El 80% de las 1.300 causas de menores penados ser¨¢ archivado por la nueva ley

Los jueces sostienen que la misi¨®n de revisar esos expedientes y aplicar a los menores los efectos beneficiarios de la nueva normativa compete a los fiscales. ?stos, en cambio, interpretan que, dado que se trata de j¨®venes ya penados que est¨¢n pendientes de purgar sus condenas, son los jueces quienes deben concluir la ejecuci¨®n de las penas, acomod¨¢ndolas a la nueva legislaci¨®n.

La Ley del Menor -que sube la edad m¨ªnima para ingresar en prisi¨®n de los 16 a los 18 a?os- establece un plazo de dos meses para revisar las causas en que est¨¦n implicados menores ya penados. Pese a que el plazo expira el pr¨®ximo 13 de marzo, a¨²n hay en torno a 1.300 expedientes de menores sin revisar. Est¨¢n a la espera de que la Audiencia dictamine qui¨¦n debe acometer esa labor: si lo fiscales, que dicen estar agobiados de trabajo, o los jueces de ejecutorias.

Los citados expedientes se hallan ahora en los juzgados de ejecutorias de la plaza de Castilla, ya que los fiscales pidieron a los magistrados que los guardasen ellos mientras resolv¨ªa la Audiencia, porque en la fiscal¨ªa carecen de sitio para cobijarlos. De hecho, algunos calabozos de la nueva sede de la fiscal¨ªa, en Chamart¨ªn, est¨¢n siendo utilizados ahora para guardar expedientes. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, ha llegado a calificar de 'zulos' estos calabozos.

El citado recurso, los problemas inform¨¢ticos y la falta de medios t¨¦cnicos y humanos para afrontar la avalancha de casos llegados con la nueva ley, seg¨²n las quejas reiteradas del fiscal jefe, son los motivos del caos reinante en la secci¨®n de Menores. Se ha ampliado la plantilla de funcionarios y fiscales, pero los refuerzos 'no tienen ninguna experiencia', lamentan desde fuentes jur¨ªdicas.

Causas archivadas

En la fiscal¨ªa se sigue trabajando a marchas forzadas para que antes del pr¨®ximo martes est¨¦n revisadas y adaptadas a la nueva ley las causas con j¨®venes que est¨¢n a¨²n presos, pero que deben beneficiarse de la nueva norma porque cometieron el delito cuando ten¨ªan entre 16 y 17 a?os. Entre ellos, por ejemplo, est¨¢ el caso de una muchacha condenada a 15 a?os de c¨¢rcel por haber intervenido en una agresi¨®n sexual junto a unos amigos. Como ¨¦ste hay otros muchos casos.

Cuando entr¨® en vigor la ley, hace ya 53 d¨ªas, hab¨ªa en Madrid 29 j¨®venes encarcelados de forma preventiva. Para regularizar la situaci¨®n de ¨¦stos, la ley fij¨® un plazo de 48 horas, que s¨ª fue cumplido. Parte de ellos quedaron en libertad y otra parte fue conducida a reformatorios como el de El Pinar, reci¨¦n habilitado al efecto. El problema, pues, radica en la revisi¨®n de las causas de menores penados. Para regularizar la situaci¨®n de ¨¦stos (m¨¢s de 1.300 expedientes), el plazo legal, que es de dos meses, no se va a poder cumplir. Fern¨¢ndez Bermejo es el primero en admitir que, por distintos motivos, va a resultar imposible cumplir el plazo que impone la legislaci¨®n.

La mayor¨ªa de estos j¨®venes penados, que delinquieron cuando ten¨ªan entre 16 y 17 a?os, se hallan libres ahora, pero cumpliendo penas (ya sean pagos de multas o indemnizaciones a sus v¨ªctimas).

El incumplimiento de este plazo tiene hoy consecuencias negativas para al menos el 80% de los j¨®venes implicados en esos expedientes, ya que est¨¢ previsto que en torno a ese porcentaje quede archivado cuando por fin se adecuen estos expedientes a la nueva ley. Si a un joven penado le queda por pagar parte de una multa y su caso entra dentro del 80% de los que se van a archivar, no tendr¨¢ que abonar el dinero que le reste. Algunos jueces ya se han adelantado a esta previsi¨®n y est¨¢n exoner¨¢ndoles de seguir pagando las multas. Y lo est¨¢n haciendo porque la expiraci¨®n del plazo de revisi¨®n de sus casos se aproxima y sus expedientes siguen sin adaptarse a la nueva norma por razones ajenas a ellos.