Pinochet y Manzanas

El procesamiento de Pinochet como coautor de 57 ejecuciones y 18 secuestros perpetrados en Antofagasta por la caravana de la muerte (el general Joaqu¨ªn Lagos ha dado un espeluznante testimonio de esa operaci¨®n de exterminio realizada en octubre de 1973 por los militares golpistas) premia la labor de dos ejemplares magistrados. El juez chileno Juan Guzm¨¢n acept¨® a tr¨¢mite el 29 de enero de 1998 la primera querella -hoy superan las 200- contra el antiguo dictador; sin embargo, el fuero de senador vitalicio y la condici¨®n de ex jefe de Estado parec¨ªan asegurarle la impunidad. El litigio dio un giro espectacular cuando el juez Baltasar Garz¨®n, aprovechando un viaje a Londres de Pinochet, solicit¨® en octubre de 1998 su extradici¨®n a Espa?a.

En marzo de 1999 la C¨¢mara de los Lores dio luz verde a la extradici¨®n a Espa?a del antiguo dictador, pero el ministro del Interior brit¨¢nico resolvi¨® un a?o despu¨¦s dejarle en libertad por motivos de salud. La perseverancia de Garz¨®n para obtener la extradici¨®n de Pinochet (frente a la encastillada oposici¨®n del fiscal de la Audiencia Nacional) tuvo un equivalente no menos elogiable en el juez chileno, que prosigui¨® las instrucci¨®n de las querellas sin aguardar siquiera el regreso a su pa¨ªs del acusado en marzo de 2000.

El procesamiento de Pinochet por la justicia chilena ha sido interpretado desvergonzadamente por algunos medios de comunicaci¨®n espa?oles no como la confirmaci¨®n del acierto legal de Garz¨®n y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al reclamar su extradici¨®n, sino como la prueba de la supuesta correcci¨®n del fiscal Fungairi?o -un hombre de confianza del Gobierno de Aznar- al oponerse. Nada m¨¢s falso. De un lado, el juez espa?ol abri¨® la nueva din¨¢mica pol¨ªtico-jur¨ªdica que ha hecho posible el encausamiento del antiguo dictador por el juez chileno. De otro, la obcecada resistencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional a reconocer la jurisdicci¨®n espa?ola sobre el caso no s¨®lo esgrimi¨® motivos procesales err¨®neos (desmontados luego por los tribunales brit¨¢nicos), sino tambi¨¦n argumentos pol¨ªticos ultraderechistas. Seg¨²n la Nota sobre la jurisdicci¨®n de los tribunales espa?oles firmada por Fungairi?o el 2 de octubre de 1997, el golpe de Estado chileno estuvo justificado por 'la creencia de que el r¨¦gimen de Salvador Allende acabar¨ªa con las estructuras pol¨ªticas tradicionales chilenas' e implicaba l¨®gicamente 'la eliminaci¨®n f¨ªsica de todo rasgo de disidencia pol¨ªtica'. Respaldado por el fiscal general Jes¨²s Cardenal, Fungairi?o neg¨® tambi¨¦n que las Fuerzas Armadas Chilenas pretendieran subvertir el orden constitucional cuando derribaron a un Gobierno leg¨ªtimanente elegido en las urnas y bombardearon el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973: s¨®lo se propon¨ªan su 'sustituci¨®n temporal'.

La concesi¨®n a un c¨¦lebre torturador de la polic¨ªa pol¨ªtica franquista -asesinado por ETA en 1968- de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las V¨ªctimas del Terrorismo aconseja examinar de nuevo una objeci¨®n a la extradici¨®n de Pinochet planteada por chilenos que combatieron a su dictadura. ?Pueden los tribunales de un pa¨ªs como Espa?a, que bas¨® su salida del franquismo sobre la reconciliaci¨®n entre los vencedores y los vencidos y el olvido por las v¨ªctimas de los cr¨ªmenes de sus verdugos, juzgar a otros pa¨ªses que cancelaron sus cuentas con el pasado autoritario de manera diferente?

La condecoraci¨®n concedida a Melit¨®n Manzanas obliga igualmente a reflexionar sobre algunos pol¨¦micos aspectos de la transici¨®n espa?ola a la democracia: aunque el saldo haya sido indudablemente positivo, ser¨ªa absurdo negar la existencia de costes, inferiores a los beneficios logrados, pero en s¨ª mismos elevados. De no haber sido asesinado, los gobiernos de la democracias probablemente habr¨ªan recurrido a los servicios de Manzanas, al igual que hicieron con otros miembros de la polic¨ªa pol¨ªtica franquista, tales como Conesa, Billy el Ni?o, los hermanos Creix, Ballesteros, Mart¨ªnez Torres y Amedo.

El Ejecutivo ha tratado de quitarse de encima esa Gran Cruz invocando la aprobaci¨®n un¨¢nime (PNV y EA incluidos) de la Ley de Solidaridad con las V¨ªctimas de 8 de octubre de 1999. Pero tampoco en este caso la tendencia del Gobierno de Aznar a no asumir sus responsabilidades espec¨ªficas tiene defensa: el Reglamento aprobado el 23 de diciembre de 1999 designa Canciller de la Real Oden al ministro de la Presidencia, encargado de instruir los expedientes de las condecoraciones y de elevar las correspondientes propuestas al Consejo de Ministros, al que corresponde aprobar -sin automatismos- su concesi¨®n.