Deslegitimaci¨®n del Estado auton¨®mico

El anuncio de la imposici¨®n de un impuesto propio por la Comunidad Aut¨®noma extreme?a, referido a las entidades de cr¨¦dito, ha generado comentarios muy diversos. Me voy a detener en uno de ellos que es el que m¨¢s peligroso me ha parecido por lo que de deslegitimaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas conlleva. Si ese impuesto se hubiera anunciado hace 10 a?os, nadie hubiera puesto en duda la capacidad de la autonom¨ªa para ponerlo en marcha; sin embargo, en este momento, en muchos comentarios de prensa se parte no de la constitucionalidad o no del impuesto, sino de la competencia auton¨®mica para poner un impuesto cualquiera.

Esa duda sobre la capacidad impositiva de las comunidades aut¨®nomas (CC AA) es un pelda?o m¨¢s en el proceso de involuci¨®n auton¨®mica que se vive en la Espa?a de hoy. Ya sin disimulos, se est¨¢ haciendo creer a la opini¨®n p¨²blica que las CC AA comienzan a convertirse en un obst¨¢culo para la buena marcha de la gobernaci¨®n de Espa?a. El goteo de informaciones y comentarios va generando un clima hostil, ya sea a prop¨®sito de las vacas locas y las competencias en sanidad animal de las CC AA, o en el control de las ayudas europeas, o en el Plan Hidrol¨®gico Nacional, o en los objetivos del d¨¦ficit p¨²blico, o en la ordenaci¨®n de las cajas de ahorro.

Tres causas pienso que est¨¢n contribuyendo a este ataque al Estado de las autonom¨ªas. De una parte, el PP ya no necesita imperativamente el apoyo nacionalista para gobernar, por lo que est¨¢ resucitando su verdadera idea de Espa?a, que nada tiene que ver ya con lo del 'catal¨¢n en la intimidad'. De otra parte, los dos grandes partidos nacionales est¨¢n obsesionados por ofrecer una idea, un tanto artificial, de homogeneidad monol¨ªtica, considerando que la expresi¨®n territorial de la diversidad de criterios es perjudicial para su imagen como partido. El PP mantiene a raya, de un modo autoritario, la simple posibilidad de la disensi¨®n, por m¨¢s l¨®gica que pudiera ser, con el objetivo electoral de resaltar que el PSOE no mantiene esa cohesi¨®n. Y el PSOE parece que, a veces, tiene tendencia a caer en esa trampa y, presionado por ese aparente desgaste, pretende inclinarse hacia una concepci¨®n que olvida que los Gobiernos regionales tienen una fuerte legitimidad distinta de la partidaria. Ambos parecen no recordar que Espa?a ha crecido en lo pol¨ªtico y en lo econ¨®mico, en buena medida, por haber sabido combinar los proyectos nacionales con la diversidad de proyectos territoriales. Hemos sabido dirigir nuestro Estado haci¨¦ndolo grande en lo internacional, sin perder un ¨¢pice de diversidad en el interior.

En esta legislatura, el PP parece que no sabe o no quiere combinar esos factores y necesita que el Estado auton¨®mico se convierta en un coro de ni?os cantores para que le salga una Espa?a manejable. Aznar gobierna Espa?a como si el Estado fuera centralista, ignorando completamente a las autonom¨ªas y utiliz¨¢ndolas como cubo de la basura donde echar todo aquello que pueda perjudicar su imagen, ya sea el terrorismo o el esc¨¢ndalo del lino. El coro de cantores que se han sumado a esta operaci¨®n se encarga de a?adir, d¨ªa a d¨ªa, una dosis de centralismo que prepare el fracaso de una experiencia que, hasta ahora, ha tra¨ªdo m¨¢s beneficios que perjuicios a la Espa?a constitucional.

Esa Espa?a descentralizada que a lo largo de estos a?os de democracia ha realizado una doble operaci¨®n pol¨ªtica de cesi¨®n de competencias hacia arriba y hacia abajo, desde el Gobierno central, ha obtenido como resultado su incorporaci¨®n a la pol¨ªtica europea con todas las consecuencias, y la descentralizaci¨®n pol¨ªtica y administrativa hacia las autonom¨ªas. Este Gobierno acepta como normal el primer proceso, pero se resiste a considerar normal y ajustado a nuestra realidad hist¨®rica el segundo. Se puede ver c¨®mo nuestro pa¨ªs acepta, como no pod¨ªa ser de otra forma, que determinadas pol¨ªticas vengan definidas por la Uni¨®n Europea en virtud de las competencias asumidas, pero no acepta ni est¨¢ dispuesto a considerar que otras pol¨ªticas puedan ser dise?adas y definidas para toda Espa?a por las CC AA en funci¨®n de las competencias asumidas. En ¨²ltima instancia, se permite, dependiendo del humor del ministro de turno, que, en unas devaluadas conferencias sectoriales, las CC AA opinen sobre asuntos en los que tienen competencias exclusivas; la l¨®gica del Estado que hemos dibujado deber¨ªa aconsejar lo contrario, es decir, que una vez al a?o se le permitiera opinar al ministro de turno sobre asuntos en los que no tiene m¨¢s competencia que la representaci¨®n en el Consejo de Ministros europeo.

La reforma del Senado, tantas veces aireada por todos los partidos, y tantas veces ignorada, es una exigencia natural de un Estado que para que pueda funcionar descentralizadamente necesita una C¨¢mara donde los representantes de los Gobiernos aut¨®nomos puedan contribuir al dise?o de determinadas pol¨ªticas que, para que triunfen, necesitan el respaldo y la complicidad de todas las autonom¨ªas; la ausencia del debate de pol¨ªtica auton¨®mica en el Senado, tal y como establece su reglamento, es la prueba de que, para este Gobierno, las autonom¨ªas son un mal que hay que sobrellevar, pero procurando su debilitamiento y su deslegitimaci¨®n.

Un nuevo Senado deber¨ªa ser el foro indicado para que las autonom¨ªas y el Gobierno central pudieran articular un modelo de financiaci¨®n auton¨®mico que acabara con la incertidumbre, improvisaci¨®n y transitoriedad de todos los que hasta ahora ha habido. El nuevo Senado ser¨ªa el sitio para empezar por decidir un cambio sustantivo en el sistema fiscal espa?ol para adaptarlo a la realidad de un Estado compuesto y descentralizado como el nuestro. Si en estos momentos se eliminaran las autonom¨ªas, el nuevo Estado centralista resultante no tendr¨ªa que modificar ni el Senado ni el sistema fiscal, lo que constituye la mejor prueba de que ni el Senado ni la fiscalidad espa?ola est¨¢n adaptados y pensados para un Estado auton¨®mico; esa circunstancia convierte en imposible un acuerdo v¨¢lido, estable y profundo sobre la financiaci¨®n auton¨®mica; de nuevo llegaremos a repartir una cantidad que el Gobierno ponga encima de la mesa, aplicando criterios que posibiliten un reparto pol¨ªtico y una pelea entre comunidades con la consiguiente guerra de cifras y la nueva deslegitimaci¨®n de unos insaciables Gobiernos aut¨®nomos que s¨®lo aspiran a gastar en beneficio electoral de sus presidentes.

Comienza a olvidarse que las CC AA son Estado y, a veces, han demostrado tener m¨¢s sentido de Estado que el propio Gobierno central, y por eso, Espa?a, con toda su complejidad, ha funcionado; quien no comprenda esto estar¨¢ haciendo un flaco favor a Espa?a.

Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.