fijas de v¨ªdeovigilancia en las calles si los solicitantes no garantizan antes, de acuerdo con los requisitos que fija la ley, el respeto a la intimidad de las personas". As¨ª de tajante se muestra Javier Mar¨ªa Casas, presidente del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) y de la Comisi¨®n de Garant¨ªa de V¨ªdeo Vigilancia de la Comunidad. Casas, m¨¢xima autoridad judicial de Madrid, subraya que es l¨ªcito instalar c¨¢maras para "garantizar la seguridad", pero que ¨¦stas deben ser "compatibles" con la intimidad de las viviendas" circundantes.Los dos ¨²nicos municipios de la regi¨®n que han solicitado oficialmente la instalaci¨®n de c¨¢maras en sus calles son Majadahonda -que pidi¨® colocar 12 en su principal arteria, la Gran V¨ªa- y Alcobendas. La Comisi¨®n de Garant¨ªa que preside Casas (tambi¨¦n integrada por el fiscal jefe, un representante de la Federaci¨®n de Municipios y el secretario general de la Delegaci¨®n del Gobierno) deneg¨® ambas peticiones, porque "no reun¨ªan los requisitos" fijados en la ley del 4 de agosto de 1997, que regula la instalaci¨®n de c¨¢maras fijas en las calles de las poblaciones.

Las peticiones de sendos ayuntamientos indicaban las calles objeto de vigilancia, pero se limitaban a decir que su control correr¨ªa a cargo de la Polic¨ªa Municipal. "Eso no puede ser as¨ª", explica Casas. "Hay que indicar con precisi¨®n el nombre del agente que controlar¨¢ esa c¨¢mara y durante qu¨¦ horas, as¨ª como el per¨ªmetro del objetivo, para que, en caso de que se produzca una actuaci¨®n irregular, poder exigir la oportuna responsabilidad; porque no se puede enfocar a la ventana de una casa", a?ade. El uso de c¨¢maras m¨®viles, las destinadas a la vigilancia de, por ejemplo, manifestaciones, no requiere de un permiso previo de esta comisi¨®n, aunque su utilizaci¨®n le debe ser "comunicada".

Casas describe un panorama desolador de la situaci¨®n de la justicia en la regi¨®n. "No hay suficientes jueces, ni infraestructuras ni medios", denuncia. No le importa el tiempo que se emplee en transferir la justicia a la Comunidad, pero s¨ª que se "haga bien" -es decir, que venga acompa?ada de "medios econ¨®micos"-, y lamenta que los presupuestos del Ministerio de Justicia para el pr¨®ximo ejercicio s¨®lo vayan a crecer "un 0,7%, unos 5.000 millones de pesetas", un presupuesto "tres o cuatro veces inferior a la media del que destinan los pa¨ªses europeos".El presidente del TSJM admite que los refuerzos -aumento de los jueces- destinados a desatascar la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior (donde se dirimen asuntos de miles de millones de pesetas) est¨¢n "mejorando algo la situaci¨®n", pero muy lentamente. "Si a finales de 1999 hab¨ªa 70.000 asuntos pendientes en esta sala, hoy puede haber unos 65.000, s¨®lo 5.000 menos", explica.

A ese ritmo, se tardar¨¢n a?os en solucionar este problema. ?Soluci¨®n? "Hacen falta m¨¢s jueces, m¨¢s medios, aunque reconozco los esfuerzos del Ministerio de Justicia", dice Casas.

La m¨¢xima autoridad judicial de la regi¨®n se?ala que nueve de cada diez quejas de usuarios se refieren a resoluciones judiciales, y algunas de ellas hacen referencia a retrasos en la tramitaci¨®n de las causas. En muchos de esos casos, seg¨²n Casas, no cabe actuar contra el juez, porque ¨¦ste est¨¢ desbordado de trabajo "y hace lo que puede". No obstante, apunta que "s¨ª se ha expedientado a algunos jueces" por retraso injustificado.

En enero entrar¨¢ en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, concebida para agilizar los procesos y evitar las demoras de hasta tres a?os que sufren los pleitos civiles (desahucios, atentados contra la intimidad, quiebras de empresas, asuntos de familia...) "Es una buena ley", puntualiza el presidente del alto tribunal madrile?o, "pues pretende agilizar la justicia, pero su aplicaci¨®n necesita "m¨¢s medios y estructuras judiciales. El propio Consejo del Poder Judicial ha indicado que habr¨ªa que crear un 35% m¨¢s de jueces para llevarla a cabo, pero lo cierto es que no hay jueces suficientes".

Algo similar ocurre con la Ley del Menor. "Tambi¨¦n es buena, pero requiere de infraestructura: lugares para internar y controlar a los menores que cometan delitos graves". "Si se quiere tener una buena justicia, hay que pagarla", apunta Casas.