Uno entre veinte mil

Cuando una decisi¨®n no es explicable en t¨¦rminos objetivos y razonables, lo peor que se puede hacer es intentar explicarla. Cada argumento que se utiliza para dar raz¨®n de la decisi¨®n adoptada se descalifica a s¨ª mismo, es decir, ¨²nicamente sirve para poner m¨¢s en evidencia la arbitrariedad con que se ha actuado.

Exactamente esto es lo que ha ocurrido con el indulto del ex juez Javier G¨®mez de Lia?o. Si la presentaci¨®n en sociedad de la decisi¨®n del Gobierno en la rueda de prensa del ministro de Justicia posterior a la reuni¨®n del Consejo de Ministros que hab¨ªa aprobado el real decreto de indulto fue rid¨ªcula, todav¨ªa lo fue m¨¢s la argumentaci¨®n esgrimida por ?ngel Acebes en el Congreso de los Diputados en el sentido de que el indulto es una prerrogativa regia y que los tribunales de justicia no pueden controlar una decisi¨®n adoptada en ¨²ltima instancia por el monarca. Muy desesperado hay que estar para utilizar un argumento como ¨¦ste. Los decretos son todos sin excepci¨®n 'Reales Decretos' y, en consecuencia, con el argumento del ministro de Justicia no podr¨ªa procederse al control de legalidad de ninguno de ellos por los tribunales de justicia.

Pero si absurda ha sido la argumentaci¨®n del ministro de Justicia antes de que se conociera la decisi¨®n de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no menos lo ha sido la del presidente del Gobierno en la entrevista concedida a Antena 3 TV el martes pasado. El argumento de que desde 1977 se han concedido veinte mil indultos y que ¨¦ste es el ¨²nico caso en el que un tribunal de justicia corrige la decisi¨®n del Gobierno no prueba absolutamente nada, a pesar de que El Mundo titulara su editorial del pasado mi¨¦rcoles: 'La estad¨ªstica de Aznar pone en evidencia al Supremo'.

Los indultos no son fotocopias unos de otros. Cada indulto tiene que ser analizado individualmente y, en consecuencia, el argumento estad¨ªstico carece de toda relevancia. ?Qu¨¦ tiene que ver la decisi¨®n de indultar a La Tani con la de indultar a Javier G¨®mez de Lia?o?

Lo decisivo no es el n¨²mero de indultos concedidos, sino las circunstancias que concurren en el caso particular. Estas circunstancias son las que el presidente del Gobierno tendr¨ªa que haber explicado a la opini¨®n p¨²blica para justificar la medida de gracia. Y esto es lo que no hizo porque no lo pod¨ªa hacer. ?Cu¨¢ntos indultos se han concedido por los Gobiernos de la democracia a un juez condenado por prevaricaci¨®n? ?Cu¨¢ntos indultos se han concedido con la opini¨®n contraria a la medida de gracia por parte del tribunal sentenciador? ?Cu¨¢ntos indultos se han concedido que alcancen a la pena ya ejecutada?

?stos son los interrogantes a los que el Gobierno tiene que dar respuesta. ?Se puede indultar a un juez prevaricador contra la voluntad del tribunal que lo conden¨® y con el alcance de ordenar su reingreso inmediato en la carrera judicial de la que hab¨ªa sido definitivamente apartado en ejecuci¨®n de la sentencia condenatoria?

Y este interrogante no tiene respuesta. O mejor dicho, tiene una ¨²nica respuesta: no. Eso no se puede hacer porque la ley no lo permite. Y el real decreto de indulto, como todos los reales decretos sin excepci¨®n, tiene que ser dictado secundum legem y no contra legem. En los otros 19.999 casos se ha procedido de esa manera y por eso los tribunales de justicia no han puesto reparos de ning¨²n tipo. En este caso se ha dictado un real decreto parcialmente ilegal y por eso el Tribunal Supremo ha considerado que s¨®lo puede ser aplicado parcialmente.

El argumento estad¨ªstico pone en evidencia no al Tribunal Supremo sino al Gobierno. Es el Gobierno el que con el real decreto de indulto del ex juez Javier G¨®mez de Lia?o se ha apartado de los otros 19.999 y no el Tribunal Supremo el que se ha desviado de su manera de proceder anterior. Los tribunales controlan la legalidad de todos los indultos. No han advertido ilegalidad en 19.999 y por eso no han puesto reparos. La han advertido en ¨¦ste y por eso lo han puesto. Es el Gobierno el que tiene que explicar por qu¨¦ ha ejercido el derecho de gracia respecto de Javier G¨®mez de Lia?o de manera distinta a como lo ha hecho en los otros 19.999 casos. Y ni lo ha hecho ni puede hacerlo. ?se es su problema.