Las ONG denuncian 'falta de voluntad pol¨ªtica' para aplicar la Ley del Menor

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, ha pedido a la Comunidad de Madrid un informe detallado sobre la Asociaci¨®n Cicer¨®n, la entidad privada a la que el Gobierno regional ha encomendado la gesti¨®n del nuevo reformatorio de San Vicente, seg¨²n confirmaron ayer fuentes de este departamento. La ley permite que entidades sin ning¨²n ¨¢nimo de lucro colaboren en la gesti¨®n de centros de reforma, de ah¨ª que la fiscal¨ªa quiera saber si Cicer¨®n responde o no al esquema legal o si, en rigor, se trata de una empresa privada con fines lucrativos.

La Comunidad habilita desde el pasado 2 de enero a marchas forzadas la antigua residencia para ni?os desamparados de San Vicente, situada en la Ciudad Escolar San Fernando, a la altura del n¨²mero 12 de la carretera de Colmenar Viejo, para convertirla en reformatorio y acoger en ella a los 32 menores que ser¨¢n excarcelados el pr¨®ximo d¨ªa 13 con motivo de la entrada en vigor de la Ley penal del Menor. La gesti¨®n de este nuevo reformatorio, que ser¨¢ el cuarto de que disponga Madrid, ha sido encargada a la asociaci¨®n Cicer¨®n. Los otros tres centros de reforma, con un total de 47 plazas, son El madro?o, Renasco y Altamira (semiabierto).

'Queremos analizar si efectivamente es una entidad sin ¨¢nimo de lucro o, por el contrario, sus fines son otros', se?alaron ayer fuentes de la fiscal¨ªa madrile?a. ?stos aseguran que se enteraron por EL PA?S de que la gesti¨®n del nuevo reformatorio de Madrid se hab¨ªa encomendado a una entidad privada. 'Si esa entidad responde al modelo legal, no habr¨¢ ning¨²n problema, pero si no, lo indicaremos as¨ª a la Comunidad', destacaron los citados medios.

El nuevo reformatorio de San Vicente acoger¨¢ a gran parte de los 32 menores de 16 y 17 a?os encarcelados hoy en las prisiones madrile?as, la mayor¨ªa por robos con intimidaci¨®n y, tambi¨¦n, en menor medida, intentos de homicidio y asesinato. Uno de los menores que ser¨¢ excarcelado el pr¨®ximo d¨ªa 13 y, previsiblemente, trasladado a un centro de reforma es el que intervino en el asesinato racista de la ciudadana dominicana Lucrecia P¨¦rez, ocurrido en 1992 en el inmueble de la antigua discoteca Four Roses de Aravaca.

Estos menores ser¨¢n excarcelados el d¨ªa 13, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor, que proh¨ªbe el ingreso en prisi¨®n de menores de 18 a?os. La antigua legislaci¨®n sobre menores permit¨ªa encarcelar a j¨®venes de 16 a?os en adelante. Eran juzgados por un tribunal normal, aunque los jueces aplicaban a todos la atenuante de minor¨ªa de edad y reduc¨ªan sensiblemente la pena que correspond¨ªa al delito. En los ¨²ltimos a?os los jueces tambi¨¦n tend¨ªan a ingresar a los preventivos en reformatorios.

La nueva ley establece medidas educativas y, si se trata de delitos graves, el internamiento en un reformatorio. El de San Vicente se est¨¢ habilitando para suplir la falta de plazas en los centros actuales y poder albergar a los que sean excarcelados ahora y los que requieran ser internados en el futuro.

Desde la Consejer¨ªa de Servicios Sociales, cuya titular es Pilar Mart¨ªnez, se ha indicado que Cicer¨®n es una asociaci¨®n privada sin ¨¢nimo de lucro que se encuadra perfectamente en el esquema que impone la Ley Penal del Menor. Esta norma permite que ONG y asociaciones privadas con fines altruistas ayuden a la Administraci¨®n en la reinserci¨®n de los menores delincuentes, pero desecha que de esa colaboraci¨®n se obtenga un provecho lucrativo. Portavoces de Servicios Sociales insistieron ayer en que Cicer¨®n es una entidad 'de toda solvencia' y a?adieron que Mart¨ªnez dar¨¢ hoy informaci¨®n sobre ella.

El pasado 31 de diciembre sali¨® en la prensa un anuncio donde 'una empresa en expansi¨®n', sin citar su nombre, ped¨ªa 'urgentemente' 18 personas para trabajar en centros de menores, sin indicar en cu¨¢les. Pero a los candidatos a estos puestos se les ha indicado que trabajar¨¢n en el reformatorio de San Vicente, que, siguiendo lo que marca la Ley, no puede ser gestionado por una empresa con ¨¢nimo de lucro.

El anuncio ofrec¨ªa a los interesados 'una alta retribuci¨®n econ¨®mica'. Sin embargo, algunos de los solicitantes del puesto de monitor educacional aseguran que para esa categor¨ªa se ofrece un sueldo bruto anual de 1.900.000 pesetas por 38 horas semanales. Entre los requisitos de los aspirantes figuraba 'que tuviesen experiencia en ¨¢reas educativas, de vigilancia y de seguridad'. A los candidatos se les indic¨® que la entidad para la que trabajar¨ªan tiene un convenio por cinco a?os con el Ejecutivo aut¨®nomo.

Desde la fiscal¨ªa de Madrid se quiere dejar 'bien claro' que la Comunidad est¨¢ mostrando 'una total colaboraci¨®n y diligencia' para preparar sus instalaciones a los mandatos de la nueva Ley del Menor. 'La responsabilidad de la falta de medios para adaptar las necesidades de los menores a la nueva ley no es atribuible a la Comunidad, que est¨¢ haciendo todo lo que puede, sino del Ministerio de Justicia, que ha promulgado la ley, que es buena, pero sin dotarla de los imprescindibles medios', afirman las citadas fuentes de la fiscal¨ªa.

Tres fiscales de la Secci¨®n de Menores de Madrid llevan m¨¢s de un semana revisando los expedientes de los chicos condenados en los ¨²ltimos a?os para adecuar su situaci¨®n legal a la nueva legislaci¨®n sobre menores. Aparte de los 32 j¨®venes de 16 y 17 a?os ahora encarcelados, en Madrid hay otros 830 que cumplen penas en r¨¦gimen de libertad condicional.

La Uni¨®n Espa?ola de Asociaciones y Entidades de Atenci¨®n al Drogodependiente (UNAD), que agrupa a 30 entidades madrile?as; la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, y la Asociaci¨®n Apoyo, que trabaja con menores en riesgo social, denuncian 'la falta de recursos para poner en marcha la nueva Ley del Menor'. Acusan a la Administraci¨®n de falta de voluntad pol¨ªtica, 'ya que han dispuesto de un a?o para poner al d¨ªa unos dispositivos y unos profesionales que iba a necesitar'. Consideran que, de no procederse a una urgente ampliaci¨®n de recursos y profesionales (centros, fiscales, equipos psicosociales...), 'se corre el riesgo de incidir en los aspectos puramente represivos de la nueva norma frente a los aspectos educativos y preventivos'.