Sobre el impuesto a los dep¨®sitos de las entidades de cr¨¦dito

El solo anuncio de que la Junta de Extremadura se propone enviar al Parlamento Extreme?o un proyecto de ley que grave los dep¨®sitos de las entidades de cr¨¦dito que operan en Extremadura ha generado todo tipo de comentarios y opiniones, unas respetuosas con el anuncio, y las m¨¢s, absolutamente contrarias a una ley que no conocen los ilustres opinadores. La mayor¨ªa de las 'pegas' que se citan no son nuevas porque ya fueron repetidas hasta la saciedad cuando hace una decena de a?os aprobamos, en Extremadura, un impuesto propio sobre los cotos de caza; entonces surgieron las mismas o parecidas voces diciendo aquello tan socorrido de que la ley era inconstitucional, que persegu¨ªa a los due?os de fincas cineg¨¦ticas, que no vendr¨ªa un solo cazador a Extremadura, que las explotaciones cineg¨¦ticas se trasladar¨ªan a las provincias lim¨ªtrofes, que atent¨¢bamos contra la libertad de mercado, que ¨ªbamos contra las directivas comunitarias, etc¨¦tera.

Causa estupor o¨ªr declarar inconstitucional una ley que no conocen pero que afecta a las pesetas

Nada de eso ocurri¨® con la ley de caza. Ni fue declarada anticonstitucional, ni se termin¨® la caza en Extremadura, ni se fueron las explotaciones cineg¨¦ticas a las provincias lim¨ªtrofes ni nada de nada; todo lo contrario; cada d¨ªa hay m¨¢s cotos de caza; los propietarios de los mismos ni han huido ni se han arruinado, la caza en Extremadura cada vez es m¨¢s apreciada, el mercado no se ha hundido, Europa no ha dicho nada respecto a este impuesto y cada a?o que pasa el precio de las dehesas aumenta sustancialmente en esta tierra. Desgraciadamente, a¨²n no he o¨ªdo a esos sumos sacerdotes de la econom¨ªa de mercado decir que estaban equivocados y que sus vaticinios fueron err¨®neos y conscientemente mentirosos; por el contrario, ahora vuelven de nuevo a la carga con los mismos y empalagosos argumentos, pretendiendo sentar c¨¢tedra desde el desconocimiento y desde el pensamiento ¨²nico, exclusivo y excluyente; pero ya se sabe que cuando se trata del dinero y de determinados privilegios son legiones los que inmediatamente aseguran verdades que cuando se trata de seres humanos no lo tienen tan claro.

Causa estupor o¨ªr a tanto economista del tres al cuarto declarar inconstitucional una ley que ni siquiera conocen, pero que afecta a la banca y a sus dep¨®sitos, es decir, a las pesetas, y sin embargo no decir ni una sola palabra de una ley ya publicada y que afecta a los seres humanos, a los inmigrantes, a los que esa ley priva de derechos tan fundamentales como los de reuni¨®n, manifestaci¨®n, asociaci¨®n y sindicaci¨®n, aqu¨ª s¨ª tienen dudas; aqu¨ª no se pronuncian con tanta contundencia sobre la constitucionalidad de la medida, de lo que deduzco que para esos opinadores tienen m¨¢s derechos a proteger los bancos que los seres humanos.

Si fuera cierto, como dice alg¨²n editorial, que 'Ibarra va contra los bancos', por crear una nueva figura impositiva, habr¨ªa que concluir que todo gobierno que obligue a pagar a alguien o a todos mediante un impuesto, ir¨¢ contra alguien o contra todos. Cuando llevo a?os diciendo que las CC AA no deber¨ªan financiarse con una parte del IRPF, porque ese impuesto no deber¨ªa trocearse, los mismos que defienden la tesis contraria, ahora acuden al argumento de que el impuesto que pretendemos crear rompe la unidad fiscal espa?ola. Los mismos que acusan a las CC AA de no querer comprometerse fiscalmente, son los que ponen el grito en el cielo cada vez que una comunidad aut¨®noma decide asumir el compromiso fiscal gravando aquellos sectores donde puede o decide hacerlo; ?c¨®mo si no podremos comprometer nuestra responsabilidad fiscal?; ?a qui¨¦n o a qui¨¦nes piensan ellos que podr¨ªamos imponer un gravamen?; ?tal vez apoyando que el trabajador pague un impuesto por encontrar un puesto de trabajo?, ?o quiz¨¢s recargando los impuestos indirectos o los especiales? Todav¨ªa no he o¨ªdo a un solo defensor de la unidad fiscal espa?ola criticar las deducciones que determinadas CCAA han ensayado a prop¨®sito de la cesi¨®n del 30% del IRPF a las Autonom¨ªas.

