El operador al-pi nunca se comprometi¨® a conectar por cable este a?o todas las capitales de comarca

Ignacio Vidaurr¨¢zaga, ex consejero director general que tuvo el operador Catalana de Telecomunicacions (al-pi), compareci¨® ante el Parlament el pasado mes de octubre para informarle sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Uni2 al comprar un 65% de al-pi a la Generalitat por 8.000 millones de pesetas. La empresa desembols¨®, adem¨¢s, 5.000 millones, al ampliar su participaci¨®n al 75%.

Vidaurr¨¢zaga admiti¨® en aquella ocasi¨®n que los centros sanitarios y de ense?anza secundaria p¨²blicos de Catalu?a no podr¨ªan estar conectados antes del a?o 2003, lo que implicaba no poder conectar todas las capitales de comarca. La fecha de 2001 era inalcanzable. A las pocas semanas de la comparecencia, Vidaurr¨¢zaga sali¨® de la empresa por 'motivos personales'. Los diputados reaccionaron con preocupaci¨®n ante el retraso en el despliegue de la fibra ¨®ptica, convencidos de que exist¨ªa una fecha-guillotina.

Despu¨¦s de la privatizaci¨®n de al-pi, el Parlament asumi¨® el plan estrat¨¦gico Catalunya en Xarxa, que s¨ª recoge el objetivo de que el cable llegue a las capitales de comarca en 2001. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha reiterado m¨¢s de una vez este compromiso pol¨ªtico.

Afirmaci¨®n pol¨¦mica

Todo el mundo daba por hecho que al-pi ten¨ªa un compromiso, inexistente a menos que fuera verbal. El propio secretario para la Sociedad de la Informaci¨®n, Carles Mart¨ªn, declar¨® en una reciente entrevista a EL PA?S que la Generalitat trabaja en posibles medidas para 'tirar de las orejas' a al-pi porque 'los compromisos hay que cumplirlos'. Su afirmaci¨®n no ha sentado bien en algunos sectores del Gobierno catal¨¢n. Fuentes de la Secretar¨ªa para la Sociedad de la Informaci¨®n se?alaron ayer que las declaraciones de Mart¨ªn 'se basaban en lo que dijo en el Parlament Ignacio Vidaurr¨¢zaga'.

Pero la conexi¨®n de las capitales de comarca en el a?o 2001 nunca fue un compromiso asumido por Uni2, propietaria del 75% de al-pi. S¨ª es cierto que la Generalitat, que a¨²n posee el 25% restante, firm¨® un convenio con el consorcio de ayuntamientos Localret, al que fuentes de la Generalitat atribuyen la confusi¨®n. Dicho convenio fija que, en marzo de 2001, 'todas las capitales de comarca deber¨ªan estar conectadas mediante enlaces fijos de fibra ¨®ptica a las redes de banda ancha y de servicios avanzados de telecomunicaciones en Catalu?a', seg¨²n consta en un informe de Localret.

Por el contrario, el Contrato de Prestaci¨®n de Servicio de Red Corporativa de Telecomunicaciones, firmado el 30 de noviembre de 1998 entre el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y la empresa Catalana de Telecomunicacions, no menciona el a?o 2001. El 'compromiso' que s¨ª consta es el de 'llegar con banda ancha a los edificios corporativos, de ense?anza y ambulatorios antes del 31 de diciembre del a?o 2002'.

El pasado martes entr¨® en acci¨®n el conseller en cap, Artur Mas, que se reuni¨® con la presidenta de al-pi, Mar¨ªa Victoria Hern¨¢ndez -en presencia del nuevo consejero director general, Carles Bages- 'para presentarse mutuamente', seg¨²n la empresa. Ayer, ¨¦sta difundi¨® un comunicado aclaratorio en el que subraya que 'ha cumplido con todos los compromisos derivados del concurso y del acuerdo posterior con la Generalitat': en empleo, servicios e inversiones. La inversi¨®n hasta el pasado 31 de diciembre alcanza los 13.425 millones de pesetas, lo que significa un cumplimiento del 97%.