Ahora sabemos qui¨¦n criminaliza a los inmigrantes

Hace tres meses nos formul¨¢bamos (?Qui¨¦n criminaliza a qui¨¦nes?, EL PA?S, 27 octubre de 2000) unas preguntas relativas a la falta de utilizaci¨®n de algunas experiencias hist¨®ricas a la hora de trazar pol¨ªticas migratorias. Ahora, puesto descaradamente de manifiesto cu¨¢l es la verdadera pol¨ªtica del Estado espa?ol al respecto, muy poco se puede decir de la negativa a tener en cuenta aquellas experiencias.

No se trata de analizar hechos que han venido ocurriendo en estos tres meses. Todos ellos son reveladores de una decidida actitud refractaria frente a los fen¨®menos migratorios que actualmente nos descubren los procesos de mundializaci¨®n de los m¨¢s variados aspectos de la vida social, laboral y cultural de todos los pueblos de la tierra. Parecer¨ªa que Espa?a est¨¢ volviendo la espalda al propio acontecer contempor¨¢neo, como ocurri¨® anta?o cuando se cerr¨® a cal y canto, despu¨¦s de la guerra civil, y cuando, por el contrario, fue expulsor de grandes oleadas de inmigrantes.

Debe decirse que, en temas de inmigraci¨®n, se est¨¢ produciendo una neta separaci¨®n de las pol¨ªticas que tratan de poner en marcha algunos pa¨ªses del entorno. Bien es verdad que la UE deja en libertad a sus miembros para actuar en este terreno de la inmigraci¨®n. Por tanto -como ha dicho Samir Nair-, no es verdad que Espa?a act¨²e as¨ª por imposici¨®n de directivas europeas. Pero lo est¨¢ haciendo al tiempo que se discut¨ªa y se aprobaba en Niza una Carta de los derechos fundamentales. Los derechos a la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadan¨ªa y la justicia que la carta pretende sancionar, configuran el m¨¢ximo de los derechos civiles en una Europa donde se manifiestan vistosos fen¨®menos de extremismo reaccionario contra los extranjeros, algunos de claro corte fascista.

Europa pretende alcanzar una Constituci¨®n de los ciudadanos, para superar la Europa de los mercados y de los banqueros, aunque lo haya hecho mediante un procedimiento en el que los propios ciudadanos han estado hasta ahora marginados, pues la redacci¨®n de la carta (por representantes oficiales) no ha recibido todav¨ªa reconocimiento por ning¨²n procedimiento que le otorgue legitimidad democr¨¢tica. Mientras tanto, Espa?a parece rechazar esta tentativa cuando no s¨®lo sanciona una ley org¨¢nica (4/2000) que viola muchos de los derechos que la Carta Europea instituye, sino que con muchas otras pr¨¢cticas respecto de los inmigrantes demuestra una irrefrenable resistencia a la incorporaci¨®n de ¨¦stos en la sociedad local. Los reiterados ejemplos de discriminaci¨®n puestos de manifiesto por las autoridades encargadas de tratar con los no residentes y, en especial, con aquellos que terminan clasificados como 'ilegales', como consecuencia de una irracionalidad incomprensible, se han visto definitivamente expuestos en su m¨¢xima expresi¨®n con el tr¨¢gico suceso de Lorca. All¨ª ha quedado demostrada cu¨¢l es la verdadera pol¨ªtica inmigratoria espa?ola -es decir, criminalizadora-, si por pol¨ªtica puede entenderse la facilitaci¨®n de la explotaci¨®n de los inmigrantes ilegales, los cuales, por esta condici¨®n en que los coloca el Estado espa?ol, quedan sometidos a las m¨¢s aberrantes operaciones de sometimiento y expolio, a una verdadera esclavitud.

