Retrasos

La Memoria Anual del TSJ de Andaluc¨ªa, que ha presentado el presidente del tribunal, refleja que la Justicia en nuestra comunidad sigue tan lenta como en a?os anteriores. La rapidez en la soluci¨®n de conflictos est¨¢ ausente de tribunales y juzgados. El derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas queda para otro a?o y para otra Memoria. Nada nuevo. Lo peor es que da la impresi¨®n de que salir de esta situaci¨®n en la que la Justicia funciona mal, o muy mal (bar¨®metro del CGPJ, encuesta realizada los meses de septiembre y octubre del pasado a?o), resulta imposible. Las justificaciones que han acompa?ado a la Memoria as¨ª parecen indicarlo. La falta de medios, las deficiencias de las leyes procesales o las t¨¦cnicas dilatorias de los abogados, se dice que son las causas que favorecen esta situaci¨®n. Los jueces, por el contrario, son ajenos al problema. Ninguna responsabilidad les alcanza. Esto es, si se les concedieran todos los medios que piden, se dictaran leyes procesales al gusto y si los abogados no fueran unos estrategas dilatorios, la Justicia ir¨ªa que se sal¨ªa.

No parece que las explicaciones sean bastantes. Alguna responsabilidad corresponder¨¢ a los jueces. Su actuaci¨®n al frente del ¨®rgano judicial del que son titulares influye decisivamente en los resultados y en su retraso. Si retrasos judiciales y funcionamiento en general dependieran exclusivamente de medios, abogados y leyes, los resultados, salvo excepciones, ser¨ªan semejantes en los juzgados del mismo orden judicial y de la misma ciudad. Es razonable. Se aplican las mismas leyes, cuentan con los mismos abogados estrategas y disfrutan de la misma sede. Sin embargo. no es as¨ª. Basta asomarse a los datos de cada juzgado o sala, sin perderse en la totalidad de los n¨²meros, para comprobar que unos van bien y otros no tanto.

Tal vez una responsabilidad compartida, sin excusas, podr¨ªa ayudar a la soluci¨®n del problema. Mientras tanto, no estar¨ªa de m¨¢s que los ciudadanos conocieran al juez que est¨¢ encargado de resolver sus asuntos, y se lograra una mayor puntualidad en la realizaci¨®n de los actos judiciales. A lo mejor podr¨ªa mejorar la imagen y la confianza de los ciudadanos en su justicia.