El Gran Recusador

El Pleno de la Sala Segunda del Supremo rechaz¨® el pasado viernes, por unanimidad de sus 12 miembros, la recusaci¨®n presentada por los letrados de Lia?o contra los magistrados Enrique Bacigalupo y Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, dos de los tres miembros de la secci¨®n que aplicar¨¢n -como tribunal sentenciador- el indulto gubernamental de inspiraci¨®n papal y milenarista concedido al ex juez condenado en octubre de 1999 a la pena de inhabilitaci¨®n especial (con "privaci¨®n definitiva" de su carrera) por un delito continuado de prevaricaci¨®n como instructor del llamado caso Sogecable. A la espera de la publicaci¨®n del auto, encomendado por la sala como ponente al magistrado Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, ya se conocen los principales motivos de esa contundente decisi¨®n: la ausencia de fundamentaci¨®n legal de la pretensi¨®n (la solicitud no invocaba ninguna de las causas tasadas de recusaci¨®n) y la extemporaneidad de su presentaci¨®n (no era el momento procesal para interponerla).Esta torpe maniobra obstruccionista no s¨®lo confirma la incompetencia profesional de Lia?o como jurista: su empecinamiento en recusar una y otra vez a los magistrados a quienes han correspondido las tareas de procesarle, juzgarle, ejecutar la sentencia o aplicar el indulto saca a la luz los componentes irracionales de su comportamiento. Los criterios esgrimidos por el Gran Recusador para justificar sus fobias dan sobrados fundamentos para desconfiar de su estabilidad emocional. Los lectores de su injurioso libelo Desde el banquillo (Temas de Hoy, 2000) conocen el trasfondo del visceral aborrecimiento de Lia?o hacia Bacigalupo; obligado a huir de su pa¨ªs tras el golpe militar de 1976, este penalista argentino de prestigio internacional es acusado con el peor estilo xen¨®fobo de "haber quitado el puesto" a otros magistrados espa?oles de origen (p¨¢g. 98) y de ser "el mayor gafe del planeta" (p¨¢g. 200).

Aventajado disc¨ªpulo de la alegre muchachada period¨ªstica que le embarc¨® primero en el caso Sogecable y le dispensa ahora su protecci¨®n mafiosa, el ex juez emplea el lenguaje chulesco y la prosa grasienta de sus maestros literarios para rematar a las v¨ªctimas. Seg¨²n explica Lia?o a los lectores, Bacigalupo, "paradigma de la esquizofrenia pol¨ªtica", escap¨® primero de los b¨¢rbaros de Argentina pero ha defendido despu¨¦s en Espa?a a "otros can¨ªbales de la misma laya aunque de distinta ideolog¨ªa" (p¨¢g. 43); siempre ha estado "conchabado" con los querellantes que le acusaron de prevaricaci¨®n (p¨¢g. 20); ha cubierto de "dolorosa verg¨¹enza" su dignidad personal y profesional "al arrodillarse para poner las zapatillas" a unos innomimados protectores pol¨ªticos (p¨¢g. 98); acostumbra a impartir la misma conferencia "en sesiones de ma?ana y tarde, incluidos fines de semana, excepci¨®n hecha de los domingos alternos" para conseguir dinero (p¨¢g. 97); y forma parte del grupo de canallas "que morir¨¢n ahogados en sus propios excrementos" (pag. 252) y a quienes s¨®lo les falt¨® "encargar un buen velatorio, hacerme un vistoso entierro y antes de la primera palada orinarse encima de la caja mortuoria" (p¨¢g. 280).

El oscilante trato dispensado por Lia?o al segundo magistrado ahora recusado es un buen ejemplo de sus cambios de humor: hasta ahora, el veto del PSOE a la candidatura de Mart¨ªn Pall¨ªn como Defensor del Pueblo, pese a su "limpia trayectoria", mostraba c¨®mo "su independencia no estaba preparada para la prueba del agua y del fuego" (p¨¢g. 130) de los socialistas. A¨²n m¨¢s favorables eran las opiniones de Lia?o sobre el ponente de la Sala Segunda que ha rechazado su doble recusaci¨®n: hace pocos meses, Perfecto Andr¨¦s Iba?ez era "un magistrado casi perfecto, a punto de ser coherente del todo y completamente honrado frente a la vulgaridad y mezquindad de los otros" (p¨¢g. 145). El pr¨®ximo mes de enero la Sala Segunda se pronunciar¨¢ sobre el indulto concedido por el Gobierno a Lia?o; para abrir boca, el texto del decreto omite que la pena de inhabilitaci¨®n especial incluye entre sus efectos "la privaci¨®n definitiva" del empleo del condenado. El Supremo resolver¨¢ si el Consejo de Ministros puede o no saltarse el C¨®digo Penal a la torera para imponer la vuelta a la carrera de un ex juez condenado por prevaricaci¨®n; no parece, en cualquier caso, que el Gobierno haya cumplido con su deber constitucional de evitar que los ciudadanos -aunque no sean terroristas y narcotraficantes- puedan caer como justiciables en manos de Lia?o.