El delegado de la Zona Franca gestion¨® sus negocios desde el despacho oficial, seg¨²n el PSOE

El pasado 11 de octubre de 2000, Manuel Rodr¨ªguez de Castro recibi¨® en su correo electr¨®nico -a nombre de la Zona Franca- varios documentos remitidos por Jos¨¦ Luis Almeida, con el que participa en la empresa Oda m¨®viles, dedicada a la comercializaci¨®n de aparatos y accesorios de telefon¨ªa e inform¨¢tica. Su socio le remite la relaci¨®n de pagos y los tr¨¢mites a efectuar para la apertura de un punto de venta de la empresa en el centro comercial Larios, en M¨¢laga, donde posee un stand. En el mismo env¨ªo le remite los logotipos de la empresa. El correo electr¨®nico fue distribuido, por error, al correo general del organismo fiscal, al que puede acceder cualquier trabajador de la Zona Franca gaditana. El PSOE asegura haber recibido los documentos 'de forma an¨®nima'. Rodr¨ªguez de Castro declin¨® ayer confirmar la existencia de esa comunicaci¨®n as¨ª como responder si es usual que haga gestiones privadas desde su despacho p¨²blico.

Incompatibilidad

El delegado de la Zona Franca de C¨¢diz administra o pertenece a los consejos de administraci¨®n de cinco empresas privadas y cuatro p¨²blicas. El Ministerio de Administraciones P¨²blicas est¨¢ tramitando un expediente para dictaminar si incurre en incompatibilidad alguna, ya que, como alto cargo, est¨¢ invalidado para poseer empresas privadas, salvo en los casos que afectan a su patrimonio.

Rodr¨ªguez de Castro no ha respondido con claridad hasta ahora a estas cuestiones. Por un lado, sostiene que las empresas en las que participa no tienen actividad, lo que supone una contradicci¨®n con la ley, que s¨®lo le permite la posesi¨®n de empresas para administrar su patrimonio. Adem¨¢s, otra de las firmas, Netharssis S.L., dedicada a la gesti¨®n de sociedades mercantiles, est¨¢ registrada en la misma direcci¨®n de Madrid del gabinete de apoyo a la Zona Franca gaditana, departamento que ha cobrado 23 millones de pesetas por sus servicios en los ¨²ltimos a?os. En otros casos, como el de Trasnteech Internacional, la actividad de la empresa (telecomunicaciones) coincide con alguna de las actividades que se desarrollan en la Zona Franca gaditana. Los socialistas creen que estos datos confirman que en la gesti¨®n del delegado del Estado 'no hay separaci¨®n entre lo p¨²blico y lo privado' y que 'desde su despacho oficial dirige tambi¨¦n su entramado privado de empresas', seg¨²n afirm¨® ayer en rueda de prensa, Francisco Gonz¨¢lez Caba?a, secretario general del PSOE.

'Cada documento que aparece, cada respuesta que da el Gobierno viene a confirmar que en el Consorcio Zona Franca si algo ha desaparecido no son los papeles, sino la l¨ªnea que tiene que delimitar lo p¨²blico de lo privado. Nos preocupa si lo que est¨¢ desapareciendo son los papeles que pedimos los socialistas. Resulta altamente mosqueante que sigan desapareciendo papeles en ese entorno tan cerrado y herm¨¦tico y que puedan ser los papeles que estamos pidiendo hace mucho tiempo', dijo Gonz¨¢lez Caba?a.

La limusina de Miami

Los socialistas introdujeron ayer en el debate la posible existencia de una factura a cargo del organismo fiscal gaditano por el alquiler de una limusina en Miami (EE UU), realizado por el delegado de la Zona Franca. 'Al parecer, se hizo uso de una limusina, de un coche de alto standing en un viaje a Miami y no aparece por ning¨²n sitio la factura', denunci¨® Gonz¨¢lez Caba?a.

Fuentes de la Zona Franca cifraron en torno a las 600.000 pesetas el alquiler de ese veh¨ªculo de lujo, cuya factura creen que podr¨ªa estar en la caja fuerte del delegado y que no ha sido ni contabilizada ni pagada a¨²n. 'No nos consta el alquiler de ninguna limusina, y menos por 600.000 pesetas', contest¨® ayer Rodr¨ªguez de Castro a trav¨¦s de un portavoz oficial de la Zona Franca.

Tanto Caba?as como Antonio Perales, y Jos¨¦ Fern¨¢ndez Chac¨®n, acusaron al delegado del Estado de haber 'despojado a Zona Franca de su esencia original, el comercio de exportaci¨®n e importaci¨®n, para convertir el organismo en un monopolio de gesti¨®n inmobiliaria que compite con las empresas de la provincia', lo que representa 'un claro caso de intervencionismo que pone en peligro la libre competencia'.