Un joven retrasado en el corredor

Antonio Richardson, un retrasado mental cuya ejecuci¨®n est¨¢ prevista para el mi¨¦rcoles en Misuri, vive sus ¨²ltimos d¨ªas esperando que el gobernador de ese Estado acceda a las numerosas peticiones de clemencia -incluidas la de la Uni¨®n Europea y la de la propia madre de las v¨ªctimas-, para conmutarle la pena de muerte por la de cadena perpetua. Richardson ten¨ªa el coeficiente mental de un ni?o de siete a?os y varias lesiones cerebrales cuando fue juzgado a los 16 a?os por su participaci¨®n en la violaci¨®n y asesinato de dos chicas, pero el juez no las consider¨® como circunstancias atenuantes al condenarlo en 1993.

Richardson se fue voluntariamente a la polic¨ªa a contarle lo que hab¨ªa hecho a medias con otros dos amigos (no retrasados), que ahora tambi¨¦n est¨¢n en el corredor de la muerte. Fue la tarde del 5 de abril de 1991, poco despu¨¦s de que los tres violaran a July y Robin Kerry bajo el puente de Old Chain, en San Luis, y luego las tiraran al r¨ªo. Richardson, dice su actual abogado, Gino Battisti, no sab¨ªa que se estaba incriminando ni entend¨ªa el concepto de culpabilidad. Y ¨¦se fue el primer eslab¨®n de una cadena de irregularidades que desde hace meses ha llevado a la Asociaci¨®n Nacional de Abogados de EE UU a denunciar su caso por falta de garant¨ªas procesales y por ir en contra de las convenciones internacionales de derechos humanos. De no prosperar las intercesiones, ser¨¢ el condenado ejecutado m¨¢s joven desde que se reinstaur¨® la pena de muerte en EE UU, en 1976.

'La ejecuci¨®n de adolescentes es un acto b¨¢rbaro y at¨¢vico que convierte a EE UU en una naci¨®n paria ante los ojos del mundo y expone la hipocres¨ªa con respecto a nuestra pol¨ªtica interior e internacional. ?C¨®mo puede imponer sanciones econ¨®micas a los pa¨ªses violadores de derechos humanos cuando est¨¢ violando las leyes internacionales y los derechos civiles de los ni?os norteamericanos?', dec¨ªa ayer a EL PA?S Stephen Harper, abogado que defiende a Richardson en nombre del Asociaci¨®n Nacional de Abogados de EE UU.

'No distingue entre lo que es un lago y un oc¨¦ano, ni tampoco sabe en qu¨¦ Estado o pa¨ªs vive. Tiene adem¨¢s varias lesiones cerebrales graves', se?alaban los informes psiqui¨¢tricos y neurol¨®gicos, que el abogado de oficio que entonces le defendi¨® nunca present¨® en el juicio. Aun sin esas pruebas, el jurado no se puso de acuerdo para emitir un veredicto y fue el juez Jack Koeher quien lo conden¨® sin tener en cuenta los informes m¨¦dicos, seg¨²n la apelaci¨®n. Ir¨®nicamente, el Estado de Misuri es uno de los 13 que no permiten ejecuciones de retrasados mentales, pero ¨¦l no figura bajo esa categor¨ªa, sino s¨®lo como 'ofensor adolescente'. Tampoco se admiti¨® como prueba en el juicio su infancia de abuso y abandono. Su madre era drogadicta y alcoh¨®lica y frecuentemente lo dejaba en la casa, de una sola habitaci¨®n, cuidando de su hermano menor. Pasaban a veces semanas en medio de la suciedad y sin comida hasta que las autoridades de San Luis los rescataron. Empez¨® entonces a deambular por centros de acogida y en una de esas etapas cay¨® en un grupo de chicos mayores que ¨¦l, con los que luego cometi¨® los cr¨ªmenes que ahora est¨¢n a punto de acabar con su propia vida, a los 26 a?os.

Antonio Richardson es uno de los 73 condenados a muerte en Estados Unidos por cr¨ªmenes que cometieron cuando eran menores, m¨¢s de dos terceras partes de los cuales son negros, como ¨¦l, o hispanos. De los 38 Estados con pena de muerte en vigor, s¨®lo 23 permiten la ejecuci¨®n de condenados que eran menores de 18 cuando cometieron los cr¨ªmenes.