El fiscal pide prisi¨®n contra Gil por autorizar el edificio de Antonio Herrero
El alcalde de Marbella y 7 concejales, imputados por delito urban¨ªstico
Por primera vez un fiscal ha imputado un delito urban¨ªstico al alcalde de Marbella, Jes¨²s Gil, quien ha recibido 80 denuncias penales en esta materia desde 1997. La Fiscal¨ªa de M¨¢laga pide para ¨¦l y otros siete concejales 18 meses de prisi¨®n y ocho a?os de inhabilitaci¨®n por la licencia que permiti¨® al periodista radiof¨®nico Antonio Herrero construir un edificio de diez plantas sobre un suelo "clasificado como viario y destinado a uso p¨²blico". Gil declar¨® ayer a EL PA?S: "Antonio Herrero hizo el convenio con el Ayuntamiento sin decirme nada a m¨ª". Herrero falleci¨® en 1998 cuando practicaba submarinismo en Marbella.
El fiscal Juan Carlos L¨®pez Caballero, en sus calificaciones provisionales, considera que "es nula" la licencia de obras concedida a la sociedad Incopromar SL el 4 de julio de 1997 para construir un edificio de 10 plantas. Sostiene que se autoriz¨® a edificar "en un suelo que estaba clasificado como viario y destinado a uso p¨²blico" en el plan general de ordenaci¨®n urbana (PGOU) del a?o 1968, vigente en aquel momento. Tambi¨¦n recalca que esta situaci¨®n irregular "era conocida por los acusados", que autorizaron la construcci¨®n dentro de una revisi¨®n del PGOU que entonces estaba preparando el Ayuntamiento de Marbella, pero que ha sido rechazada en dos ocasiones por la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo de M¨¢laga en julio de 1998 y octubre de 2000.La empresa Incopromar, propiedad de Antonio Herrero y su cu?ado Roberto Osborne, consigui¨® la licencia por una decisi¨®n de la comisi¨®n de gobierno tomada, seg¨²n el fiscal, "siguiendo las instrucciones del alcalde". Jes¨²s Gil no est¨¢ de acuerdo. Ayer declar¨® a este peri¨®dico que "todo se hizo correctamente".
El fiscal imputa a los siete concejales de la comisi¨®n de gobierno como "coautores" y a Jes¨²s Gil como "inductor" en un delito contra la ordenaci¨®n del territorio, una moderna forma de prevaricaci¨®n recogida en el C¨®digo Penal de 1995. La denuncia inicial fue presentada el 14 de agosto de 1997 por la Plataforma ciudadana contra la revisi¨®n del PGOU de Marbella y despu¨¦s se personaron en la causa el PSOE y Los Verdes. ?sta fue la primera demanda penal de las 80 que se han presentado desde entonces contra los 400 convenios suscritos por el municipio con particulares, estableciendo por la v¨ªa de los hechos modificaciones al plan de ordenaci¨®n urbana.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Garc¨ªa Marcos, opina que "en el convenio suscrito entre Herrero y los responsables municipales hab¨ªa un intercambio de mercanc¨ªas; Gil estaba pag¨¢ndole a Herrero una supuesta publicidad gratuita de Marbella que evidentemente nunca fue gratuita". Gil reconoce que "si le hubiera podido echar una mano a Antonio Herrero se la habr¨ªa echado, porque siempre hablaba bien de Marbella y ser¨ªa una manera de pagarle indirectamente la promoci¨®n, pero no me dijo nada, s¨®lo que le hab¨ªan cobrado m¨¢s que a nadie por el convenio".
La representante de Los Verdes, Inmaculada G¨¢lvez, adem¨¢s del delito de prevaricaci¨®n, acusa a Gil de "malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y posible cobro ilegal de comisiones". La magistrada que del caso, Mar¨ªa Luisa de las Heras, titular del Juzgado n¨²mero uno de Marbella, pedir¨¢ sus calificaciones provisionales a las defensas y enviar¨¢ el sumario a la Audiencia de M¨¢laga para que se fije fecha del juicio en un juzgado de lo penal.
El delegado de la Consejer¨ªa de Urbanismo de la Junta de Andaluc¨ªa, Enrique Salvo, espera que "¨¦ste sea el primer caso que llega a juicio, pero no el ¨²ltimo". Salvo record¨® que "a partir de ahora en Marbella, en casos como el de este edificio, la Junta presentar¨¢ demandas por la v¨ªa penal".
Doble altura y seis veces m¨¢s metros
La empresa Incopromar se constituy¨® en Madrid el 15 de noviembre de 1996 con un capital social de medio mill¨®n de pesetas y dos socios: Antonio Herrero, propietario del 95%, administrador ¨²nico, y su cu?ado Roberto Osborne. Se inscribi¨® en el registro mercantil el 13 de enero de 1997. Pero en esta fecha ya hab¨ªa hecho su primer negocio: un convenio con el Ayuntamiento de Marbella por el que una parcela de 869 metros cuadrados ganaba 226 colindantes de zona verde y 46 metros de viales p¨²blicos. Seg¨²n fuentes de la acusaci¨®n la edificabilidad pas¨® de 1,45 metros cuadrados construidos por metro de parcela, a 8,40 (casi seis veces m¨¢s); y la altura, de cinco plantas a diez.Isabel Garc¨ªa Marcos (PSOE) sostiene que "Incopromar hizo un negocio especulativo perfecto; primero firmaron el convenio y despu¨¦s, el 20 de enero de 1997, compraron el terreno de 869 metros". Fuentes cercanas al caso afirman que este terreno era de la familia de la madre de Antonio Herrero. Jes¨²s Gil puntualiza que "todas las manzanas de la zona tienen las mismas plantas y estaban autorizadas por los socialistas" antes de llegar ¨¦l a la alcald¨ªa.
La licencia de obras se dio para construir 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos, con un presupuesto de casi 574 millones de pesetas. Garc¨ªa Marcos afirma que "los t¨¦cnicos municipales informaron en contra de esta licencia". Jes¨²s Gil matiza que "hubo algo por la zona verde, pero creo que no hubo informe negativo".
El bloque est¨¢ ya terminado, vendido y habitado. Inmaculada G¨¢lvez (Los Verdes) lamenta que "cuando se present¨® la denuncia no se decidiera la suspensi¨®n cautelar de las obras, porque con gente viviendo se perjudica a terceros". Garc¨ªa Marcos opina que "¨¦sta no es una vivienda legalizable y la familia Herrero no puede compensar a la ciudad por los terrenos p¨²blicos que ha ocupado". El alcalde afirma que est¨¢ tranquilo: "Un juicio m¨¢s por denuncias pol¨ªticas, y s¨®lo piden 18 meses". Gil sostiene adem¨¢s que "este edificio no se derribar¨¢ nunca; est¨¢ ah¨ª, vendido".
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