Chamizo y CC OO asesorar¨¢n a los inmigrantes en situaci¨®n irregular

A la conclusi¨®n de su encuentro de ayer para analizar la situaci¨®n social de Andaluc¨ªa, ambos coincidieron en la necesidad de emprender acciones -ya sea en el campo o en el servicio dom¨¦stico, donde trabaja un gran n¨²mero de mujeres inmigrantes-, para solucionar, seg¨²n Chamizo, 'los graves problemas a los que se tienen que enfrentar los extranjeros no regularizados'. El defensor del pueblo valor¨® en 1.200 millones la cantidad que los inmigrantes que trabajan en la comunidad enviaron el pasado a?o a sus familiares, lo que supone 'que en Andaluc¨ªa se queda mucho m¨¢s'.

Adem¨¢s, Chamizo asegur¨® que varios empresarios se han dirigido a su oficina para solicitar mano de obra inmigrante, concretamente unas 200 personas, 'dejando patente la necesidad de estos trabajadores para el campo andaluz'. Por ello, exigi¨® la normalizaci¨®n de la situaci¨®n de estos empleados 'que a veces no pueden trabajar, a pesar de la demanda, porque no tienen papeles'. 'Si hay necesidad de mano de obra deber¨ªamos ver qu¨¦ tenemos que hacer para solucionarlo', indic¨®. Ruiz y Chamizo coincidieron en rechazar el llamamiento del delegado de Estado para la Extranjer¨ªa, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, a los ayuntamientos del PP para que no empadronen a los inmigrantes, una actitud que 'puede fomentar la aparici¨®n de conatos xen¨®fobos'.

Por su parte, Andaluc¨ªa Acoge inform¨® que no empadronar a un inmigrante, aunque sea irregular, no s¨®lo constituye una infracci¨®n administrativa penada por la Ley de Extranjer¨ªa, sino que puede ser un delito de discriminaci¨®n tipificado en el C¨®digo Penal (art. 511). Su presidente, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, advirti¨® que 'llover¨¢n querellas' contra los funcionarios que, siguiendo las recomendaciones de Fern¨¢ndez-Miranda, se nieguen a incluir en el padr¨®n a los inmigrantes irregulares, informa Leonor Garc¨ªa.

'La responsabilidad de meter a la gente en esta confusi¨®n es del Gobierno. No comprendemos c¨®mo el delegado para la Extranjer¨ªa aconseja a los ayuntamientos que realicen actos de discriminaci¨®n castigados en la ley aprobada por ellos mismos', dijo y advirti¨® que la responsabilidad pol¨ªtica ser¨¢ del Gobierno, pero la penal corresponder¨¢ a los funcionarios que incumplan la resoluci¨®n que obliga al empradronamiento, a¨²n de los irregulares, y que fue publicada en el BOE el 25 de julio de 1997.