Mientras estas cosas se dicen, la situaci¨®n con la que nos encontramos las CC AA es la siguiente: el Gobierno del se?or Aznar nos obliga a un pacto de estabilidad, al d¨¦ficit cero, a ser corresponsables fiscalmente, a asumir competencias por la v¨ªa de hecho, tales como la Ley del Menor, sin aportar recursos para hacer frente a las mismas. Mientras el Gobierno sube la presi¨®n fiscal produci¨¦ndose una mayor recaudaci¨®n por la Agencia tributaria, las arcas de las CC AA no reciben la parte proporcional de esa mayor recaudaci¨®n para hacer frente a las competencias que tenemos asumidas y a las que los ciudadanos reclaman m¨¢s y mejores prestaciones. Ante esa situaci¨®n, un gobernante socialista tiene dos caminos: o reducir prestaciones bajando el pasivo o aumentar las prestaciones subiendo el activo; son dos opciones pol¨ªticas y yo elijo la segunda.

Y adem¨¢s puedo hacerlo; recuerdo a los defensores del centralismo impositivo que el Estatuto de Autonom¨ªa de Extremadura, en su art¨ªculo 58, 2,b, dice: 'La hacienda de la Comunidad estar¨¢ constituida por sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales'. De id¨¦ntica manera, en el Auto del Tribunal Constitucional 182/86, de 26 de febrero, se declar¨® lo siguiente: 'Si bien es cierto que el art¨ªculo 139.1 de la CE dispone que 'todos los espa?oles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado', tambi¨¦n lo es que en la misma se formulan los principios de suficiencia en las Haciendas locales y la autonom¨ªa financiera de las CC AA. Todo lo cual supone que, salvaguardada la identidad b¨¢sica de derechos y deberes de los espa?oles, las cargas fiscales que deban soportar puedan ser distintas. De ah¨ª que la CE prevea la existencia de tributos propios de las Haciendas locales y, por lo que respecta a las CC AA, de recargos sobre impuestos estatales, as¨ª como de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Estamos hablando de un impuesto propio que no interfiere ni en las figuras impositivas estatales (IVA e impuesto de sociedades), ya que el impuesto que pretendemos aprobar grava la captaci¨®n de dep¨®sitos por las entidades de cr¨¦dito, que es el paso previo para la creaci¨®n de beneficios gravados por el impuesto de sociedades. Tampoco interfiere en los impuestos locales (IBI, IAE, veh¨ªculos de tracci¨®n mec¨¢nica, plusval¨ªas o gastos suntuarios).

No se trata para nada de castigar a nadie; se trata de contribuir, por parte de aquellos que pueden, a desarrollar determinadas pol¨ªticas que un gobierno est¨¢ obligado a realizar. Se pretende con esta medida legislativa coadyuvar eficazmente al desarrollo econ¨®mico de Extremadura en los t¨¦rminos ordenados por el art¨ªculo 7?.10 del Estatuto de Autonom¨ªa y por el art¨ªculo 61.3 de dicho Estatuto, que subordina toda la riqueza de la regi¨®n en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, a los intereses generales de la Comunidad Aut¨®noma.

Si se cumplieran los vaticinios de los agoreros que dan por hecho la huida de las sucursales bancarias de Extremadura, se llevar¨ªan un bill¨®n cuatrocientos mil millones de pesetas, que es el pasivo captado en estos momentos en Extremadura; no creo que los extreme?os dejaran que su dinero se fuera tan f¨¢cilmente de Extremadura.

Por ¨²ltimo invito al se?or Montoro, ministro de Hacienda, a mantener una reuni¨®n donde yo le pueda explicar este impuesto que ¨¦l jam¨¢s hab¨ªa imaginado y, de paso, que ¨¦l me explique el bill¨®n y medio de pesetas que da a las el¨¦ctricas para hacer frente a la competencia y que yo tampoco hab¨ªa imaginado.

Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.