Chaves demandar¨¢ a las tabacaleras si no pagan el gasto sanitario que causan en Andaluc¨ªa

Chaves hizo el anuncio en la inauguraci¨®n del I Congreso Nacional sobre Prevenci¨®n y Tratamiento del Tabaquismo (CNPT) en el que participan 24 sociedades cient¨ªficas, m¨¢s de 100 ponentes y 700 expertos espa?oles y europeos. La propuesta reafirma y ampl¨ªa la que lanz¨® en el debate de investidura, el 24 de abril de 2000, cuando avanz¨® que demandar¨ªa a las tabacaleras si no negociaban con la Junta compartir los gastos sanitarios. Los 60.000 millones que entonces les reclamaba a la industria se les antojaron a ¨¦sta 'una barbaridad'.

Pero ayer, el presidente andaluz dijo que s¨®lo en el a?o 1999 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hab¨ªa gastado 22.500 millones en combatir aquellas enfermedades que se sabe con certeza que tienen su origen en el tabaco. El 8,5% de toda la actividad hospitalaria, afirm¨® Ch¨¢ves est¨¢ relacionada con las consecuencias de la adicci¨®n al tabaco. 'Hemos avanzado en el estudio, en los an¨¢lisis, en los sondeos, en los trabajos cient¨ªficos y en la fundamentaci¨®n jur¨ªdica' se?al¨® el presidente de la Junta, 'como para exigirle a la industria un acuerdo inmediato'. Luego precis¨®: 'Pero ante todo, buscamos una s¨®lida base de consenso'.

En esta l¨ªnea, el presidente Chaves insisti¨® en que los poderes p¨²blicos no pueden permanecer m¨¢s tiempo impasibles ante los efectos que provoca el h¨¢bito de fumar en la salud de los ciudadanos. Desde la Junta se piensa que, a la vista de los efectos perniciosos que tiene el tabaco en la salud individual y colectiva, los gobernantes deben anticiparse a las consecuencias e intentar soluciones por medio de la conciliaci¨®n si es posible, y si no, por los cauces legales que proceda.

Por su parte, la Asociaci¨®n Empresarial del Tabaco (AET) puntualiz¨® 'que hasta ahora no hab¨ªa recibido invitaci¨®n alguna al di¨¢logo' y se mostr¨® sorprendida por el hecho de que la Administraci¨®n pretenda, v¨ªa jur¨ªdica, 'solventar sus supuestas carencias presupuestarias'.

En Espa?a el Estado ingresa por impuestos directos del tabaco 650.000 millones de pesetas. Lo que se gasta, en cambio, 'ni siquera lo sabe el Ministerio de Sanidad', se?ala V¨ªctor L¨®pez Garc¨ªa-Aranda, presidente de este I Congreso sobre tabaquismo. S¨ª se conoce que el tabaco es la primera causa de muerte nacional. Cada hora mueren 6 espa?oles como consecuencia de los efectos derivados del tabaco; unos 50.000 al a?o.

Por sexos, el 48% de los hombres son fumadores, mientras que las mujeres ya sobrepesan el 27%, aunque este porcentaje crece a un ritmo del 2% anual. En diez a?os se igualar¨¢ el n¨²mero de fumadores de hombres y mujeres, auguran los expertos.

La Junta, pionera en Europa en el planteamiento pol¨ªtico de demandar judicialmente a las tabacaleras para que asuman su responsabilidad en el tabaquismo, est¨¢ dispuesta 'a dar nuevos pasos' a favor de la salud de los ciudadanos. Sin ¨¢nimo de ser negativo, Chaves dice estar dispuesto a distanciarse por igual de las posturas abolicionistas del tabaco como de las que inducen al consumo.

'Que el tabaco es perjudicial no admite discusi¨®n', dijo Chaves. 'Pero necesit¨¢bamos una prueba cient¨ªfica y ya la tenemos', a?ade. Se la ha dado la Universidad John Hopkins que ha elaborado un fundamentado an¨¢lisis contra el tabaco.

En la Junta no dudan ya de que el tabaquismo, 'como simple pr¨¢ctica o como enfermedad', exige un complejo tratamiento, que va desde la prevenci¨®n del consumo y el abandono de la dependencia, hasta el diagn¨®stico precoz y la aplicaci¨®n de medidas sanitarias que, en no pocos casos, han de ser quir¨²rgicas.

Entre las medidas previstas para combatir el tabaco destacan la creaci¨®n de consultas espec¨ªficas para dejar de fumar en todos los centros de la red de atenci¨®n primaria y la puesta en marcha de programas para la deshabituaci¨®n de fumadores en los centros de salud y hospitales. Los efectos 'confirmados' del tabaco, concluy¨® Chaves, 'obligan' a los poderes p¨²blicos a actuar en defensa de lo que la Constituci¨®n define como Estado Social y de Derecho.