Inflaci¨®n, salarios y empleo

A lo largo de estos ¨²ltimos a?os, desde CC OO hemos impulsado una pol¨ªtica sindical que ha permitido el crecimiento del n¨²mero de personas ocupadas, la moderada ganancia de poder adquisitivo de los salarios y la mejora en la cuant¨ªa real media de las pensiones p¨²blicas, elementos que conforman una senda positiva en el reparto de la renta a favor de la remuneraci¨®n de los asalariados.Una pol¨ªtica corresponsable del fuerte crecimiento econ¨®mico, lograda gracias a la unidad de acci¨®n con la UGT y, tambi¨¦n, a un complejo proceso de negociaci¨®n con el Gobierno y con las organizaciones empresariales. Una negociaci¨®n que ha dado sus frutos al entender todos que s¨®lo es posible el acuerdo buscando el equilibrio entre las diferentes posiciones de partida, y que la eficacia de cada reforma depende en gran medida del consenso alcanzado alrededor de la misma entre quienes luego deben desarrollarlas en cada sector y en cada empresa.

Nuestras propuestas han colaborado a una mayor calidad en el empleo, una mayor seguridad en el trabajo y un progreso m¨¢s r¨¢pido en la correcci¨®n de desigualdades que todav¨ªa subsisten, principalmente entre hombres y mujeres. Propuestas que han sido, son y ser¨¢n razonables, tanto por justas como por cre¨ªbles, y que suponen nuestro firme respaldo a la negociaci¨®n y a la b¨²squeda del acuerdo en aquellas materias que afectan tanto a nuestras condiciones de vida y de trabajo como al funcionamiento de las empresas.

Esta decisi¨®n afecta tanto al di¨¢logo social como a la negociaci¨®n colectiva. Sabemos que ¨¦sta es una pieza b¨¢sica del conjunto de decisiones que deben adoptarse en este complejo entramado de negociaciones y somos conscientes de que en el actual momento nuestra pol¨ªtica salarial cobra mayor importancia.

En primer lugar, porque consideramos que una inflaci¨®n elevada perjudica a los colectivos peor situados, disminuye la capacidad de competir frente a terceros por un encarecimiento relativo de los productos espa?oles y afecta a las posibilidades redistributivas de las pol¨ªticas p¨²blicas de gasto. Interesa el esfuerzo colectivo por disminuir la inflaci¨®n y a ¨¦l queremos contribuir.

Este objetivo, compartido, sin duda, por toda la sociedad, exige dos condiciones: credibilidad y garant¨ªa. Deb¨ªa haber sido posible el consenso en un aspecto tan sensible como ¨¦ste, pero el Gobierno fijando una previsi¨®n para 2001 del 2% se ha instalado en una posici¨®n casi virtual primando las ventajas contables derivadas del mismo para alcanzar un dudoso equilibrio presupuestario (150.000 millones cada medio punto adicional de inflaci¨®n). Su decisi¨®n menosprecia los efectos negativos derivados de la incredulidad generalizada sobre su previsi¨®n, que sin duda provocar¨¢ que cada cual busque la protecci¨®n que pueda sin una referencia v¨¢lida y com¨²n.

El Gobierno desprecia el modelo de negociaci¨®n salarial que tan buenos resultados ha dado en el ¨²ltimo periodo, tanto en Espa?a como en el conjunto de la Uni¨®n Europea (UE). Un modelo que necesita, para funcionar correctamente, una previsi¨®n de inflaci¨®n cre¨ªble. En nuestra opini¨®n, partiendo de una tasa anual en el a?o 2000 como m¨ªnimo del 3,9% y de una inflaci¨®n subyacente del 2,8%, fijar un objetivo del 2,5% como tasa anual para final del pr¨®ximo a?o 2001 ser¨ªa poner el list¨®n en un nivel ya bastante ambicioso, pero podr¨ªa suscitar un objetivo compartido.

El Gobierno justifica su previsi¨®n en el objetivo marcado por el Banco Central Europeo. Nada que objetar por nuestra parte al objetivo europeo. Pero la propia Comisi¨®n Europea, junto a la OCDE, descarta que la inflaci¨®n espa?ola en el pr¨®ximo a?o pueda alcanzar en media el 2%.

