Querella contra un juez y varios peritos por corrupci¨®n y prevaricaci¨®n en la quiebra de Garvey

La fiscal¨ªa de Madrid ha presentado una querella por supuesta prevaricaci¨®n contra el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Primera Instancia 40; y por supuesto cohecho, contra tres interventores judiciales, en relaci¨®n con la quiebra de las bodegas Garvey, propiedad del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos. Seg¨²n la querella, el juez dilat¨® la tramitaci¨®n de la quiebra, mientras que los citados interventores, nombrados a dedo por el juez para gestionar las bodegas durante el proceso, exigieron a Ruiz-Mateos 'cien millones de pesetas' a cambio de archivar la quiebra.

La propuesta de archivo a Ruiz-Mateos la efectuaron el comisario judicial de la quiebra, Alejandro Moreno, y el interventor, Jes¨²s Verdes, a trav¨¦s de un intermediario, Pedro Bravo, seg¨²n la querella. Bravo indic¨® a Ruiz-Mateos que si pagaba 100 millones, se archivar¨ªa la quiebra, y que si no lo hac¨ªa la intervenci¨®n judicial de sus bodegas se prolongar¨ªa 'indefinidamente' hasta 'llegar a su liquidaci¨®n definitiva'.

La fiscal¨ªa dispone de grabaciones telef¨®nicas y v¨ªdeos en los que se ve y oye a algunos implicados extorsionando a Ruiz-Mateos. Aparte del juez, de Moreno y de Verdes, tambi¨¦n figura como querellado el letrado de la quiebra en representaci¨®n de las empresas, ?lvaro Lobato. Los tres ¨²ltimos fueron designados a dedo por Sexmero para que le informasen de la viabilidad de las bodegas para tomar una decisi¨®n respecto a su futuro.

En la querella, la fiscal¨ªa acusa al juez de prevaricaci¨®n (adoptar una resoluci¨®n a sabiendas de que es injusta). Deja entrever que dilat¨® la quiebra a cambio de un puesto como juez de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol, empleo que, supuestamente, contribuir¨ªa a proporcionarle Lobato. Dilatar la querella implicaba que los interventores cobrasen casi tres millones de pesetas mensuales por gestionar la quiebra, dinero que sal¨ªa de las arcas de las bodegas.

'Reparto de 90 millones'

Los hechos que han originado esta querella surgen el 29 de febrero de 2000, cuando Management Inmobiliaria, SL, inst¨® la quiebra de la entidad Finamerco SL. Sexmero nombr¨® entonces como comisario a Moreno y como depositario e interventor a Verdes. El 24 de julio, a petici¨®n de los antes citados, orden¨® la intervenci¨®n judicial de las acciones de las empresas Garvey Solera, Garvey Wine y de Distribuciones Garvey, empresas que 'a?os atr¨¢s hab¨ªan pertenecido a Finamerco'. Seg¨²n la querella, el 3 de octubre pasado, el juez destituy¨® a Pablo Chill¨®n como letrado de la quiebra designado por los accionistas de las bodegas y, en su lugar, nombr¨® a Lobato. Fue entonces cuando el comisario y el administrador, a trav¨¦s de un intermediario, hicieron llegar a Ruiz-Mateos la propuesta de hacer un informe favorable a la viabilidad de las bodegas a cambio de 100 millones de pesetas. Ruiz-Mateos film¨® y grab¨® la oferta y la comunic¨® a la fiscal¨ªa, que abri¨® diligencias y puso los hechos en conocimiento de un juzgado de Majadahonda. ?ste decret¨® el secreto del sumario y orden¨® pinchar tel¨¦fonos. Las escuchas han puesto de manifiesto graves irregularidades. Por ejemplo, el compromiso de Lobato de 'realizar las gestiones necesarias para la designaci¨®n como juez instructor de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol' a Sexmero, 'aprovechando las influencias que ten¨ªa en tal entidad, de la cual forma parte', explica la fiscal¨ªa. Lobato lleg¨® a pedir al administrador judicial que, como provisi¨®n de fondos, le facilitase 90 millones de pesetas, dinero que luego se 'repartir¨ªan los tres'. Sexmero ten¨ªa previsto ayer prestar declaraci¨®n en calidad de imputado ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Madrid. Dado que ha sido admitida a tr¨¢mite la querella, la ley establece que Sexmero debe ser suspendido en sus funciones. Los otros tres querellados se hayan en libertad provisional tras haber eludido una orden de prisi¨®n dictada contra ellos. Han pagado una fianza total de 31 millones. Es la primera vez que se destapa un supuesto caso de corrupci¨®n en este tipo de procedimientos, que, s¨®lo en Madrid, mueven miles de millones de pesetas. Y lo que es m¨¢s importante, en estos procesos est¨¢n en juego miles de puestos de trabajo.