El Gobierno cree que el fallo sobre el sueldo de funcionarios quita competencias a las Cortes

Rajoy asegur¨® que nunca hab¨ªa visto 'nada igual' porque la sentencia 'rompe las reglas del juego' ya que 'impide al Gobierno hacer pol¨ªtica econ¨®mica y al Parlamento aprobar los Presupuestos'. El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, revel¨® que el recurso del Gobierno contra la sentencia se basar¨¢ en que la congelaci¨®n salarial no fue consecuencia de un acto administrativo sino de una ley aprobada en el Parlamento.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu¨¦, critic¨® el fallo desde la perspectiva internacional: 'Esta sentencia no ha tenido en cuenta las condiciones para estar en la Uni¨®n Europea'. El titular de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, expres¨® su convicci¨®n de que el Gobierno ganar¨¢ el recurso. P¨ªo Cabanillas, ministro portavoz, opin¨® que la sentencia cuestiona 'el equilibrio normal del sistema de poderes'. Crist¨®bal Montoro, de Hacienda, record¨® que si finalmente hay que pagar alguna cantidad tras la sentencia de la Audiencia 'van a ser los trabajadores espa?oles los que acabar¨¢n pagando esa cifra'. Seg¨²n los c¨¢lculos de CC OO, cada funcionario deber¨ªa cobrar entre 200.000 pesetas (para aquellos que tienen ingresos de 1,5 millones al a?o) y 677.000 (para los que ganan cinco millones) en aplicaci¨®n de la sentencia.

Rectificaci¨®n

El vicepresidente primero anunci¨® que el Ejecutivo 'agotar¨¢ todas las posibilidades legales a su alcance' para que 'el poder legislativo recupere su facultad de aprobar los Presupuestos'. Pese a que la Audiencia se?ala en su sentencia que no es posible el recurso de casaci¨®n, Rajoy insisti¨® en defender la presentaci¨®n de un recurso 'en el que se pide al mismo ¨®rgano que rectifique el criterio y la posici¨®n'. El argumento que emplear¨¢ el Gobierno en el recurso es que la sentencia no afecta estrictamente 'a un asunto de pol¨ªtica de personal ya que priva al Parlamento de una de sus funciones b¨¢sicas', que es la aprobaci¨®n del Presupuesto.

La congelaci¨®n salarial fue una de las primeras decisiones que adopt¨® el reci¨¦n constituido Gobierno del PP, en julio de 1996. El encargado de ejecutar aquella medida fue Rajoy, que era ministro de Administraciones P¨²blicas, con el argument¨® de que la congelaci¨®n era 'absolutamente necesaria' para que Espa?a cumpliera los objetivos de convergencia con la Uni¨®n Europea, que se concretaban en una reducci¨®n del d¨¦ficit del 4,4%, en 1996, al 3% en 1997. Calculaba que la medida originar¨ªa un ahorro de 200.000 millones de pesetas al erario p¨²blico.

Rajoy record¨® ayer los aspectos jur¨ªdicos del caso: 'La Constituci¨®n establece que los Presupuestos los aprueban las Cortes Generales' y que, por tanto, el conflicto ser¨ªa entre el Parlamento y el Poder Judicial. En este sentido, dirigi¨® un gui?o a la oposici¨®n: 'Tiene que pensar que se puede quedar sin la posibilidad de controlar al Gobierno en un tema de tanta importancia como los Presupuestos'. La presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, del PP, expres¨® 'su preocupaci¨®n por las posibles implicaciones que el contenido de esta sentencia pudiera tener en la potestad legislativa de la C¨¢mara y, concretamente, en sus competencias sobre el examen, enmienda y aprobaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado'. Rudi pidi¨® un estudio a los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara.

El secretario general del PP, Javier Arenas, hizo un llamamiento al PSOE para que se una al PP 'en la defensa del modelo de Estado, que pasa por defender las competencias del Congreso y del Senado', informa Concha Monserrat.

El PSOE considera que no cabe recurso, sino tan s¨®lo el acatamiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, que anula la congelaci¨®n salarial aplicada a los funcionarios en 1997, y el comienzo inmediato de negociaciones entre el Gobierno del PP y los representantes de los funcionarios. Por ello, el Grupo Socialista presentar¨¢ en breve una proposici¨®n no de ley por la que se insta al Ejecutivo a que emprenda el di¨¢logo. 'Estoy seguro de que los sindicatos van a ser responsables y sus peticiones ser¨¢n razonables', dijo el portavoz del Grupo Socialista, Jes¨²s Caldera. Tras esa presumible prudencia est¨¢ la tesis de los socialistas de que los pagos deben ser 'escalonados' para no abrir un agujero inmenso en las arcas del Estado. 'El incremento salarial se puede abonar en varias anualidades', recomend¨® Caldera. Para este portavoz, 'no hay cauce' para el recurso ante este fallo judicial, que pone de manifiesto la p¨¦rdida del poder adquisitivo de los funcionarios a?o tras a?o, ante 'la insensibilidad del Gobierno, que ha demostrado que no es precisamente el campe¨®n del di¨¢logo social'.