Necesidad de un Pacto de Estado

Acaban de entrar en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la nueva Ley Penal del Menor, de las que tanto se est¨¢ hablando y escribiendo en estos d¨ªas. Sin duda, dos leyes necesarias y bien intencionadas, pero que se han elaborado con excesiva celeridad y poco consenso pol¨ªtico y social.

La Ley de Enjuiciamiento Civil ha levantado una gran expectativa, dada su importancia como ley b¨¢sica en la resoluci¨®n de conflictos entre particulares, y por eso ser¨ªa prematuro ahora hacer una valoraci¨®n sobre su aplicaci¨®n y eficacia, que deber¨¢ efectuarse en un pr¨®ximo futuro. Qu¨¦ duda cabe que la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo proyecto hicimos dura oposici¨®n los abogados, fue publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado con importantes modificaciones que la mejoraban sensiblemente y que, como dec¨ªa, hubiera sido mejor haber resuelto en un consenso previo, que es como deben de elaborarse las leyes de tal trascendencia social. Sin embargo, a pesar de las iniciales oposiciones al texto y de las cautelas que el mismo nos provocaba y nos sigue provocando, lo asumimos y comenzamos a prepararnos. Durante la vacatio legis, hemos efectuado a trav¨¦s de los colegios de abogados infinidad de cursos a fin de prepararnos para la hora de la verdad: su entrada en vigor. Ya se han comenzado a presentar las primeras demandas y ahora depende de los juzgados su tramitaci¨®n y aplicaci¨®n, lo que corresponde a los jueces y magistrados y a todo el personal que trabaja en la oficina judicial. En este punto, volvemos a insistir y esperemos que el tiempo no nos d¨¦ la raz¨®n, consideramos que faltan medios materiales y humanos para poder llevar a la pr¨¢ctica la ley. Y es probable que se produzca el efecto contrario que se pretend¨ªa y que la justicia civil se colapse, con los perjuicios que ello conlleva. Por lo tanto, nuestra primera llamada de atenci¨®n vuelve a ser la necesidad imperiosa de dotar a los juzgados de esos medios materiales imprescindibles, adecu¨¢ndolos a las previsiones del nuevo texto legal, as¨ª como de aumentar el n¨²mero de jueces para hacer efectivas las expectativas y necesidades de la nueva ley.

Curiosamente, se est¨¢ insistiendo en presentar como una de las novedades de la ley el nuevo proceso monitorio para deudas inferiores a cinco millones de pesetas, destacando que se puede iniciar sin necesidad de abogado y procurador. Creemos que eso no es un logro, sino un retroceso, por la importancia que tiene el derecho de defensa, y estamos convencidos de que el tiempo nos dar¨¢ la raz¨®n. Por otra parte, no debe ocultarse a los ciudadanos que, en cuanto exista oposici¨®n del deudor, se convierte en preceptiva la intervenci¨®n del abogado, con una demanda inicial en la que puede no haber intervenido el profesional del derecho y que, en consecuencia, puede tener defectos de muy dif¨ªcil o imposible soluci¨®n posterior. Por lo tanto, a pesar de no ser efectivamente necesaria la intervenci¨®n inicial, estimamos que, para evitar perjuicios posteriores, los ciudadanos deben asesorarse adecuadamente antes de iniciar cualquier tipo de reclamaci¨®n judicial. Y esa funci¨®n de asesoramiento y consejo previo no pueden ni deben hacerla m¨¢s que los abogados.

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil coincide con la tambi¨¦n entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor, con todas las dudas que la misma plantea y con la falta de medios para su puesta en pr¨¢ctica, como han resaltado los colectivos de jueces y fiscales. El Ejecutivo debe adoptar urgentemente las medidas necesarias para evitar que una ley aprobada no sea aplicada con todas sus consecuencias y conseguir que sus beneficios se apliquen de forma inmediata a quien proceda.

Estas importantes reformas en el orden civil y penal, en las que ciertamente no ha existido el consenso necesario, me hacen volver a llamar la atenci¨®n sobre la imperiosa necesidad de llevar adelante el prometido Pacto de Estado para la Justicia, que desde diversos colectivos vinculados a la misma venimos reclamando desde hace tiempo, y que todas las fuerzas pol¨ªticas, incluida la que gobierna nuestra naci¨®n, se comprometieron a abordar en esta legislatura. El primer paso debe ser, sin duda, una revisi¨®n en profundidad de los Presupuestos Generales del Estado, que destinan actualmente a este cap¨ªtulo apenas el 0,8%. Con esa atenci¨®n, nuestro pa¨ªs dif¨ªcilmente puede tener la justicia que se merece.

No puede, pues, quedar en el olvido el compromiso adquirido y es preciso que con valent¨ªa y generosidad se afronten para continuar las importantes reformas pendientes que afectan a un ¨¢mbito tan vital para el Estado de derecho como es la justicia.

Eugenio Gay Montalvo es presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola.