Ley y medios

La Ley Penal del Menor, que el pasado s¨¢bado entr¨® en vigor, llega marcada por las dudas sobre su viabilidad, el esc¨¢ndalo ciudadano ante algunas excarcelaciones de menores muy peligrosos y augurio de todos los catastrofismos imaginables por parte de muchos responsables de su aplicaci¨®n. Parece as¨ª que la alarma social que se trataba de evitar adecuando la responsabilidad penal de los menores a los tiempos que corren, a la normativa constitucional y a la Convenci¨®n de los Derechos del Ni?o, ha tenido un efecto contrario al pretendido. No deja de causar perplejidad que una ley que valora el superior inter¨¦s del menor y pone el acento en la reeducaci¨®n del infractor, nazca rodeada de tantas y tan sonadas protestas. ?Qui¨¦n es responsable?

Numerosos expertos consideran que la Ley Penal del Menor es una buena ley. Valora especialmente el inter¨¦s del menor entre los 14 y 18 a?os, encomienda al ministerio fiscal la instrucci¨®n del proceso y configura al equipo t¨¦cnico de psic¨®logos y pedagogos como instrumento imprescindible para alcanzar los objetivos de reinserci¨®n del menor delincuente. Los delitos de extrema gravedad y los relacionados con el terrorismo tienen un tratamiento penal excepcional de hasta 10 a?os de internamiento en r¨¦gimen cerrado, que ha contado con un amplio respaldo parlamentario. En inter¨¦s de la v¨ªctima se establece un procedimiento r¨¢pido de resarcimiento de da?os, y se hace responsables solidarios de los hechos cometidos por el menor a sus padres o guardadores. Adem¨¢s, la moratoria de un a?o respecto a los j¨®venes de entre 18 y 21 a?os permitir¨¢ una aplicaci¨®n escalonada, aunque habr¨¢n de ser revisados casi 1.400 de estos casos en dos meses. Los casos de j¨®venes de 16 y 17 a?os condenados a penas de prisi¨®n por delitos graves que cambian de situaci¨®n se limitan a 175, de los cuales 111 han salido ya en libertad.

Precisamente porque es una buena ley, el Ministerio de Justicia ten¨ªa la obligaci¨®n de haber previsto la situaci¨®n que iba a crear la salida en libertad, por muy vigilada que sea, de las dos ni?as presuntas asesinas de San Fernando, o el traslado de menores de alta peligrosidad a centros reeducativos de los que ya se han fugado una decena de veces. Con todo, y pese a las cr¨ªticas de que esta ley viene acompa?ada de insuficientes medios para aplicarla, los especialistas no dejan de reconocer el esfuerzo desplegado en los ¨²ltimos meses por el ministerio que dirige ?ngel Acebes en la creaci¨®n de 129 plazas de fiscales de menores, as¨ª como en la dotaci¨®n de locales y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento de la ley. Son suficientes fiscales, al menos para empezar, a los que se sumar¨¢n otros 19 este a?o. S¨®lo en Madrid se crean dos juzgados, 12 plazas de fiscales, 12 equipos t¨¦cnicos completos y 30 funcionarios auxiliares. Todo un hito en comparaci¨®n con el ¨²ltimo e ineficaz periodo de mandato de la ministra Mariscal de Gante. Sin embargo, preocupan algunas improvisaciones de ¨²ltima hora, como las condiciones de contrataci¨®n y formaci¨®n del personal de algunos centros de iniciativa privada, tal y como ha ocurrido en Madrid.

La ejecuci¨®n de las medidas impuestas por el juez corresponde a las entidades de protecci¨®n de menores de las comunidades aut¨®nomas, a las que se atribuye la provisi¨®n de centros y especialistas en las ¨¢reas de la educaci¨®n y reinserci¨®n del menor delincuente. Es en la provisi¨®n de centros de internamiento donde est¨¢ el punto flaco en la aplicaci¨®n de la ley. Las autonom¨ªas conocen el proyecto desde hace cuatro a?os y han dispuesto de un a?o de vacatio legis para asumir su cuota. Cierto que a algunas, como Andaluc¨ªa, el coste de la ley se les puede disparar por encima de los 15.000 millones de pesetas, pero nadie puede decir que le ha cogido de sorpresa algo que se lleva negociando desde hace tres a?os. A ellas les cabe una parte no menor de responsabilidad en el espect¨¢culo que se est¨¢ dando.