La ilegalizaci¨®n de inmigrantes que entran en territorio espa?ol, ejerciendo un derecho fundamental de todo individuo, es el resultado de una negativa a implantar m¨¦todos que faciliten el desarrollo com¨²n de ambos pa¨ªses: Espa?a como receptor y los que, no estando incluidos en la UE, facilitan mano de obra y medios de creaci¨®n de riqueza est¨¢n obligados a concertar acuerdos que regulen los flujos migratorios. Francia y Marruecos est¨¢n discutiendo un proyecto de acuerdo en ese sentido. Para el caso, como para Espa?a con el Magreb y, sobre todo, con los pa¨ªses latinoamericanos, existen fuertes motivos hist¨®rico-culturales para proceder de tal manera. En consecuencia, es plenamente v¨¢lida la pregunta acerca de cu¨¢les son las razones por las que Espa?a, con un pasado multicultural tan rico, hoy se cierre y se niegue a aceptar que la inmigraci¨®n no es ¨²nicamente una cuesti¨®n criminal. Parece que exista un deseo de facilitar el enriquecimiento de productores y peque?os industriales locales. Los ya olvidados acontecimientos de El Ejido y la repercusi¨®n que en la econom¨ªa y la banca local tuvo la presencia de trabajadores inmigrantes se vuelven a presentar con el suceso de Lorca, aumentado por los aspectos tr¨¢gicos que lo rodearon. ?No hubiera sido mucho m¨¢s racional acordar con Ecuador, un pa¨ªs que se encuentra quebrado y dependiendo de las remesas que sus inmigrantes puedan enviar -como en tantos otros pa¨ªses afectados hoy por la globalizaci¨®n-, un sistema de organizaci¨®n de flujos, temporal y num¨¦rico, de forma que todos los inmigrantes quedasen amparados por una regulaci¨®n para su residencia y permiso de trabajo. Y no, reci¨¦n ocurrido el suceso de Lorca, que el secretario para la Inmigraci¨®n corra a Ecuador para proponer ahora un hip¨®crita arreglo? Es de tal magnitud la presencia de ecuatorianos en Lorca y tan valiosos sus aportes a la producci¨®n agr¨ªcola local que no cabe otra interpretaci¨®n acerca de c¨®mo debe comportarse un pa¨ªs maduro y democr¨¢tico que pretenda actuar dentro de los marcos del Estado social y de derecho. Toda interpretaci¨®n sobre la Constituci¨®n nos coloca en la relaci¨®n que debe existir entre esa Constituci¨®n y la democracia. Se niega tal relaci¨®n si se dejan de propugnar como valores superiores de su ordenamiento jur¨ªdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico (art. 1.1 CE), que es lo que el Estado espa?ol est¨¢ haciendo con los inmigrantes.motivos hist¨®rico-culturales para proceder de tal manera. En consecuencia, es plenamente v¨¢lida la pregunta acerca de cu¨¢les son las razones por las que Espa?a, con un pasado multicultural tan rico, hoy se cierre y se niegue a aceptar que la inmigraci¨®n no es ¨²nicamente una cuesti¨®n criminal. Parece que exista un deseo de facilitar el enriquecimiento de productores y peque?os industriales locales. Los ya olvidados acontecimientos de El Ejido y la repercusi¨®n que en la econom¨ªa y la banca local tuvo la presencia de trabajadores inmigrantes se vuelven a presentar con el suceso de Lorca, aumentado por los aspectos tr¨¢gicos que lo rodearon. ?No hubiera sido mucho m¨¢s racional acordar con Ecuador, un pa¨ªs que se encuentra quebrado y dependiendo de las remesas que sus inmigrantes puedan enviar -como en tantos otros pa¨ªses afectados hoy por la globalizaci¨®n-, un sistema de organizaci¨®n de flujos, temporal y num¨¦rico, de forma que todos los inmigrantes quedasen amparados por una regulaci¨®n para su residencia y permiso de trabajo. Y no, reci¨¦n ocurrido el suceso de Lorca, que el secretario para la Inmigraci¨®n corra a Ecuador para proponer ahora un hip¨®crita arreglo? Es de tal magnitud la presencia de ecuatorianos en Lorca y tan valiosos sus aportes a la producci¨®n agr¨ªcola local que no cabe otra interpretaci¨®n acerca de c¨®mo debe comportarse un pa¨ªs maduro y democr¨¢tico que pretenda actuar dentro de los marcos del Estado social y de derecho. Toda interpretaci¨®n sobre la Constituci¨®n nos coloca en la relaci¨®n que debe existir entre esa Constituci¨®n y la democracia. Se niega tal relaci¨®n si se dejan de propugnar como valores superiores de su ordenamiento jur¨ªdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico (art. 1.1 CE), que es lo que el Estado espa?ol est¨¢ haciendo con los inmigrantes.

Roberto Bergalli es jefe de estudios en Criminolog¨ªa y Pol¨ªtica Criminal de la UB.