USTEC impugna el decreto de matriculaci¨®n que critic¨® el S¨ªndic

El sindicato USTEC-STE anunci¨® ayer que recurrir¨¢ contra los conciertos que el Departamento de Ense?anza ha otorgado a siete escuelas de ¨¦lite: La Farga y Viar¨®, de Sant Cugat; La Vall, de Bellaterra; Pere Verg¨¦s, de Badalona, y SIL, Sunion y Saint Paul's School, de Barcelona. Carles Mart¨ªnez, representante del sindicato, explic¨® que presentar¨¢n el recurso porque es 'socialmente inaceptable que se subvencione con fondos p¨²blicos a escuelas que cobran hasta 100.000 pesetas por alumno, y que, por tanto, no cumplen las condiciones de gratuidad a las que obliga la Ley Org¨¢nica de Derecho a la Educaci¨®n (LODE)'.

La decisi¨®n de la consejera Carme Laura Gil de otorgar estos conciertos, que fue publicada el pasado 9 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), 'vulnera la legalidad y la dignidad colectiva', en palabras del abogado del sindicato, Juan Jos¨¦ Falc¨®. 'La opci¨®n pol¨ªtica del departamento parece otorgar conciertos a casi todas las escuelas privadas que se lo pidan, mientras que a veces se niega medio maestro a los centros p¨²blicos que lo solicitan', a?adi¨®. USTEC agrega que si estas escuelas privadas tienen 'voluntad de escuela p¨²blica', deben adaptarse a los derechos y deberes de ¨¦stas, y no s¨®lo solicitar subvenciones. 'Si finalmente obtienen el concierto del departamento', dijo Mart¨ªnez, 'no pueden cobrar ninguna cuota a los padres en concepto de escolaridad'.

Los portavoces de USTEC sostienen que casi todas las escuelas privadas piden subvenciones a la Administraci¨®n de forma sistem¨¢tica y presentan recursos cada vez que se les niegan, 'hasta conseguir peque?as partidas'. A veces se dan 'anomal¨ªas de dudosa legalidad', como 'la concesi¨®n de conciertos en periodos de vacaciones', lo cual dificulta su seguimiento. Carles Mart¨ªnez critic¨® que, una vez obtenido el concierto, 'las inspecciones de Ense?anza, por pasividad, no vigilan el cumplimiento de la gratuidad en estos centros'.

USTEC-STE present¨® ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC un recurso contra los art¨ªculos 4.2 y 13 del nuevo decreto de matriculaci¨®n, referentes a la escolarizaci¨®n de ni?os con necesidades educativas especiales -un eufemismo que define a los hijos de inmigrantes o alumnos procedentes de colectivos marginados-, y solicit¨® su suspensi¨®n cautelar. Actualmente, el 90% del alumnado inmigrante en Catalu?a se concentra en las escuelas p¨²blicas y, seg¨²n Mart¨ªnez, el nuevo decreto, aprobado el pasado 20 de febrero, no soluciona este problema, 'sino que lo agrava'. El decreto, asegura Mart¨ªnez, 'no refleja en absoluto la nueva realidad social y educativa', y su aplicaci¨®n podr¨ªa provocar 'una ruptura de la cohesi¨®n social, pues propicia la formaci¨®n de guetos'.

Infringe la ley

El sindicato considera que el decreto aprobado por Ense?anza 'infringe la LODE, que dice que las comunidades aut¨®nomas con las competencias traspasadas deben efectuar una distribuci¨®n homog¨¦nea de los alumnos entre los diversos centros sostenidos con fondos p¨²blicos', y tambi¨¦n la LOGSE, que 'establece de forma expresa que no se podr¨¢n alterar en ning¨²n supuesto las proporciones m¨¢ximas por aula'. Tampoco se crea una reserva real de plazas para inmigrantes por centro ni se establece un periodo de matriculaci¨®n anual que posibilite los tr¨¢mites de las familias inmigrantes que llegan cuando el curso ya ha empezado, o bien una oficina ¨²nica que facilite la tramitaci¨®n de matr¨ªcula a estos colectivos.