Una espa?ola, arrojada al mar

Uno de los 180 detenidos desaparecidos que aparecen en los informes entregados por los militares al Gobierno, y que ahora investiga la justicia, es Michelle Pe?a Herreros, de 27 a?os y nacionalidad espa?ola, que estaba embarazada de ocho meses en el momento de ser detenida por agentes de la DINA (la polic¨ªa pol¨ªtica pinochetista), en junio de 1975. D¨ªas antes, este organismo hab¨ªa detenido a su compa?ero, Ricardo Lagos Salinas (sin relaci¨®n con el presidente chileno), miembro de la comisi¨®n pol¨ªtica del Partido Socialista (PS), quien se encontraba en la clandestinidad. El informe entregado por el Ej¨¦rcito indica que Michelle Pe?a, estudiante universitaria y tambi¨¦n militante socialista, fue detenida el 20 de junio y arrojada al mar cinco d¨ªas despu¨¦s.

Sin embargo, testimonios que recopil¨® la Comisi¨®n Rettig, que investig¨® en 1990 y 1991 las violaciones a los derechos humanos en Chile, sostienen que otros prisioneros estuvieron con ella en la torre de Villa Grimaldi, uno de los campos de tortura que ten¨ªa la DINA en la capital, en julio de 1975, despu¨¦s de la supuesta fecha en que habr¨ªa sido arrojada al mar, contradiciendo as¨ª la versi¨®n militar. La madre de la estudiante, Gregoria Pe?a, afirm¨® que existen antecedentes de que su hija fue trasladada hasta el Hospital Militar para que diera a luz. Hasta ahora se ignora qu¨¦ pas¨® con el hijo de Michelle Pe?a y ni siquiera se sabe su sexo. Casos parecidos son los de otras nueve embarazadas detenidas por la dictadura y desde entonces desaparecidas, por los que organismos defensores de los derechos de la mujer anunciaron que presentar¨¢n una querella la pr¨®xima semana. Las discrepancias que existen entre la informaci¨®n que entregaron los militares al Gobierno y las que hab¨ªan recopilado en 27 a?os de esfuerzo los organismos humanitarios motivaron ayer una reuni¨®n de la directiva del PS con el ministro del Interior, Jos¨¦ Miguel Insulza. Al t¨¦rmino de ella, el presidente del PS, senador Ricardo N¨²?ez, explic¨® que le entregaron al jefe del Gabinete 'alrededor de 49 o 50 informaciones precisas que ten¨ªa el partido y la Vicar¨ªa de la Solidaridad, que contradicen las fechas respecto de varios de nuestros dirigentes que compon¨ªan la direcci¨®n en 1975'.

Agreg¨® que hay antecedentes judiciales que indican que algunos militantes socialistas estaban vivos en fechas posteriores a las que se?alaron los informes. El PS tambi¨¦n entregar¨¢ estos datos a la Corte Suprema. En el mismo sentido, el presidente de la Comisi¨®n de Derechos Humanos chilena, Jaime Castillo Velasco, pidi¨® a las Fuerzas Armadas aclarar los 'errores que han sido denunciados por personas ligadas a las v¨ªctimas, ya que la operaci¨®n de informar no puede contener falsedades ni oscuridades'. Exigi¨® tambi¨¦n que los informes se den a conocer en forma ¨ªntegra y de inmediato. La sociedad chilena sigue impactada por las revelaciones que han trascendido de los informes. Ayer, el presidente Ricardo Lagos inform¨® en persona a Luc¨ªa Neira, viuda de Arsenio Poupin, ex subsecretario de Gobierno de Salvador Allende, un amigo suyo que no apareci¨® m¨¢s despu¨¦s de ser detenido por soldados en La Moneda, durante el golpe, y trasladado al regimiento Tacna.

Neira dijo que la informaci¨®n de los militares no es completa ni satisfactoria. Uno de los dos jueces especiales nombrados por la Corte Suprema para investigar las denuncias sobre dos fosas clandestinas en los alredores de Santiago, que contienen los cuerpos de 20 y de 6 personas, inform¨® de que hoy iniciar¨¢ su trabajo en uno de estos lugares, la Cuesta Barriga. Por otra parte, la Corte de Apelaciones de San Miguel orden¨® a una juez citar a declarar al ex piloto de Pinochet, Antonio Palomo, quien asegur¨® a un coronel que lanz¨® cuerpos de detenidos al mar.