Bruselas debate si da cobertura legal al mecanismo de la 'acci¨®n de oro'

La Comisi¨®n Europea debatir¨¢ en las pr¨®ximas semanas si la UE debe imponer unas normas comunitarias que, a efectos pr¨¢cticos, tendr¨ªan consecuencias similares a la denominada acci¨®n de oro, la f¨®rmula utilizada por algunos Gobiernos para impedir que empresas extranjeras pasen a controlar sociedades privatizadas.

El Ejecutivo comunitario ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE a seis pa¨ªses europeos, entre ellos Espa?a, por usar la acci¨®n de oro, pero en el seno de la propia Comisi¨®n hay fuertes divergencias, que ser¨¢n analizadas en breve.

El debate pendiente fue propuesto por la vicepresidenta de la Comisi¨®n, Loyola de Palacio, en julio pasado y ha sido postergado en tres ocasiones, la ¨²ltima el pasado enero. Ahora, De Palacio ha instado al comisario de Comercio Interior, el holand¨¦s Frits Bolkestein, a que abra cuanto antes la discusi¨®n. Es precisamente Bolkestein, junto con el comisario de la Competencia, el italiano Mario Monti, el que mantiene tesis radicalmente opuestas a las manifestadas hasta ahora por la vicepresidenta espa?ola.

Estos dos comisarios sostienen que en ning¨²n caso se pueden poner trabas al principio de libertad de mercado y de movimiento de capitales, con independencia de que las empresas afectadas sean p¨²blicas o privadas. Loyola de Palacio no rechaza ese principio, pero argumenta que empresas privatizadas de sectores estrat¨¦gicos como los de energ¨ªa o comunicaciones est¨¢n en inferioridad de condiciones con respecto a las sociedades de capital p¨²blico que est¨¢n retrasando la privatizaci¨®n y la liberalizaci¨®n del mercado correspondiente.

Veto a plazo

Por eso, Loyola de Palacio, como algunos t¨¦cnicos de la Direcci¨®n General de Energ¨ªa y de otras comisar¨ªas, son partidarios de elaborar una norma seg¨²n la cual los Gobiernos que hayan privatizado empresas de ese tipo dispongan de un plazo (dos o tres a?os) en el que tengan capacidad de autorizar o vetar operaciones desde el exterior para controlar esas sociedades. La propuesta ser¨¢ analizada en cuanto Bolkestein presente su propio informe para abrir el mencionado debate.

Entretanto, el Tribunal de Luxemburgo sigue analizando las denuncias presentadas por la Comisi¨®n contra Espa?a, Holanda, Reino Unido, Italia, Portugal, B¨¦lgica y Francia. El Ejecutivo comunitario decidi¨® en su momento por mayor¨ªa acudir al Tribunal. Pese a todo, el Gobierno espa?ol sigue utilizando el mecanismo de la acci¨®n de oro, convertido en norma legal en la Ley de Acompa?amiento de 2000, y ya ha anunciado que prev¨¦ implantarlo tambi¨¦n para la compa?¨ªa Iberia pese a las advertencias de Bolkestein al respecto.

El caso m¨¢s concreto en el que el Gobierno espa?ol hizo valer la existencia de la acci¨®n de oro se produjo hace un a?o, cuando hizo abortar la fusi¨®n entre la holandesa KPN, con cerca de un 40% de capital p¨²blico, y Telef¨®nica.