El poder y la justicia

Menos de un a?o despu¨¦s de alcanzar la mayor¨ªa absoluta, ya se han manifestado en el PP casi todos los malos usos que llevaron al PSOE a perderla. El desprecio por el acuerdo con otras fuerzas ha conducido a una modificaci¨®n de la anterior y consensuada Ley de Extranjer¨ªa, que est¨¢ provocando muchos m¨¢s problemas que de haberla mantenido. El culto al l¨ªder, la irritaci¨®n ante las cr¨ªticas, la resistencia a dar explicaciones, la contraposici¨®n entre opini¨®n p¨²blica y publicada son otros rasgos asociados a la euforia de la mayor¨ªa que se repiten. Faltaba para completar el cuadro una ofensiva contra el Poder Judicial, acusado de invadir terrenos del Ejecutivo. Pero ya est¨¢ aqu¨ª.

Tras una legislatura completamente ayuna de pol¨ªtica judicial, el Gobierno inici¨® la actual con la propuesta de un ambicioso pacto de Estado para la reforma de la justicia. Se trataba, seg¨²n el programa electoral, de responder a la necesidad de que el Poder Judicial 'recupere su prestigio' y sea garant¨ªa de 'una justicia independiente, r¨¢pida y eficaz, servida por jueces y magistrados profesionales, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley'. De esa propuesta nada ha vuelto a saberse, pero estos d¨ªas Aznar y el ministro Acebes han anunciado una reforma en profundidad, cuya urgencia vendr¨ªa justificada por 'lo que est¨¢ ocurriendo'. Es decir, por las recientes resoluciones judiciales en las que los tribunales han enmendado la plana al Gobierno: el indulto del juez G¨®mez de Lia?o y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelaci¨®n salarial de los funcionarios.

No es que el Gobierno rechace que los tribunales tengan algo que decir al respecto, sino que digan algo distinto de lo que quiere que digan. Por ello, existe la fundada sospecha de que m¨¢s que un pacto sobre los problemas de la justicia lo que hay es el intento unilateral de resolver desde la mayor¨ªa parlamentaria los problemas del Gobierno con los jueces.

Es lo que se desprende tanto de las declaraciones de algunos gobernantes como de las invitaciones de medios pr¨®ximos a utilizar la mayor¨ªa absoluta para disciplinar a los tribunales, empe?ados en actuar por su cuenta, irresponsablemente, sin medir los efectos de sus resoluciones, etc¨¦tera. As¨ª, el objetivo de la reforma no ser¨ªa tanto resolver los problemas de los ciudadanos que recurren a la justicia como 'que se respeten los poderes de este Gobierno y de los que vengan', en palabras de Aznar. Un mensaje que, de entrada, contrasta vivamente con la actitud del PP en la oposici¨®n, cuando apoyaba cualquier iniciativa judicial que pudiera debilitar al Gobierno. A¨²n m¨¢s significativo es el llamamiento de sus mayordomos en ciertos medios de comunicaci¨®n, que instan al Ejecutivo a utilizar su mayor¨ªa para modificar las reglas del juego.

Se est¨¢n confundiendo, por tanto, los problemas de credibilidad y eficacia de la justicia, que es lo que preocupa a los ciudadanos, con las querellas del Ejecutivo con el Poder Judicial. Es cierto que existe un problema de p¨¦rdida de credibilidad de la justicia relacionado con su politizaci¨®n, pero no se entiende c¨®mo puede contribuir a devolv¨¦rsela el empe?o del Gobierno en indultar a un juez condenado por prevaricaci¨®n y precisamente en relaci¨®n a un intento, impulsado desde el Gobierno, de neutralizar a un grupo de comunicaci¨®n cr¨ªtico, y es bastante incoherente querer limitar el poder corporativo de los jueces sustituyendo el actual sistema parlamentario de nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial por un sistema de elecci¨®n corporativa por los propios jueces.

Los problemas m¨¢s acuciantes de la justicia tienen que ver con su escasa calidad: con la inadecuaci¨®n de la formaci¨®n de los jueces para los conflictos que tienen que resolver y con las cuestiones de procedimiento y falta de medios que la hacen desesperadamente lenta. El Gobierno parece haber relegado a segundo plano estos problemas, los que m¨¢s preocupan a los ciudadanos y los que justifican la reforma. Las reglas del juego y la divisi¨®n de poderes est¨¢n perfectamente delimitadas y garantizadas en la Constituci¨®n y en las leyes org¨¢nicas de desarrollo constitucional. Y los conflictos que puedan surgir entre los distintos poderes tienen cauces donde dirimirse que nadie ha cuestionado en los m¨¢s de cuatro lustros de democracia.

Si el Gobierno quiere resolver los problemas de la justicia, que empiece por tener una pol¨ªtica judicial seria -nadie le discute sus competencias en ese ¨¢mbito- y por poner en marcha el olvidado pacto de Estado propuesto a las fuerzas pol¨ªticas. Como no se resuelven esos problemas es deslegitimando a los tribunales porque no gustan sus resoluciones o pretendiendo buscarles las vueltas con reformas legales a la carta.