Paisaje en la batalla

El panorama que se le presenta al sector el¨¦ctrico espa?ol despu¨¦s de la frustrada fusi¨®n de Endesa e Iberdrola es desolador. Queda la constataci¨®n del fracaso de la liberalizaci¨®n el¨¦ctrica por su incapacidad para generar competencia efectiva; la erosi¨®n de la autoridad y credibilidad de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE); el escaso protagonismo del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC); una regulaci¨®n sectorial y de la competencia sumida en la incertidumbre, al pairo de la discrecionalidad del Gobierno, o el levantamiento de la veda de las empresas el¨¦ctricas espa?olas, acosadas por empresas for¨¢neas. La sensaci¨®n de provisionalidad y de desgobierno se ha apoderado del sector energ¨¦tico.

El problema b¨¢sico es no tener un modelo de sector energ¨¦tico que oriente los desarrollos regulatorios y la estructura industrial -

El reconocimiento de la ausencia de competencia en el mercado el¨¦ctrico constituye quiz¨¢ una nota positiva que, aunque deja en evidencia la 'liberalizaci¨®n' impulsada por el Gobierno desde 1996, permite albergar alguna esperanza de cambio de rumbo en la pol¨ªtica energ¨¦tica.

Por el camino ha quedado mancillada la credibilidad de la CNE, que, en todo un ejercicio de incoherencia, emiti¨® una opini¨®n favorable a la fusi¨®n y dedic¨®, sin embargo, el resto de su informe a explicar detalladamente, con un portentoso cruce de votos a favor y en contra pr¨¢cticamente en cada p¨¢rrafo, las razones por las que su opini¨®n debiera haber sido contraria.

Por su parte, el TDC, que emiti¨® un informe m¨¢s coherente, negaba la oportunidad de la operaci¨®n para a continuaci¨®n, a pesar de desconocer elementos fundamentales de la misma (el plan de cesi¨®n de activos presentado por las compa?¨ªas era ambiguo), compensar esas carencias de informaci¨®n con la imposici¨®n de unas duras condiciones, de muy diversa justificaci¨®n, y ha terminado siendo finalmente desautorizado por el Gobierno.

En los ¨²ltimos a?os hemos venido asistiendo a fijaciones arbitrarias de tarifas o de retribuciones por garant¨ªa de potencia sin metodolog¨ªa conocida para su determinaci¨®n; al establecimiento de ayudas de transici¨®n a la competencia condicionadas en cierta medida al funcionamiento del mercado de generaci¨®n, aunque m¨¢s explicadas por una negociaci¨®n Gobierno-compa?¨ªas que por una metodolog¨ªa justificada, y poco despu¨¦s, a su modificaci¨®n para convertirlas en un derecho de las empresas a cobrar una cantidad fija de forma incondicional.

Pero ahora se ha alcanzado el ¨¦xtasis de la discrecionalidad. Se rebajan las condiciones del TDC y se aplican unos criterios a la operaci¨®n Endesa-Iberdrola diferentes de los establecidos en el tratamiento de la operaci¨®n Fenosa-Cant¨¢brico s¨®lo unos pocos meses antes. Se introduce una modificaci¨®n sustantiva de la legislaci¨®n de competencia, mediante el Real Decreto 2/2001, en el tratamiento de un expediente concreto de fusi¨®n. Se aprovecha ese mismo expediente para realizar una segunda modificaci¨®n de los costes de transici¨®n a la competencia que, sorpresa, nos devuelve a la metodolog¨ªa inicial. Se decide un nuevo tratamiento para las plusval¨ªas de las desinversiones en centrales de generaci¨®n, creado ad hoc para la operaci¨®n en cuesti¨®n, con un sorprendente tratamiento discriminatorio para las empresas implicadas en la fusi¨®n respecto del aplicable a otras empresas del sector. Se esgrime el veto a algunos potenciales compradores de empresas espa?olas por la participaci¨®n del sector p¨²blico en su capital, para inmediatamente matizar que algunas participaciones p¨²blicas pueden ser menos p¨²blicas que otras, seg¨²n le parezca al Gobierno.

Se est¨¢ revelando con toda su crudeza el problema b¨¢sico: no tener un modelo de sector energ¨¦tico que oriente los desarrollos regulatorios e incluso la estructura industrial. El Gobierno se ha movido con espasm¨®dica y desconcertante facilidad entre una orientaci¨®n anglosajona (alta competencia, exigente segregaci¨®n de negocios, libertad de contrataci¨®n, dificultades para la concentraci¨®n, libertad de compraventa empresarial, poderes para un regulador independiente...) y una orientaci¨®n continental (formaci¨®n de un campe¨®n nacional a la espera de que llegue el prometido mercado ¨²nico europeo, integraci¨®n vertical, concentraci¨®n horizontal, m¨²ltiples mecanismos remuneradores en manos del Gobierno, regulador dependiente del Gobierno).

Todo modelo presenta ventajas e inconvenientes. El modelo anglosaj¨®n puede implicar la desnacionalizaci¨®n del sector y una mayor atomizaci¨®n, pero los precios energ¨¦ticos en Espa?a pueden acercarse bastante a su coste marginal, lo que es de mucho inter¨¦s para la industria y los consumidores. El modelo continental tiene el riesgo de que el fortalecimiento del campe¨®n nacional se realice a costa del consumidor, y que con ello s¨®lo se consiga retrasar la desnacionalizaci¨®n, si bien no hay que despreciar que una correcta expansi¨®n exterior puede traer ventajas adicionales a las que obtienen los accionistas. Pero tiene que haber una coherencia entre el modelo regulatorio y la estructura industrial.

La falta de modelo y de criterio en materia energ¨¦tica (no hay voluntad, ni mecanismos, ni instituciones que lo posibiliten) nos ha llevado a desarrollos regulatorios espasm¨®dicos e impredecibles, que no se agotan en los ejemplos recientes mencionados, y que prometen nuevos episodios para los que hemos perdido la capacidad de sorpresa. Lo ¨²nico es el deseo del Gobierno de retener la capacidad para decidir discrecionalmente sobre el futuro de las empresas.

Las reglas deben evolucionar porque lo hace la realidad, pero esta evoluci¨®n debe ser predecible, y el proceso, abierto y transparente. Las reglas del campeonato de f¨²tbol cambian con el tiempo, pero nadie duda de que siempre buscan el m¨¢ximo nivel de competencia en los partidos que juegan los equipos; nunca lo hacen a la mitad de una Liga, y mucho menos a la mitad de un partido, y no se dise?an para un club o un partido reglas diferentes de las que se aplican a los dem¨¢s. Desgraciadamente, hoy no se puede decir lo mismo de la energ¨ªa.

Luis Atienza y Javier de Quinto son, respectivamente, economista y profesor de la Universidad de San Pablo-CEU.