El tribunal del 'caso de las tragaperras' analiza si los delitos ya han prescrito

La sala de la Audiencia de Vizcaya que juzga el caso de las tragaperras decidi¨® ayer suspender la vista iniciada contra los dos funcionarios del Gobierno vasco implicados en el esc¨¢ndalo de la supuesta venta ilegal de licencias de m¨¢quinas de juego para determinar si los delitos imputados por la acci¨®n popular a Josu Abrisketa Lizeranzu, cargo p¨²blico de EA, y Alfredo Pe?a Barrondo han prescrito, ya que han transcurrido nueve a?os desde la 'eventual comisi¨®n del delito'. Fue el letrado de Abrisketa, Javier Otaola, quien defendi¨® en la sesi¨®n de ayer que los hechos han prescrito y que se ejerci¨® la acusaci¨®n contra otras personas (Portuondo y el ex director de Hacienda de Vizcaya I?aki Gori) y por delitos de otra naturaleza (prevaricaci¨®n y cohecho).

Sumario de Vitoria

La letrada de la acci¨®n popular, Mar¨ªa Jos¨¦ Carrera, defendi¨® tambi¨¦n la suspensi¨®n de la vista al no haberse aportado a la causa que ahora se pretende enjuiciar las diligencias que en su d¨ªa instruy¨® el Juzgado n¨²mero 3 de San Sebasti¨¢n -ahora en curso en un juzgado de Vitoria- sobre la empresa operadora de m¨¢quinas recreativas de tipo B Insumec; en concreto, un informe 'emitido en dicho procedimiento por los peritos destinados por la Guardia Civil', C¨¦sar V¨¢zquez y Jes¨²s Montes, citados en el juicio.

La acci¨®n popular considera que entre 1985 y 1989 el Departamento de Interior, entonces dirigido por el peneuvista Luis Mar¨ªa Retolaza, concedi¨® unas 8.000 licencias irregulares para explotar m¨¢quinas recreativas del tipo B, por valor aproximado de 5.000 millones. Durante la instrucci¨®n, varios testigos aseguraron ante el juez que parte de ese dinero sirvi¨® para financiar ilegalmente al PNV.

El considerable aumento de estos permisos gener¨® 'una importante alarma social y dio lugar a una denuncia [en 1990] por la que se iniciaron las presentes actuaciones', indica la acusaci¨®n. Y a?ade, adem¨¢s, que la 'constatada ausencia de la documentaci¨®n legalmente exigida para la concesi¨®n de aquellos permisos ha supuesto un grave da?o a la causa p¨²blica, impidiendo la culminaci¨®n de las investigaciones, tanto en sede administrativa (Tribunal Vasco de Cuentas), como en sede judicial, para clarificar y determinar el alcance concreto del fraude y sus responsables'.

Los responsables de la desaparici¨®n de esta documentaci¨®n, seg¨²n la acusaci¨®n, ser¨ªan Abrisketa y a Pe?a. 'Ten¨ªan capacidad de actuaci¨®n sobre la documentaci¨®n y eran responsables de la misma'; 'estudiaban y propon¨ªan' las autorizaciones administrativas de los permisos de explotaci¨®n de m¨¢quinas recreativas, y eran los 'receptores de la documentaci¨®n que para ello aportaban las empresas operadoras'. Las defensas indican que Abrisketa, que dej¨® la Direcci¨®n de Juego en julio de 1990, nunca tuvo 'responsabilidad espec¨ªfica en materia de archivo o custodia de documentos'. Y advierte del intento de la acusaci¨®n de 'realizar un juicio moral o medi¨¢tico post mortem' a Portundo con la lista de testigos propuesta (59), entre ellos Pepe Rei.