Adem¨¢s, la Comisi¨®n Europea prev¨¦ para el pr¨®ximo a?o en la UE un incremento medio de los salarios nominales del 3,2%, y considera que "la subida de los costes salariales unitarios ser¨ªa, sin embargo, moderada". Y sabiendo como sabemos que a pesar de nuestros esfuerzos los precios subir¨¢n en Espa?a, en el a?o 2001, por encima del 2%, ?acaso podemos pedirles a los trabajadores que asuman una p¨¦rdida segura en sus salarios? Parece m¨¢s razonable contribuir al control de la inflaci¨®n con una previsi¨®n cre¨ªble que permita, entre otras cosas, sostener un buen modelo de negociaci¨®n salarial.

Por otro lado, adem¨¢s de credibilidad, nuestro modelo exige cl¨¢usulas de garant¨ªa. En otras palabras, cualquier negociaci¨®n salarial debe tener la garant¨ªa de que el resultado final de la negociaci¨®n (IPC real + productividad) corresponde al objetivo inicial acordado. Si negociamos sobre previsiones futuras, y creemos que es un buen modelo precisamente para evitar espirales inflacionistas nada deseables, debemos completar la negociaci¨®n con cl¨¢usulas que permitan corregir las desviaciones producidas a nuestro pesar. La aplicaci¨®n de las cl¨¢usulas de garant¨ªa es el camino m¨¢s efectivo de comprometer a los trabajadores con el control de la inflaci¨®n, cerrando la puerta a subidas nominales m¨¢s elevadas establecidas para lograr te¨®ricas ganancias que no siempre se alcanzan en t¨¦rminos reales y, en cambio, colaboran a disparar los precios.

Parece que el Gobierno tampoco quiere en este caso contribuir al sostenimiento del modelo de negociaci¨®n salarial: les niega a los empleados p¨²blicos y a los perceptores del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) la posibilidad de revisar su situaci¨®n, aunque s¨ª lo admita para los pensionistas, sin duda un gran bloque electoral. Si el Gobierno est¨¢ tan seguro de cumplir su previsi¨®n, ?por qu¨¦ no establecer cl¨¢usulas de garant¨ªa para quienes no son responsables de las desviaciones en la inflaci¨®n?

Esta doble negativa del Gobierno, tanto a la credibilidad de su objetivo en la inflaci¨®n como a la garant¨ªa de los citados colectivos, quiebra el modelo de negociaci¨®n salarial m¨¢s deseable. Una quiebra que supone un grave inconveniente. Y no ser¨ªa mala se?al que el Gobierno actuara para corregir la situaci¨®n con los empleados p¨²blicos y con el SMI, negociando en ambos casos cl¨¢usulas de garant¨ªa.

La inflaci¨®n no es el ¨²nico elemento a considerar en el incremento de los salarios. Todas las organizaciones sindicales europeas hemos convenido una "l¨ªnea de coordinaci¨®n" salarial que implica sumar inflaci¨®n m¨¢s productividad. El reto que tenemos en Espa?a es c¨®mo conseguir modificar el peso de cada componente de la suma de forma que haya menos inflaci¨®n y m¨¢s productividad. Un objetivo al que ayudar¨ªa una actitud m¨¢s activa de los empresarios asumiendo inversiones en formaci¨®n bruta de capital, diferente a su comportamiento del ¨²ltimo a?o.

En definitiva, este modelo de negociaci¨®n salarial basado en el reparto de la productividad de cada sector o empresa, necesita de previsiones futuras de precios fiables y garant¨ªas de cumplimiento de lo pactado, no modificando los t¨¦rminos del acuerdo por desviaciones en los precios. Este modelo consigue mejorar el poder adquisitivo de los salarios, crear empleo y, a la vez, corregir de forma progresiva las desigualdades y discriminaciones existentes en un marco racional que contribuye a alargar y consolidar el ciclo econ¨®mico expansivo. La actitud del Gobierno desprecia el valor del consenso como factor de estabilidad y crecimiento. Un mal servicio para la sociedad espa?ola.

Fernando Puig-Samper es secretario de acci¨®n sindical de CC OO. Miguel ?ngel Garc¨ªa es economista del gabinete t¨¦cnico confederal de CC OO.