El PSOE denuncia que un sector del PP promueve el desprestigio del Cesid

Marsal mostr¨® ayer su 'extra?eza' por la 'tibia' reacci¨®n del Gobierno ante las noticias que implican a Calder¨®n en el golpe de Estado. Tanto el ministro portavoz, P¨ªo Cabanillas, como el de Defensa, Federico Trillo-Figueroa se limitaron el viernes a reiterar el contenido del comunicado difundido un d¨ªa antes por el Cesid, en el sentido de que las responsabilidades por la intentona golpista ya fueron depuradas, tanto por el Consejo Supremo de Justicia Militar como por el Tribunal Supremo, por lo que es una 'cosa juzgada'.

Ambos miembros del Ejecutivo expresaron adem¨¢s su respeto por el anuncio de Calder¨®n de que se reserva la posibilidad de ejercer acciones legales en defensa de su honor. Pero ninguno de los dos hizo una declaraci¨®n expresa de respaldo al director general ni una defensa de su inocencia en el 23-F.

Marsal record¨® que fue el Gobierno del PP el que nombr¨® a Calder¨®n en 1996, por lo que se supone que cuando lo hizo deb¨ªa estar convencido de que no tuvo ninguna responsabilidad en el golpe de Estado, independientemente de que se trate de un asunto juzgado, como dijeron los dos ministros, 'lo que constituye una obviedad'. El portavoz del PSOE destac¨®, adem¨¢s, que las informaciones que ahora se han difundido eran de dominio p¨²blico desde hace a?os, por lo que el Gobierno las conoc¨ªa cuando nombr¨® a Calder¨®n y cuando opt¨® por mantenerle en el cargo.

'La eventual implicaci¨®n del Cesid en la intentona golpista es algo que corresponde aclarar a los historiadores, pero del Gobierno se espera que respalde a los altos cargos que nombra o que los destituya si no conf¨ªa en ellos', agreg¨®. 'El Gobierno no puede lavarse las manos y dejarnos a los ciudadanos ante la incertidumbre de si la persona que ha elegido para uno de los cargos m¨¢s delicados del Estado es absolutamente leal a la democracia'.

El PSOE sospecha que las noticias ahora aireadas no respondan al deseo de aclarar lo sucedido hace 20 a?os, sino de influir en una decisi¨®n que debe tomarse en dos meses: el nombramiento del nuevo director del Cesid. El Gobierno ya ha anunciado que el nuevo responsable del servicio secreto ser¨¢, por primera vez en la historia, un civil. Marsal no hace causa del car¨¢cter civil o militar del nuevo director, pero s¨ª de que se trate de una persona con 'sentido de Estado', que no tenga la tentaci¨®n de poner el principal centro de inteligencia al servicio de los intereses del partido en el Gobierno.

'Espero que no se est¨¦ alentando deliberadamente el descr¨¦dito del Cesid desde sectores gubernamentales con el prop¨®sito de allanar el camino para el nombramiento de una persona de obediencia partidista', agreg¨®.

El director adjunto de El Mundo Casimiro Garc¨ªa-Abadillo public¨® el pasado 12 de febrero un art¨ªculo bajo el t¨ªtulo 'La democracia llega al Cesid' en el que argumentaba que Aznar no pudo democratizar el servicio secreto en la anterior legislatura porque tuvo otras prioridades, no contaba con mayor¨ªa parlamentaria suficiente y el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, no era el hombre adecuado para ello. En el mismo art¨ªculo se revelaba un dato secreto que s¨®lo conoce un c¨ªrculo restringido de personas en el seno del Gobierno: el presupuesto total del Cesid, que asciende este a?o a 17.640 millones de pesetas. El Mundo acus¨® el 22 de febrero a Calder¨®n de estar implicado en el golpe de Estado del 23-F. Esa misma noche, en RNE, Garc¨ªa-Abadillo anunciaba que un grupo de abogados iba a presentar una denuncia, respaldada en la informaci¨®n de su diario, para evitar que prescribiera, por transcurrir 20 a?os sin realizarse acusaci¨®n, el delito supuestamente cometido por el actual director del Cesid. La denuncia, sin embargo, se dirige contra Calder¨®n y Cortina (que ya fue juzgado y absuleto por estos hechos), pero no contra el general Carlos Alvarado, que reconoci¨® en la televisi¨®n p¨²blica catalana TV3 su participaci¨®n en el golpe, ni tampoco a los generales Carlos Iniesta Cano y Francisco Due?as Gavil¨¢n, cuya implicaci¨®n fue denunciada tanto por el general Alvarado como por el ex comandante Ricardo Pardo Zancada, condenado por el golpe.